Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que normalmente conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 26 de julio a las 7:40 AM.
Sigue sorprendiendo que el tema económico que más acapara la atención en los medios internacionales es el llamado ‘techo del endeudamiento’ del gobierno de los Estados Unidos.
Como se ha percatado cualquier persona que haya intentado darle seguimiento al debate, el tema es árido, complejo y muy técnico. No obstante, dado que se aproxima la fecha que el gobierno considera límite para aumentar el nivel de endeudamiento (2 de agosto) y en virtud de que todavía no hay acuerdos políticos entre los poderes, estas circunstancias se prestan para escenificar un gran espectáculo político. En eso estamos precisamente.
El contexto de la discusión es la enorme deuda que en los últimos años ha adquirido el gobierno norteamericano. En la última década la deuda pública ha crecido enormemente y, en los tres años que Obama tiene en el cargo, el crecimiento ha sido a tasas considerablemente mayores. Por esta razón, estudios de opinión, muestran que el electorado duda sobre la conveniencia de que su gobierno se endeude todavía más.
…
La semana pasada había reportes de que el Jefe del Ejecutivo (Barack Obama) y el Presidente de la Cámara Baja (John Boehner) estaban logrando acuerdos importantes pero el fin de semana, sorpresivamente, ambos se levantaron de la mesa de negociación. Al día de hoy, las negociaciones continúan en distintas pistas y esto lo hace más interesante porque no está claro que propuesta de política logrará los votos necesarios en el Congreso. El objetivo no es encontrar la mejor solución, lo importante es buscar una políticamente viable.
No obstante, ayer el señor Boehner aseguró que Obama tendrá en su escritorio, antes del 2 de agosto, una propuesta con apoyo de legisladores de ambos partidos. Creo qeu tiene razón y por ello es muy poco probable que para esa fecha no se haya elevado el techo del endeudamiento.
De todas maneras vale la pena preguntar ¿qué sucedería si no se eleva el techo?
De no elevarlo, el gobierno federal tiene algunas opciones (todas malas) pero, en el fondo, tendría que ajustarse a los recursos con los que dispone. Lo más seguro es que pospondría el pago de algunos programas (como pudiera ser los depósitos a las pensiones de los burócratas) para poder pagar los bonos de deuda que estén por vencerse. No pagar la deuda a inversionistas es la última y peor opción y no hacerlo sería muy grave porque generaría, de inmediato, aumentos en las tasas de interés y esto traería consecuencias muy graves a toda la población.
…
Dos preguntas de fondo.
¿Es realmente el techo de la deuda pública el principal problema económico de los Estados Unidos?
La respuesta es no. La deuda pública es una consecuencia de un problema más amplio. En los últimos diez años, el tamaño del gobierno de los Estados Unidos se ha duplicado y el problema de fondo es que el gobierno de nuestro vecino del norte está gastando mucho más dinero del que recauda. Sus gobernantes, hasta estos momentos, no han encontrado la voluntad política para recaudar los impuestos necesarios para mantener el nivel de gasto.
Algunos analistas señalan que si la economía de los Estados Unidos creciera un punto porcentual por encima del ritmo de crecimiento actual, entonces los ingresos públicos aumentarían y no se tendría que recurrir a la deuda. Tienen razón. El problema es que el gobierno ha crecido tanto que está ocupando el ‘espacio económico’ y restándole vitalidad al sector privado, que es donde realmente se generan empleos. La economía de los Estados Unidos es menos competitiva.
La segunda pregunta de fondo es ¿qué le está sucediendo al sistema político norteamericano que aparentemente se le están dificultando lograr acuerdos? Como a nosotros en México, parece que ellos tampoco pueden procesar reformas estructurales. En su caso, el marco electoral no les facilita lograr compromisos. Los partidos se han alejado ideológicamente en gran medida porque los procesos de distritación electoral han segmentado tanto a la población que los legisladores tienden a apelar únicamente a su base para ganar su reelección.
En resumen, el debate alrededor del techo del endeudamiento seguirá subiendo de volumen. Será un excelente espectáculo porque, al día de hoy, no sabemos qué propuesta recibirá el presidente, aunque es un hecho que algo llegará a su escritorio antes de la fecha límite.
No obstante, si hay lecciones para todos, incluyendo quienes somos espectadores en otros países. La principal es que la creación de programas de gobierno y el aumento del tamaño del Estado debe acompañarse de los impuestos necesarios para sufragar todos los gastos. No hacerlo genera, en el largo plazo, gravísimas consecuencias.
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26 de julio de 2011
25 de julio de 2011
Los compromisos de campaña pueden generar parálisis gubernamental
Regresamos después de unas buenas vacaciones...
Ayer, en su columna en el diario The New York Times, el periodista Thomas Friedman presentó una idea interesante: los políticos que en campaña se comprometen a ciertas acciones o, por el contrario, se comprometen a no tomar ciertas decisiones, en realidad están abdicando a su responsabilidad como gobernantes. ¿Por qué? Porque la principal función del gobernante es tomar decisiones con base en la información, las circunstancias y el contexto que le impone el momento y, por esta razón, no es conveniente 'desechar' opciones a priori.
Si bien su comentario se da en el marco de la discusión por elevar el 'techo del endeudamiento', la idea es sin duda interesante.
Aquí el texto:
Vale la pena señalar que su columna relata un esfuezo (www.americanselect.org) por abrir el sistema político norteamericano que no permite la generación de nuevas opciones políticas. Aquí el link del editorial Make Way for the Radical Center.
Aquí la página de TF.
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Ayer, en su columna en el diario The New York Times, el periodista Thomas Friedman presentó una idea interesante: los políticos que en campaña se comprometen a ciertas acciones o, por el contrario, se comprometen a no tomar ciertas decisiones, en realidad están abdicando a su responsabilidad como gobernantes. ¿Por qué? Porque la principal función del gobernante es tomar decisiones con base en la información, las circunstancias y el contexto que le impone el momento y, por esta razón, no es conveniente 'desechar' opciones a priori.
Si bien su comentario se da en el marco de la discusión por elevar el 'techo del endeudamiento', la idea es sin duda interesante.
Aquí el texto:
DID I mention that I’ve signed a pledge — just like those Republican congressmen who have signed written promises to different political enforcers not to raise taxes or permit same-sex marriage? My pledge is to never vote for anyone stupid enough to sign a pledge — thereby abdicating their governing responsibilities in a period of incredibly rapid change and financial stress.
Vale la pena señalar que su columna relata un esfuezo (www.americanselect.org) por abrir el sistema político norteamericano que no permite la generación de nuevas opciones políticas. Aquí el link del editorial Make Way for the Radical Center.
Aquí la página de TF.
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10 de mayo de 2011
La reforma política y los malos hábitos legislativos
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 10 de mayo a las 7:40 AM.
En los próximos días, la Comisión Permanente decidirá si convoca a un período extraordinario de sesiones para desahogar una serie de iniciativas, entre las que se encuentra la llamada reforma política. A finales de abril, el Senado aprobó cambios al marco político-institucional y ahora corresponde a la Cámara de Diputados valorar y discutir las modificaciones.
En términos generales, la reforma política enviada por el Senado hace tres cosas: 1) abre espacios de participación política a los ciudadanos que no quieran hacerlo por la vía de los partidos políticos; 2) establece nuevos instrumentos que, en principio, facilitarían la gobernabilidad del país y; 3) da mayor participación al Senado en la ratificación de funcionarios de algunos órganos reguladores.
La pregunta que pongo sobre la mesa es la siguiente: ¿contribuirá esta reforma política a mejorar los factores que inciden en la competitividad del país?
Normalmente valoramos las reformas políticas con criterios políticos y no nos preguntamos sobre sus posibles efectos en términos económicos. No obstante, la pregunta no es ociosa porque distintos estudios han señalado existen elementos políticos que afectan negativamente la capacidad de crecimiento de la economía mexicana.
Entre ellos, uno, la dificultad para procesar cambios institucionales; dos, la dificultad que tiene el poder legislativo para vigilar adecuadamente a la administración pública; tres, la poca competencia del sistema político.
Los cambios propuestos, ¿resuelven estos problemas?
En mi opinión, si hay modificaciones institucionales (en la reforma política) que van en el sentido correcto, entre ellas las candidaturas ciudadanas (aunque todavía hay muchos detalles por afinar) y la reelección de los legisladores. En principio, las candidaturas ciudadanas podrían introducir más elementos de competencia al sistema electoral y la reelección legislativa definitivamente permitirá a los legisladores adquirir con el tiempo más conocimientos para cumplir mejor su función fiscalizadora.
No obstante, veo reflejados en la discusión y en la aprobación de las iniciativas dos muy malos hábitos legislativos de la clase política mexicana. Dos hábitos que si tienen efectos en el plano económico y en la competitividad del país.
El primer mal hábito es la tentación de pensar que las grandes reformas son la solución a los problemas. Las grandes reformas, además de ser difíciles de procesar, muchas veces generan efectos negativos no anticipados. Es mejor hacer ajustes parciales, más pequeños. Claro, este camino no menos rentable y menos atractivo en términos políticos. Una reforma legislativa de gran calado es más lucidora.
El otro pésimo hábito legislativo es querer legislar lo más posible desde la Constitución.
Si uno observa la Constitución Mexicana, esta ha crecido gradualmente desde su publicación original en 1917. El texto original constaba de unas cuantas páginas. El texto vigente es, literalmente, un libro entero. Si vemos artículos individuales, encontraremos que muchos de ellos han crecido de manera desproporcionada a su redacción original. Por ejemplo, el artículo 41 constitucional que regula al sistema de partidos, en su redacción original tenía únicamente 68 palabras; hoy, el texto vigente, sin incluir la reforma política propuesta, son 2,876 palabras.
¿Qué implicación tiene esto?
El incremento de palabras es un símbolo, pero nos muestra que el diseño institucional se ha complicado considerablemente. Lo más adecuado es que muchas de los aspectos que se incluyen en la Constitución, se llevaran a leyes secundarias.
Pero, la mayor implicación es que hace mucho más difícil la modificación del status quo. Para reformar la Constitución se requiere de una coalición, una mayoría mucho más amplia: dos terceras partes de los legisladores federales y la mayoría de las legislaturas locales. Por su parte, modificar una ley secundaria es más fácil pues únicamente requiere una mayoría de legisladores.
De hecho, una de las razones por las que en nuestro país es muy difícil procesar las llamadas reformas estructurales, es porque el legislador ha llevado muchos asuntos a la Constitución y, reitero, para hacer cambios, se requieren mayorías más amplias. Además, como es difícil construir la coalición en nuestro sistema, todos venden caro su apoyo.
Para concluir, la reforma política, repito, tiene instrumentos que son buenos para el sistema político mexicano; mi problema es que la propuesta legislativa mantiene estos malos hábitos legislativos: buscar grandes cambios en un solo acto y, más importante, redactar los ajustes al sistema en la Constitución. No sabemos si la reforma política logrará sus objetivos, pero al legislarlo en la Constitución, están dificultando aún más cualquier ajuste o cambio que se requiera hacer en el futuro.
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En los próximos días, la Comisión Permanente decidirá si convoca a un período extraordinario de sesiones para desahogar una serie de iniciativas, entre las que se encuentra la llamada reforma política. A finales de abril, el Senado aprobó cambios al marco político-institucional y ahora corresponde a la Cámara de Diputados valorar y discutir las modificaciones.
En términos generales, la reforma política enviada por el Senado hace tres cosas: 1) abre espacios de participación política a los ciudadanos que no quieran hacerlo por la vía de los partidos políticos; 2) establece nuevos instrumentos que, en principio, facilitarían la gobernabilidad del país y; 3) da mayor participación al Senado en la ratificación de funcionarios de algunos órganos reguladores.
La pregunta que pongo sobre la mesa es la siguiente: ¿contribuirá esta reforma política a mejorar los factores que inciden en la competitividad del país?
Normalmente valoramos las reformas políticas con criterios políticos y no nos preguntamos sobre sus posibles efectos en términos económicos. No obstante, la pregunta no es ociosa porque distintos estudios han señalado existen elementos políticos que afectan negativamente la capacidad de crecimiento de la economía mexicana.
Entre ellos, uno, la dificultad para procesar cambios institucionales; dos, la dificultad que tiene el poder legislativo para vigilar adecuadamente a la administración pública; tres, la poca competencia del sistema político.
Los cambios propuestos, ¿resuelven estos problemas?
En mi opinión, si hay modificaciones institucionales (en la reforma política) que van en el sentido correcto, entre ellas las candidaturas ciudadanas (aunque todavía hay muchos detalles por afinar) y la reelección de los legisladores. En principio, las candidaturas ciudadanas podrían introducir más elementos de competencia al sistema electoral y la reelección legislativa definitivamente permitirá a los legisladores adquirir con el tiempo más conocimientos para cumplir mejor su función fiscalizadora.
No obstante, veo reflejados en la discusión y en la aprobación de las iniciativas dos muy malos hábitos legislativos de la clase política mexicana. Dos hábitos que si tienen efectos en el plano económico y en la competitividad del país.
El primer mal hábito es la tentación de pensar que las grandes reformas son la solución a los problemas. Las grandes reformas, además de ser difíciles de procesar, muchas veces generan efectos negativos no anticipados. Es mejor hacer ajustes parciales, más pequeños. Claro, este camino no menos rentable y menos atractivo en términos políticos. Una reforma legislativa de gran calado es más lucidora.
El otro pésimo hábito legislativo es querer legislar lo más posible desde la Constitución.
Si uno observa la Constitución Mexicana, esta ha crecido gradualmente desde su publicación original en 1917. El texto original constaba de unas cuantas páginas. El texto vigente es, literalmente, un libro entero. Si vemos artículos individuales, encontraremos que muchos de ellos han crecido de manera desproporcionada a su redacción original. Por ejemplo, el artículo 41 constitucional que regula al sistema de partidos, en su redacción original tenía únicamente 68 palabras; hoy, el texto vigente, sin incluir la reforma política propuesta, son 2,876 palabras.
¿Qué implicación tiene esto?
El incremento de palabras es un símbolo, pero nos muestra que el diseño institucional se ha complicado considerablemente. Lo más adecuado es que muchas de los aspectos que se incluyen en la Constitución, se llevaran a leyes secundarias.
Pero, la mayor implicación es que hace mucho más difícil la modificación del status quo. Para reformar la Constitución se requiere de una coalición, una mayoría mucho más amplia: dos terceras partes de los legisladores federales y la mayoría de las legislaturas locales. Por su parte, modificar una ley secundaria es más fácil pues únicamente requiere una mayoría de legisladores.
De hecho, una de las razones por las que en nuestro país es muy difícil procesar las llamadas reformas estructurales, es porque el legislador ha llevado muchos asuntos a la Constitución y, reitero, para hacer cambios, se requieren mayorías más amplias. Además, como es difícil construir la coalición en nuestro sistema, todos venden caro su apoyo.
Para concluir, la reforma política, repito, tiene instrumentos que son buenos para el sistema político mexicano; mi problema es que la propuesta legislativa mantiene estos malos hábitos legislativos: buscar grandes cambios en un solo acto y, más importante, redactar los ajustes al sistema en la Constitución. No sabemos si la reforma política logrará sus objetivos, pero al legislarlo en la Constitución, están dificultando aún más cualquier ajuste o cambio que se requiera hacer en el futuro.
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26 de abril de 2011
Sobre la monarquía británica
La monarquía británica es una institución muy antigua sostenida por costumbres y reglas arcaicas y excéntricas. Pero, con todo y eso, es conveniente y difícilmente se podría encontrar una mejor alternativa.
Esta es una de las conclusiones a la que llega Simon Jenkins en un artículo que publica en Prospect. Aquí el artículo.
Aquí algunas de las ideas/párrafos más interesantes:
De acuerdo, los británicos tiene suerte y son una excepción.
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Esta es una de las conclusiones a la que llega Simon Jenkins en un artículo que publica en Prospect. Aquí el artículo.
Aquí algunas de las ideas/párrafos más interesantes:
... The hereditable principle has always vexed philosophers. It is an offence against fair play: vesting office, property and preferment in blood, when they should be vested in merit. Yet heredity is rife in every society. While most people exclude it as a basis for public office, in other respects they behave as if all strictures do not apply to themselves...
... Republicans object to heredity being the basis of any power in the state, and understandably so. Such monarchical powers are listed sonorously in textbooks—yet they are, as Walter Bagehot, author of The English Constitution (1867), said, a matter of form rather than reality. The supposed power of a constitutional monarch to “summon” parliament and “appoint” a prime minister or member of parliament (by ennobling him or her) is a mechanical device that treats the monarch merely as the state anthropomorphised. Were the Queen to behave as if the implied discretion were real, her office would instantly crumble. The last time a prime minister was chosen by the monarch against the wish of parliament was in 1832, at the height of the reform crisis...
... Another objection to a monarchy lies in its privileged access to the prime minister to “advise and warn,” and in the royals’ use of their position to advance personal views. Allowing Prince Andrew to become a British trade ambassador was clearly a mistake, to the embarrassment of most who have to deal with him. Prince Charles’s wilder crusades are vulnerable to criticism and even ridicule, but the system is robust enough to handle the occasional eccentricity. As for access to the prime minister, this is a privilege enjoyed by a motley crew of tycoons, party donors, elder statesmen and newspaper editors. The British establishment is riddled with such networks, and while the monarch is in a unique position, there is no obligation on a prime minister to listen. It is not as though Margaret Thatcher took many lectures on economic policy from the Queen.
... All nations have elements of magic, myth and ceremony to their processes. These may reside in palaces and churches, museums and galleries, rituals and traditions. Hereditary monarchy is a spectacular embellishment, but in the same category. We would not invent it if it did not exist, if only because its essence lies in encapsulating a nation’s continuity over time, which a family is uniquely positioned to do. I would not try to “justify” this. But politics is about more than reason. Where monarchy exists, as in Britain, it carries advantages. Just as a monarch is lucky in inheriting a throne, so a nation is sometimes lucky in inheriting a monarch...
De acuerdo, los británicos tiene suerte y son una excepción.
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23 de marzo de 2011
Pregunta sobre Libia
En su columna en el New York Times, Thomas Friedman responde la siguiente pregunta:
Aquí el texto.
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Is the battle for Libya the clash of a brutal dictator against a democratic opposition, or is it fundamentally a tribal civil war?”
Aquí el texto.
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14 de enero de 2011
Las reglas electorales y la radicalización del discurso
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 11 de enero a las 7:40 AM.
El día de hoy quiero comentar sobre el caso de la legisladora norteamericana, Gabrielle Giffords, que, como ha sido ampliamente reportado, sufrió un intento de asesinato el fin de semana.
En los Estados Unidos, la discusión, el análisis, la preocupación se ha concentrado en dos asuntos. Uno, las preguntas relacionadas a los hechos (¿cómo sucedió esta tragedia y quiénes están involucrados?); dos, las preguntas relacionadas a los motivos (¿por qué sucedió?).
Sobre lo primero, los reportes de las investigaciones han resaltado el estilo de vida y los rasgos psicológicos del joven de veintidós que disparó y mató a varias personas, entre ellas una niña de nueve años de edad. Se ha especulado sobre el estado mental del presunto asesino, con base en sus participaciones en redes sociales (como MySpace y YouTube).
No sabemos todavía si los hechos de Tucson son similares a lo que ocurrió en la Universidad de Virginia Tech o Columbine High School en donde una persona con problemas mentales y un arma comete este tipo de actos. O si se parece más a Oklahoma City, en donde si hubo una motivación política. Las investigaciones y el tiempo nos lo dirán.
En relación a los motivos, una de las hipótesis más recurrentes vincula el crimen con el tono del debate político en los Estados Unidos. Para muchos, el discurso se ha radicalizado en los últimos años. Sin duda, esto nos lleva a un terreno peligroso, pantanoso, porque inevitablemente politizará el crimen y lo mezclará con derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Sin importar las investigaciones, políticamente se responsabilizará a los grupos vinculados al Tea Party ya que han manejado una retórica similar a la que hoy estamos cuestionando.
Sin duda los hechos son una tragedia para Arizona y un muy fuerte llamado de atención para el sistema político norteamericano. Ya veremos cómo reacciona la clase política, encabezados por el Presidente Barack Obama, emanado del Partido Demócrata y John Boehner, el líder republicano en la Cámara de Representantes. Ojalá este episodio lleve a una reflexión colectiva sobre el discurso, el tono, la civilidad política. Sin duda, habrá lecciones importantes, no solo para los norteamericanos, sino también para los electores en otras latitudes.
Una pregunta importante –que no he visto en los medios- es si el marco institucional, las reglas electorales contribuyen o no al ambiente de crispación. Si encuentro varias explicaciones y, por cuestiones de tiempo, resalto una que me parece fundamental.
En los Estados Unidos, los procesos de distritación (la conformación de los distritos electorales) son proceso que llevan los partidos políticos en los Congresos locales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que en muchas ocasiones, la frontera, los límites, la conformación no sigue criterios geográficos, sino que segmenta al electorado y coloca, en un mismo distrito, a una población con características muy similares. Esto a veces se hace para garantizar representación a ciertos grupos. No obstante, lo que ha ido sucediendo, poco a poco, es que los partidos han diseñado distritos a la medida.
¿Qué tiene que ver la conformación de este tipo de distritos electorales con el discurso y el tono político? En este tipo de distritos, la contienda política real no es la elección constitucional, sino en la precampaña. Dado que lo complicado es ganar la nominación del partido, poco a poco, los precandidatos se van radicalizando más. Además, en estos procesos votan normalmente únicamente los militantes y los candidatos con mayores ventajas son los más ideologizados. El político que está dispuesto a negociar con los opositores es visto como un peligro para su partido y, de esta manera, poco a poco los moderados van perdiendo. Obviamente, los representantes electos en este tipo de procesos difícilmente lograrán ponerse de acuerdo. Es como si vinieran de dos universos muy distintos.
La política es el arte del compromiso y, en la práctica, esto implica que los representantes deben tener la capacidad y el incentivo para negociar e intentar convencer a electores de todo el espectro político y no únicamente a los de su partido. Entre más 'plurales' sean los distritos, mayor el incentivo a buscar el centro y a negociar.
Si mi carrera política depende únicamente de lo que digan los militantes de mi partido, entonces estaré cerrando las posibilidades de colaborar y cooperar con los representantes de los otros partidos. En este sistema, entre más beligerante sea el político, mayor oportunidad de ganar.
En fin. Aquí una razón, una hipótesis, sobre los motivos de la crispación política en los Estados Unidos. Lo más seguro es que esto no explica, en ninguna medida, los trágicos episodios en Tucson; pero si sugiere que algunas reglas, en particular, la conformación de los distritos, desincentiva la colaboración entre los legisladores emanados de distintos partidos.
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El día de hoy quiero comentar sobre el caso de la legisladora norteamericana, Gabrielle Giffords, que, como ha sido ampliamente reportado, sufrió un intento de asesinato el fin de semana.
En los Estados Unidos, la discusión, el análisis, la preocupación se ha concentrado en dos asuntos. Uno, las preguntas relacionadas a los hechos (¿cómo sucedió esta tragedia y quiénes están involucrados?); dos, las preguntas relacionadas a los motivos (¿por qué sucedió?).
Sobre lo primero, los reportes de las investigaciones han resaltado el estilo de vida y los rasgos psicológicos del joven de veintidós que disparó y mató a varias personas, entre ellas una niña de nueve años de edad. Se ha especulado sobre el estado mental del presunto asesino, con base en sus participaciones en redes sociales (como MySpace y YouTube).
No sabemos todavía si los hechos de Tucson son similares a lo que ocurrió en la Universidad de Virginia Tech o Columbine High School en donde una persona con problemas mentales y un arma comete este tipo de actos. O si se parece más a Oklahoma City, en donde si hubo una motivación política. Las investigaciones y el tiempo nos lo dirán.
En relación a los motivos, una de las hipótesis más recurrentes vincula el crimen con el tono del debate político en los Estados Unidos. Para muchos, el discurso se ha radicalizado en los últimos años. Sin duda, esto nos lleva a un terreno peligroso, pantanoso, porque inevitablemente politizará el crimen y lo mezclará con derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Sin importar las investigaciones, políticamente se responsabilizará a los grupos vinculados al Tea Party ya que han manejado una retórica similar a la que hoy estamos cuestionando.
Sin duda los hechos son una tragedia para Arizona y un muy fuerte llamado de atención para el sistema político norteamericano. Ya veremos cómo reacciona la clase política, encabezados por el Presidente Barack Obama, emanado del Partido Demócrata y John Boehner, el líder republicano en la Cámara de Representantes. Ojalá este episodio lleve a una reflexión colectiva sobre el discurso, el tono, la civilidad política. Sin duda, habrá lecciones importantes, no solo para los norteamericanos, sino también para los electores en otras latitudes.
Una pregunta importante –que no he visto en los medios- es si el marco institucional, las reglas electorales contribuyen o no al ambiente de crispación. Si encuentro varias explicaciones y, por cuestiones de tiempo, resalto una que me parece fundamental.
En los Estados Unidos, los procesos de distritación (la conformación de los distritos electorales) son proceso que llevan los partidos políticos en los Congresos locales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que en muchas ocasiones, la frontera, los límites, la conformación no sigue criterios geográficos, sino que segmenta al electorado y coloca, en un mismo distrito, a una población con características muy similares. Esto a veces se hace para garantizar representación a ciertos grupos. No obstante, lo que ha ido sucediendo, poco a poco, es que los partidos han diseñado distritos a la medida.
¿Qué tiene que ver la conformación de este tipo de distritos electorales con el discurso y el tono político? En este tipo de distritos, la contienda política real no es la elección constitucional, sino en la precampaña. Dado que lo complicado es ganar la nominación del partido, poco a poco, los precandidatos se van radicalizando más. Además, en estos procesos votan normalmente únicamente los militantes y los candidatos con mayores ventajas son los más ideologizados. El político que está dispuesto a negociar con los opositores es visto como un peligro para su partido y, de esta manera, poco a poco los moderados van perdiendo. Obviamente, los representantes electos en este tipo de procesos difícilmente lograrán ponerse de acuerdo. Es como si vinieran de dos universos muy distintos.
La política es el arte del compromiso y, en la práctica, esto implica que los representantes deben tener la capacidad y el incentivo para negociar e intentar convencer a electores de todo el espectro político y no únicamente a los de su partido. Entre más 'plurales' sean los distritos, mayor el incentivo a buscar el centro y a negociar.
Si mi carrera política depende únicamente de lo que digan los militantes de mi partido, entonces estaré cerrando las posibilidades de colaborar y cooperar con los representantes de los otros partidos. En este sistema, entre más beligerante sea el político, mayor oportunidad de ganar.
En fin. Aquí una razón, una hipótesis, sobre los motivos de la crispación política en los Estados Unidos. Lo más seguro es que esto no explica, en ninguna medida, los trágicos episodios en Tucson; pero si sugiere que algunas reglas, en particular, la conformación de los distritos, desincentiva la colaboración entre los legisladores emanados de distintos partidos.
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6 de diciembre de 2010
Publican Latinobarómetro 2010
La semana pasada se presentó la edición 2010 del Latinobarómetro.
El Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19 mil entrevistas en 18 países latinoamericanos. La información que presenta el estudio es muy interesante y en los próximos días resaltaré algunas de las partes que más me llamaron la atención.
¿Cual es el tono del estudio?
El siguiente enunciado que aparece en la portada lo resume:
A partir de este año, Alejandro Moreno del periódico Reforma es el director encargado del estudio anual.
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El Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19 mil entrevistas en 18 países latinoamericanos. La información que presenta el estudio es muy interesante y en los próximos días resaltaré algunas de las partes que más me llamaron la atención.
¿Cual es el tono del estudio?
El siguiente enunciado que aparece en la portada lo resume:
América Latina vive su mejor momento desde el punto de vista del estado de sus democracias y de sus economías de los últimos 15 años.
A partir de este año, Alejandro Moreno del periódico Reforma es el director encargado del estudio anual.
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23 de noviembre de 2010
Sobre el principio de la no reelección
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 23 de noviembre a las 7:40 AM.
El día de hoy pongo la lupa en el principio de la no-reelección. El fin de semana celebramos el Centenario de la Revolución Mexicana y uno de los lemas del movimiento fue el de “Sufragio efectivo. No reelección”. Es probable, aunque debatible, que la no-reelección en cargos públicos sea la mayor herencia de la guerra civil que inició hace cien años.
Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la gran mayoría de los mexicanos piensa que el llamado maderista a la no reelección aplicaba a todos los cargos públicos, incluyendo los diputados y senadores.
Esto no es correcto.
Dada la experiencia con Porfirio Díaz, Francisco I. Madero se refería exclusivamente al Presidente. Años después, la Constitución de 1917 retomó el exhorto maderista y la extendió a los gobernadores. En consecuencia, el texto original de nuestra carta magna si permitía la reelección consecutiva e indefinida de legisladores.
El cambio sucedió en la primera mitad de la década de los treinta. Plutarco Elías Calles lo propuso durante una convención del Partido Nacional Revolucionario y posteriormente el Constituyente Permanente reformó la constitución. Aunado al aumento del período de gobierno de cuatro a seis años, la prohibición de la reelección legislativa fortaleció al Ejecutivo y así inició el presidencialismo mexicano: un sistema político y de gobierno en el que los poderes legislativo y judicial se subordinaron al ejecutivo.
La prohibición de la carrera legislativa deformó el sistema representativo, la división de poderes y el diseño constitucional. No debe sorprendernos que el Ejecutivo fuera, durante muchos años, el gran legislador. En las agencias y secretarías se encontraba la experiencia, la información y el aparato técnico que apoya al poder público.
Desde hace varios años, muchos analistas y politólogos nos hemos pronunciado por levantar esta prohibición. Hace doce años, en mi tesis de maestría cuestioné esta figura.
Sin entrar en detalles, el principal argumento establece que es la mejor manera de alinear los incentivos para que los legisladores voten y decidan los temas públicos según los intereses de sus representados porque recuperarían (los electores) el poder para premiar o castigar al diputado o senador. Otro argumento es la generación de 'memoria institucional'. Es un grave problema que cada tres años tengamos que renovar el 100 por ciento de los legisladores.
No obstante, debo confesar que mi percepción ha ido evolucionando y ya no estoy tan convencido de que sea una reforma institucional prioritaria. Y más después de ver los efectos de las últimas reformas electorales que han limitado la participación de los actores políticos que no militan en los partidos registrados.
Sin duda quienes promueven la reelección legislativa tienen buenas intenciones, pero sin una ciudadanía más involucrada en la vida política nacional, la permanencia en el cargo legislativo podría convertirse en un mecanismo de control local.
En este contexto, la no reelección legislativa es probablemente la mejor manera de ventilar y renovar el sistema político mexicano. Comparado con otros países, en México no es tan difícil llegar a ser legislador e iniciar una carrera política. Es difícil sobrevivir, pero así es en todos lados. Si permitiéramos la reelección en las Cámaras, estaríamos cerrando una de las pocas puertas del sistema político que siguen abiertas.
En lugar de eliminar la no reelección en las cámaras, lo que propondría en el corto plazo es llevar el principio maderista a otras esferas de poder que si permiten la reelección indefinida y que, para muchos, han generado efectos desfavorables para el país. Por ejemplo, las agrupaciones sindicales en ámbitos públicos y privados.
Sería una reforma de enormes beneficios, que el llamado al “sufragio efectivo y no reelección”, el principio que festejamos y recordamos el fin de semana, también aplique en los sindicatos.
Ejemplos sobran de los perjuicios que algunos sindicatos le han causado a nuestro país y, en gran medida, porque los líderes se mantienen en el poder durante décadas y aprovechan los espacios para acumular fortunas. Se estima que en la mayoría de los sindicatos, los dirigentes tienen cuando menos veinte años al mando de sus organizaciones y sus niveles de vida no corresponden a la realidad que viven los trabajadores.
Desafortunadamente son pocos los sindicatos que tienen sistemas democráticos y transparentes para elegir a sus líderes o procesos internos que permiten la renovación de sus dirigencias para evitar el enquistamiento de algunos cuantos. Llevar el principio maderista a los sindicatos sería una excelente manera de elevar los niveles de vida de los trabajadores y sus familias.
En conclusión, podría ser bueno para el país eliminar la clausula de no reelección en el poder legislativo, pero parecería ser mejor aplicarla en aquellas instancias que no parecen estar cumpliendo con sus objetivos precisamente porque los mecanismos de control dificultan la rotación en el poder.
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El día de hoy pongo la lupa en el principio de la no-reelección. El fin de semana celebramos el Centenario de la Revolución Mexicana y uno de los lemas del movimiento fue el de “Sufragio efectivo. No reelección”. Es probable, aunque debatible, que la no-reelección en cargos públicos sea la mayor herencia de la guerra civil que inició hace cien años.
Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la gran mayoría de los mexicanos piensa que el llamado maderista a la no reelección aplicaba a todos los cargos públicos, incluyendo los diputados y senadores.
Esto no es correcto.
Dada la experiencia con Porfirio Díaz, Francisco I. Madero se refería exclusivamente al Presidente. Años después, la Constitución de 1917 retomó el exhorto maderista y la extendió a los gobernadores. En consecuencia, el texto original de nuestra carta magna si permitía la reelección consecutiva e indefinida de legisladores.
El cambio sucedió en la primera mitad de la década de los treinta. Plutarco Elías Calles lo propuso durante una convención del Partido Nacional Revolucionario y posteriormente el Constituyente Permanente reformó la constitución. Aunado al aumento del período de gobierno de cuatro a seis años, la prohibición de la reelección legislativa fortaleció al Ejecutivo y así inició el presidencialismo mexicano: un sistema político y de gobierno en el que los poderes legislativo y judicial se subordinaron al ejecutivo.
La prohibición de la carrera legislativa deformó el sistema representativo, la división de poderes y el diseño constitucional. No debe sorprendernos que el Ejecutivo fuera, durante muchos años, el gran legislador. En las agencias y secretarías se encontraba la experiencia, la información y el aparato técnico que apoya al poder público.
Desde hace varios años, muchos analistas y politólogos nos hemos pronunciado por levantar esta prohibición. Hace doce años, en mi tesis de maestría cuestioné esta figura.
Sin entrar en detalles, el principal argumento establece que es la mejor manera de alinear los incentivos para que los legisladores voten y decidan los temas públicos según los intereses de sus representados porque recuperarían (los electores) el poder para premiar o castigar al diputado o senador. Otro argumento es la generación de 'memoria institucional'. Es un grave problema que cada tres años tengamos que renovar el 100 por ciento de los legisladores.
No obstante, debo confesar que mi percepción ha ido evolucionando y ya no estoy tan convencido de que sea una reforma institucional prioritaria. Y más después de ver los efectos de las últimas reformas electorales que han limitado la participación de los actores políticos que no militan en los partidos registrados.
Sin duda quienes promueven la reelección legislativa tienen buenas intenciones, pero sin una ciudadanía más involucrada en la vida política nacional, la permanencia en el cargo legislativo podría convertirse en un mecanismo de control local.
En este contexto, la no reelección legislativa es probablemente la mejor manera de ventilar y renovar el sistema político mexicano. Comparado con otros países, en México no es tan difícil llegar a ser legislador e iniciar una carrera política. Es difícil sobrevivir, pero así es en todos lados. Si permitiéramos la reelección en las Cámaras, estaríamos cerrando una de las pocas puertas del sistema político que siguen abiertas.
En lugar de eliminar la no reelección en las cámaras, lo que propondría en el corto plazo es llevar el principio maderista a otras esferas de poder que si permiten la reelección indefinida y que, para muchos, han generado efectos desfavorables para el país. Por ejemplo, las agrupaciones sindicales en ámbitos públicos y privados.
Sería una reforma de enormes beneficios, que el llamado al “sufragio efectivo y no reelección”, el principio que festejamos y recordamos el fin de semana, también aplique en los sindicatos.
Ejemplos sobran de los perjuicios que algunos sindicatos le han causado a nuestro país y, en gran medida, porque los líderes se mantienen en el poder durante décadas y aprovechan los espacios para acumular fortunas. Se estima que en la mayoría de los sindicatos, los dirigentes tienen cuando menos veinte años al mando de sus organizaciones y sus niveles de vida no corresponden a la realidad que viven los trabajadores.
Desafortunadamente son pocos los sindicatos que tienen sistemas democráticos y transparentes para elegir a sus líderes o procesos internos que permiten la renovación de sus dirigencias para evitar el enquistamiento de algunos cuantos. Llevar el principio maderista a los sindicatos sería una excelente manera de elevar los niveles de vida de los trabajadores y sus familias.
En conclusión, podría ser bueno para el país eliminar la clausula de no reelección en el poder legislativo, pero parecería ser mejor aplicarla en aquellas instancias que no parecen estar cumpliendo con sus objetivos precisamente porque los mecanismos de control dificultan la rotación en el poder.
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30 de octubre de 2010
Rally to Restore Sanity
El día de hoy, en la capital norteamericana, Jon Stewart y Stephen Colbert, probablemente los comediantes políticos (o políticos comediantes, según tu punto de vista) más reconocidos de los Estados Unidos organizarán el March to Keep Fear Alive y el mítin Rally to Restore Sanity .
Aquí algunos 'momentos' de la carrera de Stewart:
Aquí algunos de los 'momentos' de Stephen Colbert:
Aquí el 'Top 10 Jon Stewart moments' según Time.
Aquí el 'Top 10 Stephen Colbert moments' según Time.
Aquí y aquí entradas previas Jon Stewart.
El mítin lo puedes seguir en vivo (a partir de las 12:00 PM) en varias páginas, entre ellas el Washington Post.
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Aquí algunos 'momentos' de la carrera de Stewart:
| The Daily Show With Jon Stewart | Mon - Thurs 11p / 10c | |||
| Conservative Libertarian | ||||
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| The Daily Show With Jon Stewart | Mon - Thurs 11p / 10c | |||
| Jim Cramer Pt. 3 | ||||
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Aquí algunos de los 'momentos' de Stephen Colbert:
| The Colbert Report | Mon - Thurs 11:30pm / 10:30c | |||
| The Big News | ||||
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| The Colbert Report | Mon - Thurs 11:30pm / 10:30c | |||
| The Word - Truthiness | ||||
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Aquí el 'Top 10 Jon Stewart moments' según Time.
Aquí el 'Top 10 Stephen Colbert moments' según Time.
Aquí y aquí entradas previas Jon Stewart.
El mítin lo puedes seguir en vivo (a partir de las 12:00 PM) en varias páginas, entre ellas el Washington Post.
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12 de octubre de 2010
Demosclerosis
Así se dice cuando un gobierno democrático se paraliza y es incapaz de tomar decisiones.
Aquí la explicación:
La fuente, David Brooks del New York Times.
El paradoja que motiva la reflexión es la siguiente: como puede ser posible que hoy, cuando el Estado es más grande y ocupa un papel más preponderante en la vida económica de nuestras sociedades, es mucho más dificil invertir u organizar la producción o realización de obras masivas.
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Aquí la explicación:
...Both sides are right. But what nobody seems to be asking is: Why are important projects now unaffordable? Decades ago, when the federal and state governments were much smaller, they had the means to undertake gigantic new projects, like the Interstate Highway System and the space program. But now, when governments are bigger, they don’t.
The answer is what Jonathan Rauch of the National Journal once called demosclerosis. Over the past few decades, governments have become entwined in a series of arrangements that drain money from productive uses and direct it toward unproductive ones...
La fuente, David Brooks del New York Times.
El paradoja que motiva la reflexión es la siguiente: como puede ser posible que hoy, cuando el Estado es más grande y ocupa un papel más preponderante en la vida económica de nuestras sociedades, es mucho más dificil invertir u organizar la producción o realización de obras masivas.
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6 de octubre de 2010
El futbol como espejo de la realidad económica y política
El periódico español El Pais publicó ayer un editorial titulado Maradona como metáfora argentina escrito por John Carlin, periodista que vivió en Argentina diez años, y Carlos Pierini, médico psicoanalista en Buenos Aires.
Del artículo, extraemos el siguiente texto:
Aquí el link a la columna.
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Del artículo, extraemos el siguiente texto:
... Cuando llevados por la fantasía se eligen directores técnicos o presidentes o sistemas de características populistas, autoritarios y antidemocráticos, con pocos pies sobre la tierra, el resultado inevitable es el fracaso. Un director técnico que no tiene ni ha tenido capacidad para manejar su vida, que además no es director técnico (por preparación) y por lo tanto al titularse así toma las características de un impostor, tuvo como resultado el descalabro de la selección argentina. Puede ocurrir nuevamente algo similar con la Argentina misma si los directores técnicos, léase la pareja que lleva siete años en el poder, siguen el camino compulsivamente repetitivo de la tergiversación permanente de la realidad...
Aquí el link a la columna.
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24 de septiembre de 2010
El déficit de responsabilidad
La columna de David Brooks es la mejor razón por la cual uno debe leer el martes y el viernes el periódico norteamericano The New York Times. Hoy, en su editorial, habla del ánimo del elector y la manera en que el sistema político y legal puede afectar la responsabilidad individual.
Aquí varios párrafos:
Aquí el editorial completo.
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Aquí varios párrafos:
... The heart of any moral system is the connection between action and consequences. Today’s public anger rises from the belief that this connection has been severed in one realm after another.
Financiers send the world into recession and don’t seem to suffer. Neighbors take on huge mortgages and then just walk away when they go underwater. Washington politicians avoid living within their means. Federal agencies fail and get rewarded with more responsibilities.
What the country is really looking for is a restoration of responsibility...
... Over the past several decades ... a thicket of spending obligations, rules and regulations has arisen, which limits individual discretion, narrows room for maneuver and makes it harder to assign responsibility...
... What’s needed ... is a great streamlining... It’s about giving teachers, doctors and officials the power to actually make decisions and then holding them accountable. Some of their choices will be wrong ... but it is better to live in an imperfect world of individual responsibility than it is to live within a dehumanizing legal thicket that seeks to eliminate risk through a tangle of micromanaging statutes.
Aquí el editorial completo.
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21 de septiembre de 2010
Lo más certero que he leído hoy
A propósito de la famosa ley 'Peña Nieto':
El autor es Jorge Alcocer y su columna 'El que con leche se quema...' la publica hoy Reforma y aquí la encuentras (suscripción requerida).
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... El debate no es sobre la constitucionalidad de lo aprobado por el Congreso mexiquense, sino sobre el abuso del poder. La forma como Peña Nieto obtiene la mayoría calificada de votos es un pésimo anticipo de lo que espera al Congreso de la Unión en el caso de que alcance su máxima aspiración. Pagar por los votos de diputados mercenarios puede ser un problema menor en Toluca, pero revela una de las facetas más negativas del hasta hoy aspirante favorito a la candidatura presidencial del PRI. La balcanización del poder permite que las leyes electorales sean cambiadas a contentillo del gobernador mexiquense, con la complicidad de diputados locales supuestamente opositores, a los que sus partidos solapan y protegen.
El autor es Jorge Alcocer y su columna 'El que con leche se quema...' la publica hoy Reforma y aquí la encuentras (suscripción requerida).
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3 de mayo de 2010
La mejor frase que he leído hoy
Hablando sobre el proceso electoral en el Reino Unido, Jesús Silva-Herzog Márquez escribe lo siguiente:
Aquí su columna completa.
A lo mejor algunos se preguntan, ¿quienes son 'nuestros mayoritaristas'? La respuesta: aquellos que quieren debilitar nuestro sistema de representación proporcional.
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Una propuesta se clava el centro de la política británica: la urgencia de modificar un régimen electoral que, privilegiando la estabilidad y la eficacia gubernativa, distorsiona severamente la representatividad ... En la elección nacional previa alcanzaron (los liberalesdemócratas) el 22% de los votos pero ocuparon menos del 10% de los asientos en el Parlamento. En contraste, los laboristas, con un poco más del 35% de los votos, ganaron el 55.2% de los escaños. Bien valdría que nuestros mayoritaristas echaran un vistazo a la creciente insatisfacción británica con este régimen.
Aquí su columna completa.
A lo mejor algunos se preguntan, ¿quienes son 'nuestros mayoritaristas'? La respuesta: aquellos que quieren debilitar nuestro sistema de representación proporcional.
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16 de febrero de 2010
Reforma política y disposición para gobernar
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 16 de febrero a las 7:45 AM.
El día de hoy regreso al tema de la reforma política.
Hace dos meses, a mediados de diciembre, el Presidente Calderón envió al Congreso una iniciativa que contempla varias reformas institucionales como la reelección consecutiva de jefes delegacionales, alcaldes, legisladores federales y locales; la incorporación de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular; la autorización al Ejecutivo para que éste haga observaciones parciales o totales a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso de la Unión; por mencionar unas cuantas.
Algunos legisladores han manifestado que en este período de sesiones retomarán la iniciativa y la discusión con el propósito de enriquecer el proyecto presidencial y, todavía más importante, darle a nuestro país un sistema político más funcional.
Ahora, la pregunta más relevante, la que deberían responderse los legisladores es ¿cuál es el objetivo de la reforma política? Si uno escucha las declaraciones, es probable que no le quede claro.
Uno de los objetivos fundamentales de la reforma política debería ser diseñar las reglas y procedimientos que permitan destrabar el aparente impasse político que hemos visto en los últimos 15 años. Si revisamos lo que ha sucedido en este tiempo con las llamadas reformas estructurales, tendremos que reconocer que, salvo excepciones que no llegan a completar los dedos de una mano, el sistema político se ha caracterizado por la dificultad de alcanzar acuerdos.
De las propuestas que se han presentado en los últimos meses, ¿cuál de ellas nos serviría para este propósito?
Podría pensarse que la reducción del número de legisladores. Esto tiene una lógica clara: entre menor sea el número de representantes, más fácil negociar y alcanzar acuerdos. Ahora, esta no es la manera óptima de lograrlo. Además, no tiene un sabor muy democrático porque, si lo reducimos al absurdo, entonces podríamos eliminar todos los cargos y dejar un Congreso o comité con 6 o 7 legisladores, uno por partido, con un voto ponderado según el voto en las elecciones. Esto sería, a todas luces, un retroceso democrático.
Ahora, del resto de las propuestas no abundaré porque, si bien son novedosas y nos darían un marco institucional distinto a lo que tenemos, no me queda claro si nos permitirían terminar con el impasse político al que me referí hace unos segundos.
En mi opinión, la reforma constitucional y legal que podría sentar las bases para lograr acuerdos legislativos no está en la propuesta presidencial y entonces debería ser planteada por el Legislativo: ajustar el calendario electoral y que solo únicamente tengamos dos procesos electorales durante el sexenio (cada tres años).
El problema del sistema vigente es que todos los años tenemos elecciones en alguna parte del país y esto obliga a los partidos a diferenciarse, distanciarse, cuestionarse y criticarse entre ellos. Esto complica los acuerdos legislativos y más si son reformas constitucionales. El 2010 es la prueba. ¿Como esperamos ponernos de acuerdo en el Congreso federal, si en una tercera parte del país los partidos tienen que confrontarse?
Ahora, existe otro argumento, que el impasse político no es tanto un asunto de instituciones o procedimientos, sino una actitud de los políticos frente a la alta responsabilidad que significa gobernar y, en particular, de los partidos en la oposición.
Es cierto que la función de la oposición es oponer. Pero una revisión más profunda nos hace ver que la oposición tiene otra función (fundamental) en un sistema de mayoría: cogobernar.
Para una democracia, es bueno tener un gobierno efectivo, pero –y esta es la lección de los últimos 15 años- parece más importante tener una oposición responsable.
En México, la razón por la que llevamos más de 15 años sin reformas constitucionales sustantivas (las llamadas reformas estructurales) se puede explicar por la actitud que ha asumido la oposición, en particular el principal partido de oposición. Los gobiernos de Zedillo, el de Fox y ahora el de Calderón, se han tenido que enfrentar a una oposición que ha preferido oponerse y no cogobernar.
El último gobierno que logró reformas sustanciales fue el de Salinas de Gortari. Sin duda el presentó una visión más liberal de la economía y del papel del Estado. Pero el país tuvo la suerte de contar en ese momento con un partido de oposición con liderazgos políticos dispuestos a apoyar esta visión más moderna. Por ejemplo, si en ese entonces, los liderazgos en el PAN, como Luis H. Alvarez, Carlos Castillo, Diego Fernández, se hubieran opuesto a la apertura económica, probablemente la ley no se hubiera modificado y hoy en día no tendríamos tratados de libres comercio.
Bajo esta lógica, cuando la oposición cogobierna y asume parte de la responsabilidad, le da a las reformas un respaldo político crucial. Muchas veces la ciudadanía teme a los cambios. Es normal. Entonces, los partidos, tanto en el gobierno como en la oposición, deben asumir el liderazgo y hacerle ver a la ciudadanía porque los cambios son necesarios.
No solo sucede esto en nuestro país. Me parece que podemos encontrar ejemplos similares en otras latitudes. Hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, la reforma estructural que se proponía al sistema de salud, no fue posible porque no hubo la cooperación del principal partido de oposición.
Ahora, de ser cierta esta hipótesis, que podemos decir del futuro de las reformas estructurales en nuestro país en lo que queda del sexenio. En mi opinión, desafortunadamente, que se cerró la ventana de oportunidad y que ya no habrá reformas. El calendario electoral cierra la posibilidad para que el partido en el gobierno y el principal partido de oposición se pongan de acuerdo.
Concluyo preguntando, entonces, ¿qué se puede hacer para que en el próximo gobierno, del 2012 al 2018, si haya reformas estructurales? ¿Cuál es el papel de la reforma política? Regreso a la imperiosa necesidad de reformar el calendario electoral y reducir el número de procesos electorales. Esta es probablemente la reforma más sustantiva que le podríamos hacer a nuestro marco institucional porque reduce los espacios de conflicto entre los partidos.
Si se lega a concretar esta propuesta en la actual legislatura, le estaríamos dando el espacio político a los próximos gobiernos (y a las próximas oposiciones) para que juntos aprueben las reformas estructurales sustantivas.
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El día de hoy regreso al tema de la reforma política.
Hace dos meses, a mediados de diciembre, el Presidente Calderón envió al Congreso una iniciativa que contempla varias reformas institucionales como la reelección consecutiva de jefes delegacionales, alcaldes, legisladores federales y locales; la incorporación de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular; la autorización al Ejecutivo para que éste haga observaciones parciales o totales a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso de la Unión; por mencionar unas cuantas.
Algunos legisladores han manifestado que en este período de sesiones retomarán la iniciativa y la discusión con el propósito de enriquecer el proyecto presidencial y, todavía más importante, darle a nuestro país un sistema político más funcional.
Ahora, la pregunta más relevante, la que deberían responderse los legisladores es ¿cuál es el objetivo de la reforma política? Si uno escucha las declaraciones, es probable que no le quede claro.
Uno de los objetivos fundamentales de la reforma política debería ser diseñar las reglas y procedimientos que permitan destrabar el aparente impasse político que hemos visto en los últimos 15 años. Si revisamos lo que ha sucedido en este tiempo con las llamadas reformas estructurales, tendremos que reconocer que, salvo excepciones que no llegan a completar los dedos de una mano, el sistema político se ha caracterizado por la dificultad de alcanzar acuerdos.
De las propuestas que se han presentado en los últimos meses, ¿cuál de ellas nos serviría para este propósito?
Podría pensarse que la reducción del número de legisladores. Esto tiene una lógica clara: entre menor sea el número de representantes, más fácil negociar y alcanzar acuerdos. Ahora, esta no es la manera óptima de lograrlo. Además, no tiene un sabor muy democrático porque, si lo reducimos al absurdo, entonces podríamos eliminar todos los cargos y dejar un Congreso o comité con 6 o 7 legisladores, uno por partido, con un voto ponderado según el voto en las elecciones. Esto sería, a todas luces, un retroceso democrático.
Ahora, del resto de las propuestas no abundaré porque, si bien son novedosas y nos darían un marco institucional distinto a lo que tenemos, no me queda claro si nos permitirían terminar con el impasse político al que me referí hace unos segundos.
En mi opinión, la reforma constitucional y legal que podría sentar las bases para lograr acuerdos legislativos no está en la propuesta presidencial y entonces debería ser planteada por el Legislativo: ajustar el calendario electoral y que solo únicamente tengamos dos procesos electorales durante el sexenio (cada tres años).
El problema del sistema vigente es que todos los años tenemos elecciones en alguna parte del país y esto obliga a los partidos a diferenciarse, distanciarse, cuestionarse y criticarse entre ellos. Esto complica los acuerdos legislativos y más si son reformas constitucionales. El 2010 es la prueba. ¿Como esperamos ponernos de acuerdo en el Congreso federal, si en una tercera parte del país los partidos tienen que confrontarse?
Ahora, existe otro argumento, que el impasse político no es tanto un asunto de instituciones o procedimientos, sino una actitud de los políticos frente a la alta responsabilidad que significa gobernar y, en particular, de los partidos en la oposición.
Es cierto que la función de la oposición es oponer. Pero una revisión más profunda nos hace ver que la oposición tiene otra función (fundamental) en un sistema de mayoría: cogobernar.
Para una democracia, es bueno tener un gobierno efectivo, pero –y esta es la lección de los últimos 15 años- parece más importante tener una oposición responsable.
En México, la razón por la que llevamos más de 15 años sin reformas constitucionales sustantivas (las llamadas reformas estructurales) se puede explicar por la actitud que ha asumido la oposición, en particular el principal partido de oposición. Los gobiernos de Zedillo, el de Fox y ahora el de Calderón, se han tenido que enfrentar a una oposición que ha preferido oponerse y no cogobernar.
El último gobierno que logró reformas sustanciales fue el de Salinas de Gortari. Sin duda el presentó una visión más liberal de la economía y del papel del Estado. Pero el país tuvo la suerte de contar en ese momento con un partido de oposición con liderazgos políticos dispuestos a apoyar esta visión más moderna. Por ejemplo, si en ese entonces, los liderazgos en el PAN, como Luis H. Alvarez, Carlos Castillo, Diego Fernández, se hubieran opuesto a la apertura económica, probablemente la ley no se hubiera modificado y hoy en día no tendríamos tratados de libres comercio.
Bajo esta lógica, cuando la oposición cogobierna y asume parte de la responsabilidad, le da a las reformas un respaldo político crucial. Muchas veces la ciudadanía teme a los cambios. Es normal. Entonces, los partidos, tanto en el gobierno como en la oposición, deben asumir el liderazgo y hacerle ver a la ciudadanía porque los cambios son necesarios.
No solo sucede esto en nuestro país. Me parece que podemos encontrar ejemplos similares en otras latitudes. Hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, la reforma estructural que se proponía al sistema de salud, no fue posible porque no hubo la cooperación del principal partido de oposición.
Ahora, de ser cierta esta hipótesis, que podemos decir del futuro de las reformas estructurales en nuestro país en lo que queda del sexenio. En mi opinión, desafortunadamente, que se cerró la ventana de oportunidad y que ya no habrá reformas. El calendario electoral cierra la posibilidad para que el partido en el gobierno y el principal partido de oposición se pongan de acuerdo.
Concluyo preguntando, entonces, ¿qué se puede hacer para que en el próximo gobierno, del 2012 al 2018, si haya reformas estructurales? ¿Cuál es el papel de la reforma política? Regreso a la imperiosa necesidad de reformar el calendario electoral y reducir el número de procesos electorales. Esta es probablemente la reforma más sustantiva que le podríamos hacer a nuestro marco institucional porque reduce los espacios de conflicto entre los partidos.
Si se lega a concretar esta propuesta en la actual legislatura, le estaríamos dando el espacio político a los próximos gobiernos (y a las próximas oposiciones) para que juntos aprueben las reformas estructurales sustantivas.
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