Dos de los columnistas que más leo publican en estos días su reacción.
Zepeda Patterson hace un balance político de la decisión. Aquí el editorial.
Silva-Herzog Márquez presenta un análisis legal.
El caso de la periodista Lydia Cacho no representa un abuso espontáneo por parte de algún silvestre cuerpo policiaco. Su secuestro y su tortura forman parte de una cadena de hechos entrelazados desde la cúspide del gobierno local. Ahí se recibió la petición de escarmentar a la periodista que exhibió la red política de la pederastia en Cancún; ahí se decidió formar un expediente judicial, ahí se ordenó su captura, ahí se determinó el encubrimiento del abuso. El dictamen del ministro Silva Meza mostró un "concierto" de autoridades, una coordinación de órganos federales y locales, de instancias judiciales y administrativas, de instituciones pretendidamente autónomas para vulnerar los derechos de un ciudadano. Ese concierto es la más grave vulneración del régimen constitucional mexicano, basado como cualquier orden liberal, en el imperio de las separaciones y los contrapesos. Precisamente ese principio de disociaciones como garantía vital fue roto en la operación de la venganza coordinada por el gobernador de Puebla.
Aquí su columna (via Reforma o via su blog).
