Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que normalmente conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 2 de agosto a las 7:40 AM.
Como lo anticipamos en semanas anteriores, el Congreso norteamericano logró un acuerdo que permite aumentar el nivel de deuda del gobierno.
Ayer por la noche, la Cámara de Representantes aprobó una serie de medidas que hoy se votarán en el Senado y que podrían ser firmadas por el presidente Obama hoy por la tarde. La sesión terminó siendo muy emotiva porque llegó de manera sorpresiva para emitir su voto a favor la congresista Gabrielle Giffords quien sufrió un intento de asesinato en Arizona el mes de enero.
¿En qué consiste el plan?
El plan eleva el techo de la deuda en 900 mil millones de dólares y, a cambio, se reduce el gasto público para en este año fiscal en un trillón de dólares (es decir un millón de millones de dólares), principalmente el asociado a la ‘seguridad’ y, en una segunda fase, en los próximos diez años, la posibilidad de recortar hasta un trillón y medio de dólares (es decir millón y medio de millones de dólares.) El acuerdo también señala que ambas cámaras votarán por una enmienda constitucional que obligue al gobierno a mantener un presupuesto balanceado.
¿De qué depende que en los próximos diez años disminuya el gasto público?
La legislación introdujo un mecanismo que pretende obligar al Congreso a tomar más adelante decisiones que le permitan sanear sus finanzas. El plan crea una comisión legislativa que tiene que presentar al Congreso, a finales de año, una propuesta amplia de cortes al presupuesto. El Congreso podrá aceptarlos o rechazarlos, no modificarlos. Si la Comisión no presenta recortes o el Congreso no autoriza los cambios propuestos, se recortará de manera automática, principalmente el gasto del Departamento de la Defensa.
Ese es, en términos generales, el acuerdo al que llegaron y me parece importante hacer los siguientes señalamientos.
El acuerdo le da tranquilidad temporal a los mercados y a quienes reciben algún cheque del gobierno de los Estados Unidos. Pero no es, por mucho, la solución integral que requieren las finanzas públicas norteamericanas. En cierto sentido, lo que se ha hecho es posponer las decisiones difíciles para otro momento.
En el mediano plazo, Estados Unidos necesita una reforma fiscal que permita aumentar los recursos públicos y que elimine privilegios, exenciones y tratos especiales. Esto se puede hacer con un impuesto de tasa única que aplique a personas físicas y morales después de cierto nivel de ingreso.
En el largo plazo, Estados Unidos necesita reformar el modelo de estado de bienestar que ha construido, en particular con el sistema de seguridad social y los servicios de salud. El estado de bienestar es una de las características fundamentales del modelo de desarrollo que aplican muchos países y mediante el cual el gobierno protege a la población de riesgos como el desempleo, edad, accidentes y la pobreza. Este modelo se está tambaleando porque, dado el cambio en el perfil demográfico de la población, ha aumentado los recursos financieros que se requieren para mantenerlo y ha disminuido el número de contribuyentes que los aportan.
Lo que requiere Estados Unidos es modificar las reglas de su sistema de estado de bienestar y garantizar su sustentabilidad financiera (entre ellas aumentar la edad de retiro de quienes están en el mercado laboral y, también, modificar el esquema de provisión de servicios de salud a la población mayor).
Este es uno de los principales retos de nuestra época. Hoy, Europa vive una crisis porque no tomó las decisiones a tiempo; de seguir la misma ruta, esto será un problema muy serio en varios años en Estados Unidos y, en algunas décadas, lo será en México.
Para concluir, pongo sobre la mesa una preocupación sobre la manera en que se hacen los ajustes financieros y más después de ver que el acuerdo que eleva el techo de la deuda de Washington no toca el problema de fondo.
Parecería que, en las democracias, los sistemas políticos solamente procesan cambios de esta naturaleza con la crisis llega. Los problemas se conocen de antemano pero, con todo y eso, las instituciones no logran anticiparse a los problemas. Sabemos que se necesitarán más impuestos para financiar compromisos de gasto pero no hay voluntad política para aumentarlos; sabemos que es necesario reducir beneficios pero no nos atrevemos a modificar los esquemas. Nuestras democracias no parecen resolver estos problemas sin que llegue la crisis y, hasta ese momentom, la realidad y el contexto impone las decisiones que se pudieron haber tomado, sin tanto dolor, años y décadas antes.
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2 de agosto de 2011
1 de agosto de 2011
Una lámina del acuerdo para subir el techo del endeudamiento
Vía Ezra Klein, analista de políticas públicas del Washington Post, una lámina sencilla del acuerdo político que permitirá subir el techo del endeudamiento del gobierno norteamericano.
Aquí la fuente.
Aquí una versión más grande..
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Aquí la fuente.
Aquí una versión más grande..
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15 de noviembre de 2010
Recomendaciones para reducir el déficit fiscal en los Estados Unidos
Hace varios meses, el Presidente Barack Obama creó una comisión bipartidista con el propósito de que dicho cuerpo colegiado presentara al Presidente y al Congreso una serie de recomendaciones para reducir el enorme déficit fiscal norteamericano. Aquí la información relevante.
La semana pasada, los co-presidentes de la Comisión presentaron un borrador de las propuestas que someterán a consideración de la misma. Aquí la noticia, via el Washington Post.
Las recomendaciones incluyen recortes a programas vigentes, propuestas de reforma al sistema tributario (pago de impuestos) y cambios al sistema de seguridad social. Aquí encuentras las recomendaciones.
Los temas que han puesto sobre la mesa los co-presidentes influirán en la discusión política y económica en los Estados Unidos. Es importante seguir la discusión y sus consecuencias en virtud de que la economía del vecino del norte es, por desfortuna e inacción legislativa en México, la parte más dinámica de la economía mexicana.
En los próximos días comentaremos más del tema.
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La semana pasada, los co-presidentes de la Comisión presentaron un borrador de las propuestas que someterán a consideración de la misma. Aquí la noticia, via el Washington Post.
Las recomendaciones incluyen recortes a programas vigentes, propuestas de reforma al sistema tributario (pago de impuestos) y cambios al sistema de seguridad social. Aquí encuentras las recomendaciones.
Los temas que han puesto sobre la mesa los co-presidentes influirán en la discusión política y económica en los Estados Unidos. Es importante seguir la discusión y sus consecuencias en virtud de que la economía del vecino del norte es, por desfortuna e inacción legislativa en México, la parte más dinámica de la economía mexicana.
En los próximos días comentaremos más del tema.
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26 de octubre de 2010
Sobre el plan de austeridad y ajuste presupuestal en el Reino Unido
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 26 de octubre a las 7:40 AM.
La semana pasada el gobierno británico informó al Parlamento su programa de ajuste presupuestal con el cual busca reducir el enorme déficit público en aquel país.
El déficit representa el 11.5 por ciento del PIB. Es una cifra muy alta. Si revisamos los documentos fundacionales de la Unión Europea encontraremos que la recomendación y el compromiso de los países que la integran es de mantener un déficit por debajo del 3 por ciento del PIB.
El año pasado el déficit en el Reino Unido alcanzó los 156 mil millones de libras.
Como sucede en otros países, el estado británico tenía compromisos de gasto pero no recaudaba lo necesario. Antes del programa de ajuste anunciado, de cada 4 libras de gasto público, una libra (es decir, 25 por ciento) provenía de endeudamiento y se trasladaba al déficit.
El programa que presentó el Canciller (el equivalente al Secretario de Hacienda) establece una serie de reducciones equivalentes a 83 mil millones de libras que se implementarán gradualmente en los próximos 5 años.
En términos de empleos, las propias estimaciones gubernamentales hablan de una reducción de 490 mil plazas. Esto no significa que vayan a correr a los trabajadores en estos días. No. Simplemente, cuando haya jubilaciones o retiros, se congelarán las plazas y se reasignarán las funciones al personal ya existente.
La estrategia de reducción del déficit incluye otros elementos importantes: uno, reformas administrativas que buscan hacer más eficiente la provisión de servicios públicos; y dos, nuevas fuentes de ingreso, como el aumento del impuesto al valor agregado y la creación de un impuesto a los bancos.
En este sentido, el programa de ajuste que presenta el gobierno británico es amplio y serio porque ofrece una combinación de instrumentos (reducción de gastos, reformas administrativas y aumento de impuestos) para reducir el déficit.
Este tipo de programas con un enfoque más integral no se ven muy seguido. Es mucho más frecuente ver como los gobiernos prefieren reducir el déficit únicamente eliminando gasto o recortando impuestos (bajo el argumento de que esto reactivará la economía y, a la larga, mayores ingresos tributarios).
Veamos lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos.
Nuestro vecino del norte también tiene un problema con el déficit que viene creciendo de manera alarmante. No está al nivel todavía de la Gran Bretaña o Grecia, pero de seguir la tendencia, no faltan muchos años para que una crisis les obligue a resolverlo.
¿Lo están intentando resolver? No parece.
En Washington, ni las autoridades hacendarias, ni la Reserva Federal, ni los republicanos en sus discursos de campaña, hablan de aumentar impuestos y reducir gastos. Por el contrario, dominan las voces que proponen otra ronda de estímulos o más reducciones fiscales.
Es paradójico que en Estados Unidos se sigue la receta keynesiana de curar los problemas vía el gasto, mientras que en el país natal de Keynes, el camino ya fue desechado.
¿Qué podemos aprender de lo que está sucediendo en la Gran Bretaña?
La primera lección es que no hay un problema que el Estado gaste, el problema surge cuando no recauda lo necesario. Existen tres maneras de financiar el gasto: impuestos, deuda o impresión de dinero. De las tres, la correcta son los impuestos. Un gobierno no puede gastar lo que no tiene.
Otra lección es que probablemente los rasgos culturales si influyen. A los británicos les gusta decir que ellos son estoicos, es decir fuertes y ecuánimes ante la desgracia. Algo de eso estamos viendo. Según las encuestas, el electorado apoya los ajustes. A muchos les sorprenderá saber que en este país, como en Francia, se aumentó la edad de retiro, pero en el Reino Unido no vemos las mismas marchas y manifestaciones.
Por otro lado, influye que el gobierno británico es nuevo. Fue electo en mayo y tan pronto llegó al poder hizo un diagnóstico de la situación y no permitió que pasara mucho tiempo para presentar sus recomendaciones. El gobierno todavía no se desgasta, tiene autoridad moral, tiene un bono democrático y esto le permite tomar decisiones difíciles. La lección es que las decisiones difíciles tienen que tomarse pronto y rápido.
Y un último factor es la existencia de más de un partido político dispuesto a implementar el programa de ajuste. El gobierno británico está conformado por una coalición del partido mayoritario (los conservadores), con el tercer partido más grande (los demócratas liberales) y el que vayan juntos los protege políticamente en el futuro.
Esto recuerda algo que ya hemos mencionado (aunque aplicado a sistemas presidenciales): es bueno tener un gobierno competente, pero también es muy importante una oposición responsable dispuesta también a compartir los costos políticos de decisiones complejas.
En la Gran Bretaña esto sucedió y, en mi opinión, ha contribuido a la presentación y aceptación del electorado de un programa de reformas complejo y doloroso.
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La semana pasada el gobierno británico informó al Parlamento su programa de ajuste presupuestal con el cual busca reducir el enorme déficit público en aquel país.
El déficit representa el 11.5 por ciento del PIB. Es una cifra muy alta. Si revisamos los documentos fundacionales de la Unión Europea encontraremos que la recomendación y el compromiso de los países que la integran es de mantener un déficit por debajo del 3 por ciento del PIB.
El año pasado el déficit en el Reino Unido alcanzó los 156 mil millones de libras.
Como sucede en otros países, el estado británico tenía compromisos de gasto pero no recaudaba lo necesario. Antes del programa de ajuste anunciado, de cada 4 libras de gasto público, una libra (es decir, 25 por ciento) provenía de endeudamiento y se trasladaba al déficit.
El programa que presentó el Canciller (el equivalente al Secretario de Hacienda) establece una serie de reducciones equivalentes a 83 mil millones de libras que se implementarán gradualmente en los próximos 5 años.
En términos de empleos, las propias estimaciones gubernamentales hablan de una reducción de 490 mil plazas. Esto no significa que vayan a correr a los trabajadores en estos días. No. Simplemente, cuando haya jubilaciones o retiros, se congelarán las plazas y se reasignarán las funciones al personal ya existente.
La estrategia de reducción del déficit incluye otros elementos importantes: uno, reformas administrativas que buscan hacer más eficiente la provisión de servicios públicos; y dos, nuevas fuentes de ingreso, como el aumento del impuesto al valor agregado y la creación de un impuesto a los bancos.
En este sentido, el programa de ajuste que presenta el gobierno británico es amplio y serio porque ofrece una combinación de instrumentos (reducción de gastos, reformas administrativas y aumento de impuestos) para reducir el déficit.
Este tipo de programas con un enfoque más integral no se ven muy seguido. Es mucho más frecuente ver como los gobiernos prefieren reducir el déficit únicamente eliminando gasto o recortando impuestos (bajo el argumento de que esto reactivará la economía y, a la larga, mayores ingresos tributarios).
Veamos lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos.
Nuestro vecino del norte también tiene un problema con el déficit que viene creciendo de manera alarmante. No está al nivel todavía de la Gran Bretaña o Grecia, pero de seguir la tendencia, no faltan muchos años para que una crisis les obligue a resolverlo.
¿Lo están intentando resolver? No parece.
En Washington, ni las autoridades hacendarias, ni la Reserva Federal, ni los republicanos en sus discursos de campaña, hablan de aumentar impuestos y reducir gastos. Por el contrario, dominan las voces que proponen otra ronda de estímulos o más reducciones fiscales.
Es paradójico que en Estados Unidos se sigue la receta keynesiana de curar los problemas vía el gasto, mientras que en el país natal de Keynes, el camino ya fue desechado.
¿Qué podemos aprender de lo que está sucediendo en la Gran Bretaña?
La primera lección es que no hay un problema que el Estado gaste, el problema surge cuando no recauda lo necesario. Existen tres maneras de financiar el gasto: impuestos, deuda o impresión de dinero. De las tres, la correcta son los impuestos. Un gobierno no puede gastar lo que no tiene.
Otra lección es que probablemente los rasgos culturales si influyen. A los británicos les gusta decir que ellos son estoicos, es decir fuertes y ecuánimes ante la desgracia. Algo de eso estamos viendo. Según las encuestas, el electorado apoya los ajustes. A muchos les sorprenderá saber que en este país, como en Francia, se aumentó la edad de retiro, pero en el Reino Unido no vemos las mismas marchas y manifestaciones.
Por otro lado, influye que el gobierno británico es nuevo. Fue electo en mayo y tan pronto llegó al poder hizo un diagnóstico de la situación y no permitió que pasara mucho tiempo para presentar sus recomendaciones. El gobierno todavía no se desgasta, tiene autoridad moral, tiene un bono democrático y esto le permite tomar decisiones difíciles. La lección es que las decisiones difíciles tienen que tomarse pronto y rápido.
Y un último factor es la existencia de más de un partido político dispuesto a implementar el programa de ajuste. El gobierno británico está conformado por una coalición del partido mayoritario (los conservadores), con el tercer partido más grande (los demócratas liberales) y el que vayan juntos los protege políticamente en el futuro.
Esto recuerda algo que ya hemos mencionado (aunque aplicado a sistemas presidenciales): es bueno tener un gobierno competente, pero también es muy importante una oposición responsable dispuesta también a compartir los costos políticos de decisiones complejas.
En la Gran Bretaña esto sucedió y, en mi opinión, ha contribuido a la presentación y aceptación del electorado de un programa de reformas complejo y doloroso.
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23 de octubre de 2010
Datos sobre la Ley de Ingresos 2011
En su columna del viernes (Nadando en dinero), Enrique Quintana ofrece algunos datos y reflexiones interesantes de la Ley de Ingresos 2011.
Aquí el artículo original.
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- Si la Cámara de Senadores aprueba la Ley de Ingresos, tendremos el presupuesto más alto en la historia.
- Son 3 billones 439 mil millones de pesos, que representarán el 24.3 por ciento del PIB, de acuerdo con las proyecciones revisadas por los diputados.
- El aumento respecto a lo aprobado en 2010 es de 2 por ciento en términos reales.
- Respecto al último año de la Administración Fox, el incremento será de 33 por ciento en términos reales. Y en relación con el último año del Gobierno de Zedillo, resulta que el aumento sería de 81 por ciento en términos reales.
- Las obligadas comparaciones internacionales nos dicen que hay muchos países que tienen ingresos públicos superiores a México (si los comparamos con el PIB) y han tenido un desempeño económico mucho mejor en el largo plazo, como buena parte de los países europeos. Pero también hay naciones cuyos estados manejan menos recursos, como algunos asiáticos, que también tienen un muy buen desempeño.
- La experiencia mexicana reciente indica que aunque crezcan de modo muy importante los ingresos públicos, como de hecho ocurrió, ni se resuelven los problemas sociales ni tampoco los de infraestructura, ni los de gobierno o seguridad, que son a los que hipotéticamente apunta el gasto público.
- Si, por un milagro, de repente el sector público mexicano contara con recursos que duplican los actuales y estuvieran en niveles equiparables a los que tienen los países nórdicos, puede usted apostar a que habría una enorme dilapidación de ese dinero.
Aquí el artículo original.
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5 de octubre de 2010
El manejo de algunas haciendas estatales las convierten en bombas de tiempo
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 5 de octubre a las 7:40 AM.
Hace algunos días, el Secretario de Hacienda compareció en la Cámara de Diputados e informó a los legisladores sobre el crecimiento de la deuda pública de las entidades federativas. Cordero mencionó que, en menos de dos años, de diciembre del 2008 a junio del 2010, el saldo de la deuda pública de los estados creció 33 por ciento pasando de 203 a 270 mil millones de pesos. En algunos estados, durante el mismo período, la deuda publica aumentó más del 100 por ciento.
Los estados han contratado esta deuda con bancos comerciales, la banca de desarrollo y con emisiones bursátiles. La deuda se respalda con los ingresos que, en los próximos años, las entidades recibirán vía participaciones federales. Las participaciones son los recursos que la federación recauda vía impuestos federales (como el IVA, el ISR) y los transfiere a los estados.
Si bien uno podría señalar que, en términos globales, el nivel de la deuda es todavía manejable, el problema radica en que no existen controles adecuados y que los estados tienen un amplio margen de maniobra para endeudarse.
Desafortunadamente, en mi opinión, el sistema nacional de coordinación fiscal se ha relajado en este sentido. No hemos aprendido de los errores del pasado al no imponernos controles estrictos para contratar deuda. Los controles y los obstáculos son necesarios porque existe una tendencia prácticamente natural entre los gobernantes a gastar más de lo que ingresan. Los gobernantes no son los únicos responsables. También los electores lo somos pues exigimos cada vez más y mejores servicios públicos y no parecemos estar dispuestos a contribuir lo necesario.
Si bien no resuelve el problema de fondo, un buen paso sería el establecimiento de un tope legal, un límite, al endeudamiento de los estados y municipios. Los gobernantes no tienen un incentivo al autocontrol y por ello es necesario legislarlo.
El endeudamiento de las entidades federativas es parte de un problema más amplio: los estados son excesivamente dependientes de las transferencias federales y la generación de ingresos propios es muy reducida. En promedio, las haciendas estatales solo captan el 10% de sus ingresos totales.
¿Qué explica esta situación?
El proceso de descentralización del gasto público en México ha fomentado un problema de paternalismo tributario por parte del gobierno federal hacia los estados. La federación ha transferido el gasto, pero no la facultad para cobrar impuestos. Además, los gobernadores y las tesorerías estatales no tienen incentivos para una mayor independencia financiera ya que una mayor autonomía traería consigo la necesidad de mejorar el proceso de rendición de cuentas.
¿Cómo podemos resolverlo? La respuesta es sencilla: que los estados y municipios generen ingresos propios y así fortalecer sus bases tributarias. Si tienen margen de maniobra. Un conocido estudio de finanzas públicas señala que los estados disponen de un potencial de recaudación que no explotan en el impuesto predial. Ahora, si los impuestos locales van a aumentar, considero que debería de acompañarse con un ajuste o una reducción de los impuestos federales que hoy pagan los mexicanos.
Hoy en día, año con año, regresamos a la discusión si el IVA debe o no aumentar. La discusión fiscal se limita a eso. Esto es una visión incompleta. La manera correcta de entrarle a una discusión de reforma fiscal es buscar, como uno de los objetivos principales, que las instancias que ejercen el gasto tengan mayor capacidad para generar sus propios ingresos. En otras palabras, cuando hablemos de reforma fiscal deberíamos hablar no solo de impuestos federales, sino también de impuestos estatales y locales.
Existen otros problemas con las finanzas públicas estatales que simplemente mencionaré por cuestiones de tiempo.
No tenemos, por ejemplo, un sistema contabilidad gubernamental para los estados. En consecuencia, el presupuesto de los estados se construye de manera distinta y es prácticamente imposible hacer una comparación.
Tenemos también un serio problema de opacidad a nivel estatal. A nivel federal hay avances importantes en el tema de transparencia. En los estados hay muy pocos avances. En muchos lugares existe una subordinación política y presupuesta de las comisiones de transparencia.
Un tercer foco amarillo o rojo, dependiendo del estado, son los sistemas de pensiones y jubilaciones estatales. Los pasivos contingentes implican un riesgo que, en el mediano plazo, varios gobiernos locales tendrán que enfrentar. Hay, estados, como Veracruz, en donde las reservas del sistema de pensiones local se terminan, según estudios actuariales, en los próximos doce meses.
En fin, esto es un bosquejo general de un problema complejo y por sus implicaciones, muy importante: las haciendas estatales no las manejamos adecuadamente. Los estados aumentan sus compromisos de gasto y no fortalecen su capacidad recaudatoria. Por ello recurren a salidas fáciles como la contratación de deuda o a salidas indebidas como la opacidad. Este manejo conduce a una bomba de tiempo.
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Hace algunos días, el Secretario de Hacienda compareció en la Cámara de Diputados e informó a los legisladores sobre el crecimiento de la deuda pública de las entidades federativas. Cordero mencionó que, en menos de dos años, de diciembre del 2008 a junio del 2010, el saldo de la deuda pública de los estados creció 33 por ciento pasando de 203 a 270 mil millones de pesos. En algunos estados, durante el mismo período, la deuda publica aumentó más del 100 por ciento.
Los estados han contratado esta deuda con bancos comerciales, la banca de desarrollo y con emisiones bursátiles. La deuda se respalda con los ingresos que, en los próximos años, las entidades recibirán vía participaciones federales. Las participaciones son los recursos que la federación recauda vía impuestos federales (como el IVA, el ISR) y los transfiere a los estados.
Si bien uno podría señalar que, en términos globales, el nivel de la deuda es todavía manejable, el problema radica en que no existen controles adecuados y que los estados tienen un amplio margen de maniobra para endeudarse.
Desafortunadamente, en mi opinión, el sistema nacional de coordinación fiscal se ha relajado en este sentido. No hemos aprendido de los errores del pasado al no imponernos controles estrictos para contratar deuda. Los controles y los obstáculos son necesarios porque existe una tendencia prácticamente natural entre los gobernantes a gastar más de lo que ingresan. Los gobernantes no son los únicos responsables. También los electores lo somos pues exigimos cada vez más y mejores servicios públicos y no parecemos estar dispuestos a contribuir lo necesario.
Si bien no resuelve el problema de fondo, un buen paso sería el establecimiento de un tope legal, un límite, al endeudamiento de los estados y municipios. Los gobernantes no tienen un incentivo al autocontrol y por ello es necesario legislarlo.
El endeudamiento de las entidades federativas es parte de un problema más amplio: los estados son excesivamente dependientes de las transferencias federales y la generación de ingresos propios es muy reducida. En promedio, las haciendas estatales solo captan el 10% de sus ingresos totales.
¿Qué explica esta situación?
El proceso de descentralización del gasto público en México ha fomentado un problema de paternalismo tributario por parte del gobierno federal hacia los estados. La federación ha transferido el gasto, pero no la facultad para cobrar impuestos. Además, los gobernadores y las tesorerías estatales no tienen incentivos para una mayor independencia financiera ya que una mayor autonomía traería consigo la necesidad de mejorar el proceso de rendición de cuentas.
¿Cómo podemos resolverlo? La respuesta es sencilla: que los estados y municipios generen ingresos propios y así fortalecer sus bases tributarias. Si tienen margen de maniobra. Un conocido estudio de finanzas públicas señala que los estados disponen de un potencial de recaudación que no explotan en el impuesto predial. Ahora, si los impuestos locales van a aumentar, considero que debería de acompañarse con un ajuste o una reducción de los impuestos federales que hoy pagan los mexicanos.
Hoy en día, año con año, regresamos a la discusión si el IVA debe o no aumentar. La discusión fiscal se limita a eso. Esto es una visión incompleta. La manera correcta de entrarle a una discusión de reforma fiscal es buscar, como uno de los objetivos principales, que las instancias que ejercen el gasto tengan mayor capacidad para generar sus propios ingresos. En otras palabras, cuando hablemos de reforma fiscal deberíamos hablar no solo de impuestos federales, sino también de impuestos estatales y locales.
Existen otros problemas con las finanzas públicas estatales que simplemente mencionaré por cuestiones de tiempo.
No tenemos, por ejemplo, un sistema contabilidad gubernamental para los estados. En consecuencia, el presupuesto de los estados se construye de manera distinta y es prácticamente imposible hacer una comparación.
Tenemos también un serio problema de opacidad a nivel estatal. A nivel federal hay avances importantes en el tema de transparencia. En los estados hay muy pocos avances. En muchos lugares existe una subordinación política y presupuesta de las comisiones de transparencia.
Un tercer foco amarillo o rojo, dependiendo del estado, son los sistemas de pensiones y jubilaciones estatales. Los pasivos contingentes implican un riesgo que, en el mediano plazo, varios gobiernos locales tendrán que enfrentar. Hay, estados, como Veracruz, en donde las reservas del sistema de pensiones local se terminan, según estudios actuariales, en los próximos doce meses.
En fin, esto es un bosquejo general de un problema complejo y por sus implicaciones, muy importante: las haciendas estatales no las manejamos adecuadamente. Los estados aumentan sus compromisos de gasto y no fortalecen su capacidad recaudatoria. Por ello recurren a salidas fáciles como la contratación de deuda o a salidas indebidas como la opacidad. Este manejo conduce a una bomba de tiempo.
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20 de septiembre de 2010
La justicia y su costo presupuestal
Un interesante artículo publicado el fin de semana en el New York Times relata como, desde hace varias semanas, en el estado de Missouri (en el centro de los Estados Unidos) los jueces deben considerar el costo presupuestal de la sentencia que vayan a dictarle a los delincuentes o criminales.
Aquí un párrafo que resume la nueva disposición:
Missouri es el único estado con una disposición de esta naturaleza y su incorporación ha generado una interesante polémica.
En pro de la medida están, por ejemplo, abogados defensores y grupos de contribuyentes que consideran que la cárcel, como castigo, está siendo utilizado de manera indiscriminada por los jueces; por el otro lado, en contra de la medida, se han pronunciado grupos como los fiscales (o ministerios públicos) que argumentan que consideraciones presupuestales no tienen lugar cuando se sentencia a criminales o delincuentes.
Aquí el artículo que presenta, de manera nítida, las circunstancias que explican esta nueva medida y el debate de política pública que se está generando alrededor de la misma.
...
Aquí un párrafo que resume la nueva disposición:
... For someone convicted of endangering the welfare of a child, for instance, a judge might now learn that a three-year prison sentence would run more than $37,000 while probation would cost $6,770. A second-degree robber, a judge could be told, would carry a price tag of less than $9,000 for five years of intensive probation, but more than $50,000 for a comparable prison sentence and parole afterward. The bill for a murderer’s 30-year prison term: $504,690...
Missouri es el único estado con una disposición de esta naturaleza y su incorporación ha generado una interesante polémica.
En pro de la medida están, por ejemplo, abogados defensores y grupos de contribuyentes que consideran que la cárcel, como castigo, está siendo utilizado de manera indiscriminada por los jueces; por el otro lado, en contra de la medida, se han pronunciado grupos como los fiscales (o ministerios públicos) que argumentan que consideraciones presupuestales no tienen lugar cuando se sentencia a criminales o delincuentes.
Aquí el artículo que presenta, de manera nítida, las circunstancias que explican esta nueva medida y el debate de política pública que se está generando alrededor de la misma.
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16 de agosto de 2010
Se pelean al David
En los últimos días, las autoridades locales de Florencia y el gobierno italiano se han enfrascado en un pleito sobre la propiedad legal del David, la obra de arte de Miguel Angel que data de principios del siglo XVI y para algunos la escultura más importante del Renacimiento.
Históricamente el David ha sido 'administrado' por las autoridades municipales pero un reciente análisis legal del ministerio de cultura italiano argumenta que el estado italiano es el propietario. Aquí la nota.
Aquí unas imágenes de la obra en cuestión (del Corriere della Sera).
Por cierto, el David, que se encuentra en exhibición permanente en la Galería de la Academia de las Bellas Artes (Galleria dell Accademia di Firenze) en la impresionante ciudad toscana, genera aproximadamente 10 millones de euros en venta de boletos.
¿Tendrá esto algo que ver con la nueva opinión de las autoridades federales?
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29 de julio de 2010
Aumentando la edad de retiro
Hace varios meses, en esta entrada, señalé que para algunos "el dilema público más importante del siglo XXI" era el hecho de que, en muchos países, el número de personas retiradas ha aumentado más rápidamente que el número de trabajadores que aportan recursos a los sistemas de seguridad social. La combinación de ambos fenómenos demográficos tiene implicaciones muy serias para la sustentabilidad fiscal de los sistemas de seguridad social (y de los gobiernos en general).
Muchos analistas han afirmado que, para empezar a resolver este problema, es necesario aumentar la edad de retiro de las personas. En mi opinión, en muchos países (incluyendo México) no se ha discutido formalmente esta recomendación porque se ha considerado un tema políticamente explosivo.
Bueno, ahora en el Reino Unido, el gobierno iniciará formalmente la discusión de este polémico tema. Según lo indica el The Guardian el gobierno publicará hoy un documento con el cual iniciará formalmente la discusión del aumento de la edad de retiro de las personas. Aquí la nota.
Veo con buenos ojos la discusión. Mi impresión es que, eventualmente, el Parlamento británico aprobará legislación en la materia. Será interesante ver como esta iniciativa y la discusión se transmite poco a poco a otros países. No me queda duda que varios países europeos iniciarán su propio debate. Muchos de ellos tienen el mismo problema.
A otros países, como Estados Unidos y México, todavía les falta para llegar a ese punto. Nuestras pirámides demográficas (la distribución de edad de la población) son todavía benévolas (es cierto que no la hemos aprovechando, pero ese es otro tema), pero si será interesante seguir la discusión del tema en el Reino Unido: es un preludio de lo que después, de manera ineludible e inevitable, nos llegará.
...
Muchos analistas han afirmado que, para empezar a resolver este problema, es necesario aumentar la edad de retiro de las personas. En mi opinión, en muchos países (incluyendo México) no se ha discutido formalmente esta recomendación porque se ha considerado un tema políticamente explosivo.
Bueno, ahora en el Reino Unido, el gobierno iniciará formalmente la discusión de este polémico tema. Según lo indica el The Guardian el gobierno publicará hoy un documento con el cual iniciará formalmente la discusión del aumento de la edad de retiro de las personas. Aquí la nota.
Veo con buenos ojos la discusión. Mi impresión es que, eventualmente, el Parlamento británico aprobará legislación en la materia. Será interesante ver como esta iniciativa y la discusión se transmite poco a poco a otros países. No me queda duda que varios países europeos iniciarán su propio debate. Muchos de ellos tienen el mismo problema.
A otros países, como Estados Unidos y México, todavía les falta para llegar a ese punto. Nuestras pirámides demográficas (la distribución de edad de la población) son todavía benévolas (es cierto que no la hemos aprovechando, pero ese es otro tema), pero si será interesante seguir la discusión del tema en el Reino Unido: es un preludio de lo que después, de manera ineludible e inevitable, nos llegará.
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23 de noviembre de 2009
Sobre los premios Nobel y lo que no saben los funcionarios
Recientemente, varios Premios Nobel señalaron que el manejo económico de la crisis en nuestro país fue totalmente inadecuado. Varios funcionarios públicos 'reaccionaron' señalando que los economistas galardonados con el mayor reconocimiento de la disciplina no conocían México.
En virtud de ello, Sergio Sarmiento propone algo:
Aquí su columna (suscripción requerida).
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En virtud de ello, Sergio Sarmiento propone algo:
Los funcionarios mexicanos sostienen que todos los Premios Nobel que han cuestionado la política económica en las últimas semanas, como Robert Engle, Edmund Phelps, Erick Maskin y Joseph Stiglitz, están equivocados y no saben lo que ocurre en México. Pero quizá los errores son más bien de nuestros funcionarios, incluido el secretario de hacienda que pronosticó en febrero de 2008 que la crisis económica de Estados Unidos sólo produciría un catarrito en México. Más que hacer que los Premios Nobel lean sobre México, quizá habría que lograr que nuestros funcionarios lean sobre economía y entiendan cómo funciona.
Aquí su columna (suscripción requerida).
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20 de octubre de 2009
Otra oportunidad perdida
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió hoy martes 20 de octubre a las 7:45 AM en vivo.
El día de hoy me parece que el tema obligado es el dictamen de la Ley de Ingresos que, por la madrugada, aprobó la Comisión de Hacienda y que más tarde recibirá el visto bueno del pleno de la Cámara de Diputados.
El dictamen tiene los siguientes elementos:
En primer lugar, desaparece el impuesto del 2 por ciento que, según el nombre propuesto, se destinaría a los programas de combate a la pobreza. En segundo término, aumenta el IVA del 15 al 16 por ciento en la mayor parte del país y del 10 al 11 por ciento en la frontera. El diferencial de lo que pagan unos mexicanos con lo que contribuyen otros se mantiene en 5 puntos porcentuales y es un reconocimiento de que nuestro sistema fiscal le resta competitividad al país porque si la gente en la frontera tuviera que pagar lo que pagamos los demás, harían todas sus compras en los Estados Unidos. Pero ese es otro tema. Regresando al dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados también aprobará hoy un aumento en el precio de las gasolinas, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –en particular los impuestos a algunas bebidas alcohólicas y tecnología celular- y un aumento del Impuesto sobre la Renta.
En resumen, aumentan los impuestos para los contribuyentes que ya aportan recursos al fisco.
Un par de datos interesantes.
El primero. Un cálculo comparativo nos muestra que los contribuyentes que hoy pagan impuestos trabajan aproximadamente cinco meses y medio del año solo para cumplir con esta obligación. Si lo ponemos en términos del calendario, los ingresos totales que genera una persona física del 1° de enero al 15 de junio son para pagar las obligaciones fiscales y lo que trabaja a partir del 16 de ese mes (mediados de junio) es para satisfacer sus necesidades y la de su familia.
Segundo dato interesante. La eliminación del 2 por ciento a la pobreza y el aumento del IVA nos enseña que la oposición al impuesto propuesto originalmente se explica por la sencilla razón de que lo importante para los legisladores es quien va a gastar el dinero. El impuesto del 2 por ciento lo administraría la SEDESOL federal; el aumento del IVA se destina a una bolsa que recolecta el gobierno federal y que, en parte, distribuye a los gobiernos locales. Esto es un problema porque la entrega de recursos a los estados es sinónimo de opacidad y falta de transparencia. Si alguien quiere saber en que ejercerán los estados los recursos federales, buena suerte. Me temo que estarán perdiendo su tiempo.
Parece que estamos ante una oportunidad perdida, otra desafortunadamente, para corregir algunos de los vicios y los problemas del sistema tributario mexicano. Por cuestiones de tiempo, menciono dos.
Uno, es que el pago de impuestos corre a cargo de una minoría y no hay esfuerzos por ampliar la base gravable. Esto llama la atención porque algunos estiman que, en la economía subterránea se generan, por concepto de ISR e IVA con tasas vigentes, el equivalente a 340 mil millones de pesos. El segundo vicio del pasado y que permanecerá más tiempo con nosotros es la existencia de enormes privilegios y regímenes especiales (en el cobro del ISR, IVA, IETU, entre otros) que sucesivas legislaturas han permitido a grandes y pequeños contribuyentes. Por este concepto, el fisco pierde más de 450 mil millones de pesos.
Si el Congreso tuviera la voluntad o la fortaleza, no se cual de las dos, para modificar estos dos aspectos, podría recaudar hoy en día casi 800 mil millones de pesos sin aumentar o disminuir las tasa. Esto no solo haría más competitivo al sistema fiscal pero, más importante, considero que lo haría más justo.
Ahora, si el Congreso quisiera modificar la política fiscal y con ello darle sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas y, al mismo tiempo, alinear los incentivos que genera el sistema tributario con la promoción del trabajo, el ahorro y la inversión, ¿qué tipo de sistema deberíamos imaginar?
La política fiscal debería satisfacer, por lo menos, estos cuatro objetivos:
El día de hoy me parece que el tema obligado es el dictamen de la Ley de Ingresos que, por la madrugada, aprobó la Comisión de Hacienda y que más tarde recibirá el visto bueno del pleno de la Cámara de Diputados.
El dictamen tiene los siguientes elementos:
En primer lugar, desaparece el impuesto del 2 por ciento que, según el nombre propuesto, se destinaría a los programas de combate a la pobreza. En segundo término, aumenta el IVA del 15 al 16 por ciento en la mayor parte del país y del 10 al 11 por ciento en la frontera. El diferencial de lo que pagan unos mexicanos con lo que contribuyen otros se mantiene en 5 puntos porcentuales y es un reconocimiento de que nuestro sistema fiscal le resta competitividad al país porque si la gente en la frontera tuviera que pagar lo que pagamos los demás, harían todas sus compras en los Estados Unidos. Pero ese es otro tema. Regresando al dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados también aprobará hoy un aumento en el precio de las gasolinas, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –en particular los impuestos a algunas bebidas alcohólicas y tecnología celular- y un aumento del Impuesto sobre la Renta.
En resumen, aumentan los impuestos para los contribuyentes que ya aportan recursos al fisco.
Un par de datos interesantes.
El primero. Un cálculo comparativo nos muestra que los contribuyentes que hoy pagan impuestos trabajan aproximadamente cinco meses y medio del año solo para cumplir con esta obligación. Si lo ponemos en términos del calendario, los ingresos totales que genera una persona física del 1° de enero al 15 de junio son para pagar las obligaciones fiscales y lo que trabaja a partir del 16 de ese mes (mediados de junio) es para satisfacer sus necesidades y la de su familia.
Segundo dato interesante. La eliminación del 2 por ciento a la pobreza y el aumento del IVA nos enseña que la oposición al impuesto propuesto originalmente se explica por la sencilla razón de que lo importante para los legisladores es quien va a gastar el dinero. El impuesto del 2 por ciento lo administraría la SEDESOL federal; el aumento del IVA se destina a una bolsa que recolecta el gobierno federal y que, en parte, distribuye a los gobiernos locales. Esto es un problema porque la entrega de recursos a los estados es sinónimo de opacidad y falta de transparencia. Si alguien quiere saber en que ejercerán los estados los recursos federales, buena suerte. Me temo que estarán perdiendo su tiempo.
Parece que estamos ante una oportunidad perdida, otra desafortunadamente, para corregir algunos de los vicios y los problemas del sistema tributario mexicano. Por cuestiones de tiempo, menciono dos.
Uno, es que el pago de impuestos corre a cargo de una minoría y no hay esfuerzos por ampliar la base gravable. Esto llama la atención porque algunos estiman que, en la economía subterránea se generan, por concepto de ISR e IVA con tasas vigentes, el equivalente a 340 mil millones de pesos. El segundo vicio del pasado y que permanecerá más tiempo con nosotros es la existencia de enormes privilegios y regímenes especiales (en el cobro del ISR, IVA, IETU, entre otros) que sucesivas legislaturas han permitido a grandes y pequeños contribuyentes. Por este concepto, el fisco pierde más de 450 mil millones de pesos.
Si el Congreso tuviera la voluntad o la fortaleza, no se cual de las dos, para modificar estos dos aspectos, podría recaudar hoy en día casi 800 mil millones de pesos sin aumentar o disminuir las tasa. Esto no solo haría más competitivo al sistema fiscal pero, más importante, considero que lo haría más justo.
Ahora, si el Congreso quisiera modificar la política fiscal y con ello darle sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas y, al mismo tiempo, alinear los incentivos que genera el sistema tributario con la promoción del trabajo, el ahorro y la inversión, ¿qué tipo de sistema deberíamos imaginar?
La política fiscal debería satisfacer, por lo menos, estos cuatro objetivos:
- Simplicidad: el pago de impuestos debe ser sencillo y los costos del cumplimiento de las normas fiscales deben reducirse continuamente; de lo contrario, el universo de contribuyentes potenciales se contrae.
- Suficiencia de recursos: esto parece redundante pero desafortunadamente se olvida con frecuencia como lo demuestra el hecho de que en muchos países, incluido el nuestro, recurrimos al déficit, a la deuda, a las próximas generaciones para cubrir necesidades actuales;
- Eficiencia: el sistema tributario debe influir lo menos posible en las decisiones de los agentes económicos. Por ejemplo, no es lo óptimo que una empresa industrial en lugar de renovar su línea de producción (inversión en capital) prefiera invertir en el sector financiero simplemente porque las exenciones y los regímenes especiales en éste último hacen la inversión más rentable en el corto plazo;
- Equidad: que la distribución de las contribuciones sea lo menos injusta posible.
Partiendo del hecho de que no hay impuestos perfectos, estos objetivos pueden lograrse mediante un impuesto al consumo –un IVA- con tasas más bajas pero homogéneas (en lugar del 16, el 10 por ciento); la adopción del IETU para las personas morales y la adopción de un ISR a las personas físicas con una tasa impositiva que grave la diferencia entre los ingresos globales menos un monto fijo equivalente a la línea de pobreza de manera que los que tienen menos ingresos paguen proporcionalmente menos impuestos.
Por último, es un hecho que el gobierno requiere más recursos y que la pérdida de los ingresos petroleros derivados de nuestra dependencia histórica al sector está causando estragos en las finanzas públicas. Pero el Congreso debería mostrar más determinación –semejante a la que mostró Felipe Calderón Hinojosa liquidando Compañía de Luz y Fuerza del Centro- y enfrentar los grupos de interés y diseñar un sistema fiscal que haga más competitiva la economía del país.
La decisión que hoy ratificará el pleno de la Cámara de Diputados me parece desafortunada, no solo por el aumento de las tasas impositivas, sino principalmente porque desaprovecha otra oportunidad para modificar un sistema fiscal que, en su diseño, en su raíz, no beneficia al país.
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6 de octubre de 2009
Cambio de aires
Normalmente, los partidos en la oposición (y también los partidos en el gobierno) consideran que para llegar al poder es necesario prometer hacer X, prometer hacer Y, prometer hacer Z...
Por ello, la teoría económica de la democracia señala que los sistemas democráticos conducen, a la larga, al crecimiento del Estado (en términos del PIB) porque los partidos involucrados en las campañas electorales se dedican a prometer una enorme cantidad de bienes y servicios públicos.
Por ello, me llama la atención este hecho: en el Reino Unido, el principal partido de oposición está proponiendo un programa de austeridad considerablemente mayor que los recortes propuestos por el gobierno.
Aquí la noticia.
Lo más interesante es que las encuestas colocan a los Conservadores (oposición) por encima de los Laboristas (gobierno).
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Por ello, la teoría económica de la democracia señala que los sistemas democráticos conducen, a la larga, al crecimiento del Estado (en términos del PIB) porque los partidos involucrados en las campañas electorales se dedican a prometer una enorme cantidad de bienes y servicios públicos.
Por ello, me llama la atención este hecho: en el Reino Unido, el principal partido de oposición está proponiendo un programa de austeridad considerablemente mayor que los recortes propuestos por el gobierno.
Aquí la noticia.
Lo más interesante es que las encuestas colocan a los Conservadores (oposición) por encima de los Laboristas (gobierno).
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6 de enero de 2008
La devaluación del dólar y el precio del petróleo
La semana pasada el precio del barril del petróleo rebasó, por unos momentos, la barrera sicológica de los $100 dólares.
Las principales y tradicionales explicaciones de este hecho (sin duda, histórico) son la reducción de los inventarios de crudo en Estados Unidos, una mayor demanda del combustible en mercados como China e India y las tensiones geopolíticas en algunos países productores. Aquí una nota.
No obstante, un análisis publicado la semana pasada en el diario Wall Street Journal sugiere que la devaluación del dólar norteamericano es uno de los factores más relevantes que explican el actual precio del barril de petróleo. Para entender el argumento del periódico vale la pena observar esta gráfica:
Las principales y tradicionales explicaciones de este hecho (sin duda, histórico) son la reducción de los inventarios de crudo en Estados Unidos, una mayor demanda del combustible en mercados como China e India y las tensiones geopolíticas en algunos países productores. Aquí una nota.
No obstante, un análisis publicado la semana pasada en el diario Wall Street Journal sugiere que la devaluación del dólar norteamericano es uno de los factores más relevantes que explican el actual precio del barril de petróleo. Para entender el argumento del periódico vale la pena observar esta gráfica:
Esta gráfica señala lo siguiente:
- A partir del 2000, el precio -en dólares- del petróleo ha aumentado 3.5 veces: mientras que el barril de crudo costaba en el 2000, en promedio, $28.50 dólares, hoy cuesta aproximadamente $100 dólares.
- A partir del 2000, el precio -en euros- del petróleo se ha duplicado.
- Desde el año 2000, el precio -en oro- del petróleo se ha mantenido prácticamente igual.
En otras palabras, según el análisis elaborado por el Wall Street Journal (publicado el 4 de enero), si el dólar norteamericano no hubiera perdido su valor durante estos años y, por el contrario, se hubiera mantenido tan confiable como el oro, el precio del barril seguiría rondando los $30 dólares (y no los $100).
En conclusión, el precio del petróleo es una consecuencia no deseada (unintended consequence) del exceso de dólares en la economía resultado, a su vez, de la política monetaria de la Reserva Federal y la política fiscal norteamericana.
PD. En otra ocasión he bloggeado sobre la inflación y el precio del oro (ver aquí). El análisis del Wall Street Journal no contradice mi teoría de que la inversión más segura (para cuidar tu patrimonio) es el oro.
6 de agosto de 2007
Petróleo y finanzas públicas
Enrique Quintana titula su columna de hoy SE GESTA OTRA CRISIS PARA EL 2012. Aquí está el link a su artículo (que aparece en la sección Negocios del Periódico Reforma). En términos generales, en su artículo analiza algunas posibles implicaciones de que la producción petrolera en nuestro país continúe disminuyendo y el poder legislativo no reforme el marco constitucional y legal para permitir la coinversión de capitales públicos y privados en este sector.
Estoy de acuerdo con Quintana de que la falta de inversión afectará irremediablemente las finanzas públicas. No obstante, no puedo dejar de pensar si en realidad al país no le convendría, en un futuro, que el gobierno no dependiera del petróleo. Muchos estudiosos han hablado de la "maldición del petróleo" (en inglés, 'curse of oil'). En las últimas décadas hemos visto como los países con reservas importantes de petróleo se han caracterizado por tener, en su gran mayoría, regímenes autoritarios y/o economías disfuncionales (Noruega es una de las pocas excepciones). Aquí hay un documental de la BBC sobre el tema.
Por último, Quintana termina su artículo diciendo:
"Esperemos que la sensatez le gane a las mitologías y que en esta misma legislatura podamos ver una reforma constitucional que permita ... que Pemex pueda coinvertir con el capital privado..."
Yo preferiría que en esta legislatura veamos reformas que permitan a los gobiernos (independientemente del partido) ya no depender del petróleo para mantener las finanzas públicas. Eso sería más sano.
Estoy de acuerdo con Quintana de que la falta de inversión afectará irremediablemente las finanzas públicas. No obstante, no puedo dejar de pensar si en realidad al país no le convendría, en un futuro, que el gobierno no dependiera del petróleo. Muchos estudiosos han hablado de la "maldición del petróleo" (en inglés, 'curse of oil'). En las últimas décadas hemos visto como los países con reservas importantes de petróleo se han caracterizado por tener, en su gran mayoría, regímenes autoritarios y/o economías disfuncionales (Noruega es una de las pocas excepciones). Aquí hay un documental de la BBC sobre el tema.
Por último, Quintana termina su artículo diciendo:
"Esperemos que la sensatez le gane a las mitologías y que en esta misma legislatura podamos ver una reforma constitucional que permita ... que Pemex pueda coinvertir con el capital privado..."
Yo preferiría que en esta legislatura veamos reformas que permitan a los gobiernos (independientemente del partido) ya no depender del petróleo para mantener las finanzas públicas. Eso sería más sano.
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