Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 27 de septiembre a las 7:40 AM.
La semana pasada, en el marco de su propuesta para reactivar la economía norteamericana y reducir, al mismo tiempo, el déficit público en los Estados Unidos, el Presidente Barack Obama presentó una medida impositiva que ha acaparado la atención de la opinión pública.
Obama propone que las tasas de impuestos de quienes generan más de un millón de dólares anuales no sean menores que las tasas que paga la clase media. Esta regla se le conoce coloquialmente como “the Buffett rule”, en honor a Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos del mundo, quien hace un par de semanas escribió en un editorial en el New York Times cuestionando la lógica del sistema fiscal porque le parece injusto que el pague una tasa de impuestos inferior a la tasa que le aplica a su secretaria.
La regla Buffett suena bien pero, como ya han señalado algunos analistas, el análisis de Buffet está construido sobre supuestos que no aplican a la gran mayoría de los millonarios en los Estados Unidos.
Warren Buffett paga una menor tasa porque la mayor parte de su ingreso es por dividendos y este tipo de ingreso paga, por ley, menos impuestos (aproximadamente una tasa del 15%). Buffett recibe un salario que, dados sus ingresos por dividendos, es relativamente bajo, y por su sueldo si paga aproximadamente el doble (29% ciento). Si su ingreso por dividendos fuera menor y su salario mayor, aumentaría considerablemente la tasa real de impuestos que paga. La gran mayoría de los directivos de empresas reciben la mayor parte de su ingreso via salario y bonos de desempeño y no por dividendos. Para ellos la tasa de impuestos es mucho más alta. La realidad fiscal de Buffet es atípica y no aplica inclusive para quienes más ingresos generan.
¿Cuál ha sido la respuesta de la principal oposición? Dos críticas principalmente. La primera es que es un error aumentar impuestos en un momento de desaceleración económica y la segunda es que la propuesta, al menos como está planteanda, busca generar una guerra de clases y dividir al país en ‘pobres’ y ‘ricos’.
Dado que la propuesta tiene un fin recaudatorio, vale la pena preguntarnos si resolverá el problema del enorme déficit fiscal.
Los estudios que he tenido oportunidad de leer sugieren que aumentar la recaudación por esta vía generaría recursos pero no los suficientes. Tendría mucho más lógica, establecer una tasa única para toda la población y acompañar la medida con recortes del gasto público.
La discusión fiscal será muy interesante y le seguiremos la pista, pero si es importante hacernos una pregunta de fondo.
¿Es el sistema fiscal un mecanismo adecuado para redistribuir ingreso para reducir las diferencias entre quienes más ingresos generan y menos? ¿Podemos 'hacer justicia' a través del cobro de impuestos?
La respuesta es cercana al no y un ejemplo muy sencillo ilustra las complejidades de querer reducir desigualdades a través del cobreo (o pago) de impuestos.
Imaginemos una economía con dos personas (Juan y Silvia) y un solo servicio público (consumo de agua). Juan gana $10,000 pesos mensuales y Silvia el doble ($20,000). Al mismo tiempo, Juan consume 100 litros de agua al mes y Silvia, por su parte, consume la mitad, 50 litros al mes.
¿Quién debe pagar más? Juan tiene menos ingresos pero consume el doble; Silvia tiene mayores ingresos pero consume menos. ¿Qué es lo justo? ¿Cobrarle más a Silvia porque gana más aunque consuma menos? ¿Cobrarle a Juan que gana menos pero consume más? Obviamente no hay una respuesta correcta y si aceptamos que, en la vida real, el sistema fiscal incluye a millones de personas con distintas realidades entenderemos porque es muy difícil hacer justicia mediante sistema fiscal.
Uno de los principios básicos de un sistema fiscal es la suficiencia presupuestal, es decir, que la recaudación de impuestos sea la suficiente para pagar los gastos públicos que el electorado desea y no tener que recurrir a fuentes de financiamiento menos convenientes (como la inflación y la deuda). Si el electorado quiere más servicios, tiene que aportar más recursos; si quiere pagar poco, debe aceptar que el menú bienes y servicios es más reducido.
Si en Estados Unidos, u otro país, se quiere reducir la desigualdad o hacer justicia, no es mediante el cobro de impuestos. Un mejor camino es la provisión de algunos bienes y servicios públicos (por ejemplo, educación, salud). Estos son instrumentos más adecuados para reducir las brechas y, sobre todo, generar oportunidades de desarrollo y progreso a quienes menos tienen.
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27 de septiembre de 2011
6 de septiembre de 2011
Libia, petróleo y la 'maldición de los recursos'
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. En esta ocasión, el comentario se basa en el programa de Planet Money que mencioné ayer. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 6 de septiembre a las 7:40 AM.
En las últimas semanas, la guerra civil en Libia ha sido un asunto de interés de la agenda internacional. Si bien todavía no se encuentra a Gaddafi, su régimen de gobierno, después de cuatro décadas, ya terminó.
Existen muchas preguntas sobre lo que vendrá, incluyendo la capacidad de las nuevas autoridades para gobernar. Otra de las interrogantes se relaciona con las vastas reservas petroleras que poseen y el uso que podrían darles. Libia es el principal productor de crudo del continente africano y genera cerca del 3 por ciento de la producción mundial.
Además de ser actual, el tema es interesante porque nos permite reflexionar sobre los efectos, por lo general perniciosos, que genera la abundancia de recursos naturales.
Suena paradójico porque cuando uno escucha que un país tiene grandes reservas de recursos naturales, la primera reacción es pensar que sus habitantes son afortunados y que los recursos podrían ser una palanca del desarrollo. Pero, la experiencia, desafortunadamente, muestran que la gran mayoría de los países con recursos naturales tiene niveles de desarrollo relativamente bajos. Un análisis más profundo nos permite reconocer que la abundancia de recursos se vincula a una serie de patologías de política pública. Esta paradoja se le conoce como la maldición del recurso.
¿Cuáles son estas patologías?
La más importante es que los recursos naturales generan enormes cantidades de dinero y muchas veces esto lleva a una corrupción sistemática no únicamente en la industria sino también en el sistema político. Los recursos que provienen de esta fuente no tiene vínculos sólidos de rendición de cuentas entre autoridades y ciudadanos y se usan para beneficiar a los grupos de interés cercanos al poder.
Entonces, la pregunta ¿que debería hacer Libia para escapar la llamada ‘maldición del recurso’?
Probablemente la mejor opción es retomar reglas y procedimientos de uno de los pocos países que logró escaparse de la maldición: Noruega.
¿Qué lecciones ofrece Noruega? ¿Qué hicieron ellos para no presentar las patologías que muestran todos los países con abundantes recursos naturales?
Son varias lecciones y todas tienen que ver con las restricciones que el sistema legal y el consenso político han impuesto a todos los actores relevantes, particularmente la industria petrolera y la clase política.
Por ejemplo, por ley, a pesar de que tiene grandes reservas, Noruega limita fuertemente el número de licencias de perforación que autoriza anualmente. Esto, a pesar de la presión que, en su momento, ejercieron las empresas petroleras. En muchos países, cuando hay petróleo, la política es perforar y perforar; en Noruega, esta actividad está muy limitada. Se busca que el recurso dure muchas décadas.
La segunda lección es que las autoridades no usan el dinero producto de la venta de petróleo en programas públicos. Es decir, el ingreso petrolero no se destina a programas sociales, carreteras, escuelas, gimnasios, estadios, por mencionar algunos ejemplos.
¿Qué hacen con el dinero? Originalmente, en los setenta, lo reinvirtieron en la propia industria petrolera y así desarrollar nuevas tecnologías o mejorar las técnicas de exploración. A partir de los noventa, cuando ya no era necesario destinarlo a esos fines, decidieron guardar el dinero en un fondo de ahorro. El gobierno únicamente tiene acceso a los intereses que genera el fondo. La bolsa equivale a aproximadamente $100 mil dólares por cada noruego.
Una última lección es que existe un consenso político que el uso del dinero que resulte de la venta de petróleo, no es tema de campañas electorales. No se politiza con el petróleo.
Ahora, ¿se pueden aplicar estos mismos principios en otros países? Esa es la gran pregunta. Sin duda hay lecciones para Libia. Ese país tiene una oportunidad de rediseñar el marco institucional y, de esta manera, logre apartarse de la llamada ‘maldición de recurso’. Se antoja difícil, pero no tenemos porqué ser pesimistas. Lo que sí es un hecho es que bien harían es inspirarse en estos principios del modelo noruego.
Ya para terminar, es difícil evitar contrastar el modelo noruego con el modelo que hemos diseñado en México. Conociendo los elementos del modelo noruego es más claro entender porque, para nosotros, el petróleo no ha sido una herramienta de progreso. Peor aún, el acceso a reservas abundantes de crudo limita ha limitado la competitividad del país. Por ejemplo, la facilidad para obtener ingresos petroleros desincentiva el diseño de un sistema fiscal que genere suficientes recursos y un ambiente de negocios más competitivo.
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En las últimas semanas, la guerra civil en Libia ha sido un asunto de interés de la agenda internacional. Si bien todavía no se encuentra a Gaddafi, su régimen de gobierno, después de cuatro décadas, ya terminó.
Existen muchas preguntas sobre lo que vendrá, incluyendo la capacidad de las nuevas autoridades para gobernar. Otra de las interrogantes se relaciona con las vastas reservas petroleras que poseen y el uso que podrían darles. Libia es el principal productor de crudo del continente africano y genera cerca del 3 por ciento de la producción mundial.
Además de ser actual, el tema es interesante porque nos permite reflexionar sobre los efectos, por lo general perniciosos, que genera la abundancia de recursos naturales.
Suena paradójico porque cuando uno escucha que un país tiene grandes reservas de recursos naturales, la primera reacción es pensar que sus habitantes son afortunados y que los recursos podrían ser una palanca del desarrollo. Pero, la experiencia, desafortunadamente, muestran que la gran mayoría de los países con recursos naturales tiene niveles de desarrollo relativamente bajos. Un análisis más profundo nos permite reconocer que la abundancia de recursos se vincula a una serie de patologías de política pública. Esta paradoja se le conoce como la maldición del recurso.
¿Cuáles son estas patologías?
La más importante es que los recursos naturales generan enormes cantidades de dinero y muchas veces esto lleva a una corrupción sistemática no únicamente en la industria sino también en el sistema político. Los recursos que provienen de esta fuente no tiene vínculos sólidos de rendición de cuentas entre autoridades y ciudadanos y se usan para beneficiar a los grupos de interés cercanos al poder.
Entonces, la pregunta ¿que debería hacer Libia para escapar la llamada ‘maldición del recurso’?
Probablemente la mejor opción es retomar reglas y procedimientos de uno de los pocos países que logró escaparse de la maldición: Noruega.
¿Qué lecciones ofrece Noruega? ¿Qué hicieron ellos para no presentar las patologías que muestran todos los países con abundantes recursos naturales?
Son varias lecciones y todas tienen que ver con las restricciones que el sistema legal y el consenso político han impuesto a todos los actores relevantes, particularmente la industria petrolera y la clase política.
Por ejemplo, por ley, a pesar de que tiene grandes reservas, Noruega limita fuertemente el número de licencias de perforación que autoriza anualmente. Esto, a pesar de la presión que, en su momento, ejercieron las empresas petroleras. En muchos países, cuando hay petróleo, la política es perforar y perforar; en Noruega, esta actividad está muy limitada. Se busca que el recurso dure muchas décadas.
La segunda lección es que las autoridades no usan el dinero producto de la venta de petróleo en programas públicos. Es decir, el ingreso petrolero no se destina a programas sociales, carreteras, escuelas, gimnasios, estadios, por mencionar algunos ejemplos.
¿Qué hacen con el dinero? Originalmente, en los setenta, lo reinvirtieron en la propia industria petrolera y así desarrollar nuevas tecnologías o mejorar las técnicas de exploración. A partir de los noventa, cuando ya no era necesario destinarlo a esos fines, decidieron guardar el dinero en un fondo de ahorro. El gobierno únicamente tiene acceso a los intereses que genera el fondo. La bolsa equivale a aproximadamente $100 mil dólares por cada noruego.
Una última lección es que existe un consenso político que el uso del dinero que resulte de la venta de petróleo, no es tema de campañas electorales. No se politiza con el petróleo.
Ahora, ¿se pueden aplicar estos mismos principios en otros países? Esa es la gran pregunta. Sin duda hay lecciones para Libia. Ese país tiene una oportunidad de rediseñar el marco institucional y, de esta manera, logre apartarse de la llamada ‘maldición de recurso’. Se antoja difícil, pero no tenemos porqué ser pesimistas. Lo que sí es un hecho es que bien harían es inspirarse en estos principios del modelo noruego.
Ya para terminar, es difícil evitar contrastar el modelo noruego con el modelo que hemos diseñado en México. Conociendo los elementos del modelo noruego es más claro entender porque, para nosotros, el petróleo no ha sido una herramienta de progreso. Peor aún, el acceso a reservas abundantes de crudo limita ha limitado la competitividad del país. Por ejemplo, la facilidad para obtener ingresos petroleros desincentiva el diseño de un sistema fiscal que genere suficientes recursos y un ambiente de negocios más competitivo.
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16 de agosto de 2011
Sobre los controles de precios y salarios
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 16 de agosto a las 7:40 AM.
Ayer se conmemoró el cuarenta aniversario de una de las peores decisiones de política pública que ha tomado algún presidente de los Estados Unidos. La noche del domingo 15 de agosto de 1971, Richard Nixon –republicano y conservador- presentó por televisión una serie de medidas económicas que enorgullecerían a cualquier economista o político de corte keynesiano.
Nixon anunció que su gobierno impondría aranceles del 10 por ciento a todas las importaciones, que su país se saldría del patrón oro y, con ello, suspendía la convertibilidad del dólar a ese metal y, por último, un control de precios y salarios generalizado.
Las medidas –dijo el presidente en su discurso- serían temporales y pretendían luchar contra a los inversionistas que especulaban contra el dólar y, sobre todo, combatir los niveles de inflación que estaban aumentando considerablemente. Tanto la devaluación que implicaba salirse del patrón oro, como el aumento generalizado de los precios, eran resultado directo del excesivo gasto público resultado de la guerra de Vietnam y los programas sociales creados durante los sesenta.
El control de precios y salarios fue la medida más sorprendente porque implicaba un viraje ideológico de 180 grados del presidente Nixon. Su equipo de asesores económicos no estaba de acuerdo con la decisión. Pero, como veremos más adelante, la motivación fue principalmente política.
Desde el punto de vista técnico, los controles de precio no son un tema controvertido. La teoría y la experiencia histórica confirman que los controles generan efectos perniciosos en la economía porque distorsiona las señales que regulan la oferta y demanda de cualquier bien o servicio.
Milton Friedman decía que los economistas no saben mucho, pero –gracias a los controles de precio- si saben cómo generar escasez o excedentes.
¿Por qué?
Porque cuando el precio que impone una autoridad es menor al precio de equilibrio, se genera escasez porque la cantidad que ofrece el mercado es menor a la cantidad que demandan los consumidores. Por el otro lado, cuando el precio impuesto por la autoridad es superior al precio de equilibrio, los productores producen mucho más que lo que demanda el mercado. En este caso, hay excedentes.
No profundizo en los aspectos técnicos, pero si vale la pena señalar que los controles de precio son medidas antiguas y políticamente atractivas. Los gobernantes que congelan precios pretenden quedar bien con grupos o personas que, según esto, padecen una afectación por el movimiento natural de los precios que pueden aumentar o disminuir.
Regresando al caso de los Estados Unidos, Nixon decretó el control de precios y salarios pensando en su reelección. La inflación crecía y esto obviamente le preocupaba pues ya años atrás perdió la elección presidencial contra Kennedy, según él, por la situación económica.
En un principio, los controles moderaron la inflación pero desincentivaron la producción de bienes y servicios. Eventualmente, ante la menor oferta de bienes y servicios, los precios aumentaron y, meses después, la inflación rebasó el 12 por ciento. Un nivel sin precedentes en los Estados Unidos.
La medida fue un fracaso desde el punto de vista económico. El objetivo era reducir la inflación, pero ésta, a la larga, aumentó. No obstante, en el corto plazo permitieron que Nixon fuera reelecto.
Podemos mencionar varias lecciones del episodio, pero destaco dos.
La primera y más obvia es que los controles de precio no controlan la inflación y distorsionan y desincentivan la actividad económica productiva. Junto con la competencia, la fluctuación de precios es el mecanismo más eficiente que ha encontrado el ser humano para regular y coordinar la oferta y la demanda. Comparativos internacionales muestran que los países menos competitivos recurren con mayor frecuencia a controles de precio. Desafortunadamente, nuestro país tiene muchos precios que, por las razones que sean, son controlados y no fluctúan con libertad.
La segunda lección es que los controles de precio son medidas eminentemente políticas. Los gobernantes las adoptan cuando tienen enfrente complicaciones derivadas, precisamente, de malas decisiones económicas.
La economía y las finanzas públicas, Mario y auditorio, no deben manejarse con criterios políticos. Cuando se mezclan, el cocktail es explosivo. Nixon lo mostró hace cuarenta años y con ello inició un período de estancamiento que tomó más de una década en corregir.
Algo si debemos reconocerle a Nixon. Su decisión fue tan desastrosa que, desde entonces, a pesar de todas las crisis económicas y financieras, ninguna autoridad o político norteamericano se ha atrevido a proponer algo similar.
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Ayer se conmemoró el cuarenta aniversario de una de las peores decisiones de política pública que ha tomado algún presidente de los Estados Unidos. La noche del domingo 15 de agosto de 1971, Richard Nixon –republicano y conservador- presentó por televisión una serie de medidas económicas que enorgullecerían a cualquier economista o político de corte keynesiano.
Nixon anunció que su gobierno impondría aranceles del 10 por ciento a todas las importaciones, que su país se saldría del patrón oro y, con ello, suspendía la convertibilidad del dólar a ese metal y, por último, un control de precios y salarios generalizado.
Las medidas –dijo el presidente en su discurso- serían temporales y pretendían luchar contra a los inversionistas que especulaban contra el dólar y, sobre todo, combatir los niveles de inflación que estaban aumentando considerablemente. Tanto la devaluación que implicaba salirse del patrón oro, como el aumento generalizado de los precios, eran resultado directo del excesivo gasto público resultado de la guerra de Vietnam y los programas sociales creados durante los sesenta.
El control de precios y salarios fue la medida más sorprendente porque implicaba un viraje ideológico de 180 grados del presidente Nixon. Su equipo de asesores económicos no estaba de acuerdo con la decisión. Pero, como veremos más adelante, la motivación fue principalmente política.
Desde el punto de vista técnico, los controles de precio no son un tema controvertido. La teoría y la experiencia histórica confirman que los controles generan efectos perniciosos en la economía porque distorsiona las señales que regulan la oferta y demanda de cualquier bien o servicio.
Milton Friedman decía que los economistas no saben mucho, pero –gracias a los controles de precio- si saben cómo generar escasez o excedentes.
¿Por qué?
Porque cuando el precio que impone una autoridad es menor al precio de equilibrio, se genera escasez porque la cantidad que ofrece el mercado es menor a la cantidad que demandan los consumidores. Por el otro lado, cuando el precio impuesto por la autoridad es superior al precio de equilibrio, los productores producen mucho más que lo que demanda el mercado. En este caso, hay excedentes.
No profundizo en los aspectos técnicos, pero si vale la pena señalar que los controles de precio son medidas antiguas y políticamente atractivas. Los gobernantes que congelan precios pretenden quedar bien con grupos o personas que, según esto, padecen una afectación por el movimiento natural de los precios que pueden aumentar o disminuir.
Regresando al caso de los Estados Unidos, Nixon decretó el control de precios y salarios pensando en su reelección. La inflación crecía y esto obviamente le preocupaba pues ya años atrás perdió la elección presidencial contra Kennedy, según él, por la situación económica.
En un principio, los controles moderaron la inflación pero desincentivaron la producción de bienes y servicios. Eventualmente, ante la menor oferta de bienes y servicios, los precios aumentaron y, meses después, la inflación rebasó el 12 por ciento. Un nivel sin precedentes en los Estados Unidos.
La medida fue un fracaso desde el punto de vista económico. El objetivo era reducir la inflación, pero ésta, a la larga, aumentó. No obstante, en el corto plazo permitieron que Nixon fuera reelecto.
Podemos mencionar varias lecciones del episodio, pero destaco dos.
La primera y más obvia es que los controles de precio no controlan la inflación y distorsionan y desincentivan la actividad económica productiva. Junto con la competencia, la fluctuación de precios es el mecanismo más eficiente que ha encontrado el ser humano para regular y coordinar la oferta y la demanda. Comparativos internacionales muestran que los países menos competitivos recurren con mayor frecuencia a controles de precio. Desafortunadamente, nuestro país tiene muchos precios que, por las razones que sean, son controlados y no fluctúan con libertad.
La segunda lección es que los controles de precio son medidas eminentemente políticas. Los gobernantes las adoptan cuando tienen enfrente complicaciones derivadas, precisamente, de malas decisiones económicas.
La economía y las finanzas públicas, Mario y auditorio, no deben manejarse con criterios políticos. Cuando se mezclan, el cocktail es explosivo. Nixon lo mostró hace cuarenta años y con ello inició un período de estancamiento que tomó más de una década en corregir.
Algo si debemos reconocerle a Nixon. Su decisión fue tan desastrosa que, desde entonces, a pesar de todas las crisis económicas y financieras, ninguna autoridad o político norteamericano se ha atrevido a proponer algo similar.
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9 de agosto de 2011
¿No dijeron que la deuda norteamericana era una inversión menos segura?
La reducción de la calificación de la deuda norteamericana por parte de la empresa Standard and Poor’s anunciada el fin de semana detonó el nerviosismo y el desplome en los índices bursátiles en todo el mundo.
No obstante, la decisión de la calificadora parece un mal chiste en vista de lo que ayer sucedió en los mercados.
Los retornos que pagan los bonos del Departamento del Tesoro se colocaron en su nivel más bajo en los últimos dos años. ¿Qué significa esto? Que la demanda por los instrumentos de deuda norteamericana aumentó considerablemente porque los inversionistas dejaron sus posiciones en instrumentos de mayor riesgo (como las acciones) para refugiarse en los instrumentos seguros. En parte, por eso se desploman las bolsas de valores.
Es evidente, pues, que, a diferencia de lo que indicó la empresa Standard and Poor’s, el mercado sigue percibiendo a los Treasury Bonds como una de las inversiones más seguras en el mercado, sino es que la más segura. Los inversionistas no parecen coincidir con la opinión de la calificadora.
Esto es un extracto de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. El comentario se transmitió en vivo el martes 9 de agosto a las 7:40 AM.
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No obstante, la decisión de la calificadora parece un mal chiste en vista de lo que ayer sucedió en los mercados.
Los retornos que pagan los bonos del Departamento del Tesoro se colocaron en su nivel más bajo en los últimos dos años. ¿Qué significa esto? Que la demanda por los instrumentos de deuda norteamericana aumentó considerablemente porque los inversionistas dejaron sus posiciones en instrumentos de mayor riesgo (como las acciones) para refugiarse en los instrumentos seguros. En parte, por eso se desploman las bolsas de valores.
Es evidente, pues, que, a diferencia de lo que indicó la empresa Standard and Poor’s, el mercado sigue percibiendo a los Treasury Bonds como una de las inversiones más seguras en el mercado, sino es que la más segura. Los inversionistas no parecen coincidir con la opinión de la calificadora.
Esto es un extracto de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. El comentario se transmitió en vivo el martes 9 de agosto a las 7:40 AM.
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2 de agosto de 2011
Sobre el acuerdo para elevar el techo del endeudamiento
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que normalmente conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 2 de agosto a las 7:40 AM.
Como lo anticipamos en semanas anteriores, el Congreso norteamericano logró un acuerdo que permite aumentar el nivel de deuda del gobierno.
Ayer por la noche, la Cámara de Representantes aprobó una serie de medidas que hoy se votarán en el Senado y que podrían ser firmadas por el presidente Obama hoy por la tarde. La sesión terminó siendo muy emotiva porque llegó de manera sorpresiva para emitir su voto a favor la congresista Gabrielle Giffords quien sufrió un intento de asesinato en Arizona el mes de enero.
¿En qué consiste el plan?
El plan eleva el techo de la deuda en 900 mil millones de dólares y, a cambio, se reduce el gasto público para en este año fiscal en un trillón de dólares (es decir un millón de millones de dólares), principalmente el asociado a la ‘seguridad’ y, en una segunda fase, en los próximos diez años, la posibilidad de recortar hasta un trillón y medio de dólares (es decir millón y medio de millones de dólares.) El acuerdo también señala que ambas cámaras votarán por una enmienda constitucional que obligue al gobierno a mantener un presupuesto balanceado.
¿De qué depende que en los próximos diez años disminuya el gasto público?
La legislación introdujo un mecanismo que pretende obligar al Congreso a tomar más adelante decisiones que le permitan sanear sus finanzas. El plan crea una comisión legislativa que tiene que presentar al Congreso, a finales de año, una propuesta amplia de cortes al presupuesto. El Congreso podrá aceptarlos o rechazarlos, no modificarlos. Si la Comisión no presenta recortes o el Congreso no autoriza los cambios propuestos, se recortará de manera automática, principalmente el gasto del Departamento de la Defensa.
Ese es, en términos generales, el acuerdo al que llegaron y me parece importante hacer los siguientes señalamientos.
El acuerdo le da tranquilidad temporal a los mercados y a quienes reciben algún cheque del gobierno de los Estados Unidos. Pero no es, por mucho, la solución integral que requieren las finanzas públicas norteamericanas. En cierto sentido, lo que se ha hecho es posponer las decisiones difíciles para otro momento.
En el mediano plazo, Estados Unidos necesita una reforma fiscal que permita aumentar los recursos públicos y que elimine privilegios, exenciones y tratos especiales. Esto se puede hacer con un impuesto de tasa única que aplique a personas físicas y morales después de cierto nivel de ingreso.
En el largo plazo, Estados Unidos necesita reformar el modelo de estado de bienestar que ha construido, en particular con el sistema de seguridad social y los servicios de salud. El estado de bienestar es una de las características fundamentales del modelo de desarrollo que aplican muchos países y mediante el cual el gobierno protege a la población de riesgos como el desempleo, edad, accidentes y la pobreza. Este modelo se está tambaleando porque, dado el cambio en el perfil demográfico de la población, ha aumentado los recursos financieros que se requieren para mantenerlo y ha disminuido el número de contribuyentes que los aportan.
Lo que requiere Estados Unidos es modificar las reglas de su sistema de estado de bienestar y garantizar su sustentabilidad financiera (entre ellas aumentar la edad de retiro de quienes están en el mercado laboral y, también, modificar el esquema de provisión de servicios de salud a la población mayor).
Este es uno de los principales retos de nuestra época. Hoy, Europa vive una crisis porque no tomó las decisiones a tiempo; de seguir la misma ruta, esto será un problema muy serio en varios años en Estados Unidos y, en algunas décadas, lo será en México.
Para concluir, pongo sobre la mesa una preocupación sobre la manera en que se hacen los ajustes financieros y más después de ver que el acuerdo que eleva el techo de la deuda de Washington no toca el problema de fondo.
Parecería que, en las democracias, los sistemas políticos solamente procesan cambios de esta naturaleza con la crisis llega. Los problemas se conocen de antemano pero, con todo y eso, las instituciones no logran anticiparse a los problemas. Sabemos que se necesitarán más impuestos para financiar compromisos de gasto pero no hay voluntad política para aumentarlos; sabemos que es necesario reducir beneficios pero no nos atrevemos a modificar los esquemas. Nuestras democracias no parecen resolver estos problemas sin que llegue la crisis y, hasta ese momentom, la realidad y el contexto impone las decisiones que se pudieron haber tomado, sin tanto dolor, años y décadas antes.
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Como lo anticipamos en semanas anteriores, el Congreso norteamericano logró un acuerdo que permite aumentar el nivel de deuda del gobierno.
Ayer por la noche, la Cámara de Representantes aprobó una serie de medidas que hoy se votarán en el Senado y que podrían ser firmadas por el presidente Obama hoy por la tarde. La sesión terminó siendo muy emotiva porque llegó de manera sorpresiva para emitir su voto a favor la congresista Gabrielle Giffords quien sufrió un intento de asesinato en Arizona el mes de enero.
¿En qué consiste el plan?
El plan eleva el techo de la deuda en 900 mil millones de dólares y, a cambio, se reduce el gasto público para en este año fiscal en un trillón de dólares (es decir un millón de millones de dólares), principalmente el asociado a la ‘seguridad’ y, en una segunda fase, en los próximos diez años, la posibilidad de recortar hasta un trillón y medio de dólares (es decir millón y medio de millones de dólares.) El acuerdo también señala que ambas cámaras votarán por una enmienda constitucional que obligue al gobierno a mantener un presupuesto balanceado.
¿De qué depende que en los próximos diez años disminuya el gasto público?
La legislación introdujo un mecanismo que pretende obligar al Congreso a tomar más adelante decisiones que le permitan sanear sus finanzas. El plan crea una comisión legislativa que tiene que presentar al Congreso, a finales de año, una propuesta amplia de cortes al presupuesto. El Congreso podrá aceptarlos o rechazarlos, no modificarlos. Si la Comisión no presenta recortes o el Congreso no autoriza los cambios propuestos, se recortará de manera automática, principalmente el gasto del Departamento de la Defensa.
Ese es, en términos generales, el acuerdo al que llegaron y me parece importante hacer los siguientes señalamientos.
El acuerdo le da tranquilidad temporal a los mercados y a quienes reciben algún cheque del gobierno de los Estados Unidos. Pero no es, por mucho, la solución integral que requieren las finanzas públicas norteamericanas. En cierto sentido, lo que se ha hecho es posponer las decisiones difíciles para otro momento.
En el mediano plazo, Estados Unidos necesita una reforma fiscal que permita aumentar los recursos públicos y que elimine privilegios, exenciones y tratos especiales. Esto se puede hacer con un impuesto de tasa única que aplique a personas físicas y morales después de cierto nivel de ingreso.
En el largo plazo, Estados Unidos necesita reformar el modelo de estado de bienestar que ha construido, en particular con el sistema de seguridad social y los servicios de salud. El estado de bienestar es una de las características fundamentales del modelo de desarrollo que aplican muchos países y mediante el cual el gobierno protege a la población de riesgos como el desempleo, edad, accidentes y la pobreza. Este modelo se está tambaleando porque, dado el cambio en el perfil demográfico de la población, ha aumentado los recursos financieros que se requieren para mantenerlo y ha disminuido el número de contribuyentes que los aportan.
Lo que requiere Estados Unidos es modificar las reglas de su sistema de estado de bienestar y garantizar su sustentabilidad financiera (entre ellas aumentar la edad de retiro de quienes están en el mercado laboral y, también, modificar el esquema de provisión de servicios de salud a la población mayor).
Este es uno de los principales retos de nuestra época. Hoy, Europa vive una crisis porque no tomó las decisiones a tiempo; de seguir la misma ruta, esto será un problema muy serio en varios años en Estados Unidos y, en algunas décadas, lo será en México.
Para concluir, pongo sobre la mesa una preocupación sobre la manera en que se hacen los ajustes financieros y más después de ver que el acuerdo que eleva el techo de la deuda de Washington no toca el problema de fondo.
Parecería que, en las democracias, los sistemas políticos solamente procesan cambios de esta naturaleza con la crisis llega. Los problemas se conocen de antemano pero, con todo y eso, las instituciones no logran anticiparse a los problemas. Sabemos que se necesitarán más impuestos para financiar compromisos de gasto pero no hay voluntad política para aumentarlos; sabemos que es necesario reducir beneficios pero no nos atrevemos a modificar los esquemas. Nuestras democracias no parecen resolver estos problemas sin que llegue la crisis y, hasta ese momentom, la realidad y el contexto impone las decisiones que se pudieron haber tomado, sin tanto dolor, años y décadas antes.
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29 de junio de 2011
El gasto público en México aumenta la desigualdad
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que normalmente conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 28 de junio a las 7:40 AM.
El gasto público es, en teoría, el instrumento más eficaz que tiene el Estado para reasignar recursos y, de esta manera, distribuir mejor las oportunidades. En este sentido, hace varios días se presentó el Informe sobre Desarrollo Humano en México 2011. El documento analiza distintos aspectos del gasto público: pondera el presupuesto asignado al 'gasto social', los recursos invertidos y los resultados en materia de educación, salud y oportunidades para el desarrollo humano.
El estudio sirve para saber si estamos logrando disminuir las brechas entre los más ricos y los más pobres y nace del interés por investigar si realmente el gasto está beneficiando a quienes menos ingresos generan.
¿Cuáles son los principales problemas que reporta las Naciones Unidas en relación al gasto público en México?
Primero, que la ciudadanía y sus representantes carecen de información completa y consistente de muchos apartados del gasto y que buena parte de las decisiones presupuestales, particularmente las que se toman en los estados y municipios, son vulnerables ante los grupos de presión. Los ciudadanos carecen de elementos suficientes para establecer si el presupuesto público obra en su beneficio, si se desembolsa con transparencia y si no sirve sistemáticamente a intereses corporativos o partidistas.
En relación a los resultados, el informe reporta que, dado el tamaño del gasto educativo, el desempeño y la calidad del sistema es deficiente; que el sistema de seguridad social encarece el trabajo formal y que el sistema de subsidios es altamente inequitativo y que tiende a reforzar las diferencias entre ricos y pobres. En otras palabras, una cantidad significativa de los recursos públicos se utilizan para subsidiar a grupos poblacionales con ingresos altos en lugar de personas con ingresos bajos.
¿Qué explica esta situación?
El principal factor son los subsidios a los energéticos. Hace varios días, en su columna, Sergio Sarmiento señaló que el gobierno gasta cuatro veces más en subsidiar los combustibles que a todos los programas de combate a la pobreza. El subsidio beneficia principalmente a la población con vehículo propio. Obviamente, quienes más consumen, más se benefician porque más subsidios reciben.
En el gasto educativo también encontramos situaciones en las que los grupos con más ingresos se benefician desproporcionadamente. Por ejemplo, el 90 por ciento del costo de los servicios de educación básica son el pago de salarios a maestros. El restante se destina a otros insumos del proceso de enseñanza resulta limitado y se refleja en el equipamiento de las escuelas a las que acuden los niños y niñas más pobres, que frecuentemente no cuentan con electricidad, baño, pisos limpios, libros ni computadoras. Esta situación genera mayores desigualdades, ya que, además, las escuelas a las que asisten los estudiantes de mayor ingreso tienen directores y profesores que perciben un mayor salario y acumulan mayor educación y experiencia.
El gasto en el campo tiene las mismas consecuencias regresivas. Programas como Procampo favorecen mucho más a los productores ricos que a los pobres ya que se otorgan en razón de la superficie cultivada. El 80 por ciento de los apoyos públicos al campo se otorga al 10 por ciento de los productores con más tierra.
Así podríamos mencionar otros datos, pero el mensaje es claro: el presupuesto público, en particular el sistema de subsidios generalizados que ha diseñado el Estado mexicano, beneficia desproporcionadamente a los que más ingresos generan.
Para concluir, ¿que acciones o recomendaciones de política pública se derivan del informe si queremos que el gasto social realmente disminuya las diferencias?
Primero, enriquecer el análisis del presupuesto diseñando y tomando en cuenta indicadores no monetarios de carencias o necesidades. No limitar las preguntas a pesos y centavos, profundicemos en los resultados.
Segundo, impulsar reformas institucionales que busquen una mejor representación de los intereses ciudadanos como pudiera ser la reelección inmediata de los legisladores ya que una de sus funciones es fiscalizar el gasto público. Este es un tema de rendición de cuentas.
Tercero, y muy importante, modificar el esquema de subsidios generalizados que son altamente inequitativos hacia uno de programas focalizados que permita dirigir los recursos a los sectores más necesitados. El programa Oportunidades –reconocido internacionalmente- es, probablemente, el mejor ejemplo de este enfoque.
Si logramos implementar estas tres recomendaciones convertiremos el gasto público en un instrumento que realmente contribuya a reducir la pobreza, redistribuir las oportunidades y, así, promover una sociedad más equitativa.
...
El gasto público es, en teoría, el instrumento más eficaz que tiene el Estado para reasignar recursos y, de esta manera, distribuir mejor las oportunidades. En este sentido, hace varios días se presentó el Informe sobre Desarrollo Humano en México 2011. El documento analiza distintos aspectos del gasto público: pondera el presupuesto asignado al 'gasto social', los recursos invertidos y los resultados en materia de educación, salud y oportunidades para el desarrollo humano.
El estudio sirve para saber si estamos logrando disminuir las brechas entre los más ricos y los más pobres y nace del interés por investigar si realmente el gasto está beneficiando a quienes menos ingresos generan.
¿Cuáles son los principales problemas que reporta las Naciones Unidas en relación al gasto público en México?
Primero, que la ciudadanía y sus representantes carecen de información completa y consistente de muchos apartados del gasto y que buena parte de las decisiones presupuestales, particularmente las que se toman en los estados y municipios, son vulnerables ante los grupos de presión. Los ciudadanos carecen de elementos suficientes para establecer si el presupuesto público obra en su beneficio, si se desembolsa con transparencia y si no sirve sistemáticamente a intereses corporativos o partidistas.
En relación a los resultados, el informe reporta que, dado el tamaño del gasto educativo, el desempeño y la calidad del sistema es deficiente; que el sistema de seguridad social encarece el trabajo formal y que el sistema de subsidios es altamente inequitativo y que tiende a reforzar las diferencias entre ricos y pobres. En otras palabras, una cantidad significativa de los recursos públicos se utilizan para subsidiar a grupos poblacionales con ingresos altos en lugar de personas con ingresos bajos.
¿Qué explica esta situación?
El principal factor son los subsidios a los energéticos. Hace varios días, en su columna, Sergio Sarmiento señaló que el gobierno gasta cuatro veces más en subsidiar los combustibles que a todos los programas de combate a la pobreza. El subsidio beneficia principalmente a la población con vehículo propio. Obviamente, quienes más consumen, más se benefician porque más subsidios reciben.
En el gasto educativo también encontramos situaciones en las que los grupos con más ingresos se benefician desproporcionadamente. Por ejemplo, el 90 por ciento del costo de los servicios de educación básica son el pago de salarios a maestros. El restante se destina a otros insumos del proceso de enseñanza resulta limitado y se refleja en el equipamiento de las escuelas a las que acuden los niños y niñas más pobres, que frecuentemente no cuentan con electricidad, baño, pisos limpios, libros ni computadoras. Esta situación genera mayores desigualdades, ya que, además, las escuelas a las que asisten los estudiantes de mayor ingreso tienen directores y profesores que perciben un mayor salario y acumulan mayor educación y experiencia.
El gasto en el campo tiene las mismas consecuencias regresivas. Programas como Procampo favorecen mucho más a los productores ricos que a los pobres ya que se otorgan en razón de la superficie cultivada. El 80 por ciento de los apoyos públicos al campo se otorga al 10 por ciento de los productores con más tierra.
Así podríamos mencionar otros datos, pero el mensaje es claro: el presupuesto público, en particular el sistema de subsidios generalizados que ha diseñado el Estado mexicano, beneficia desproporcionadamente a los que más ingresos generan.
Para concluir, ¿que acciones o recomendaciones de política pública se derivan del informe si queremos que el gasto social realmente disminuya las diferencias?
Primero, enriquecer el análisis del presupuesto diseñando y tomando en cuenta indicadores no monetarios de carencias o necesidades. No limitar las preguntas a pesos y centavos, profundicemos en los resultados.
Segundo, impulsar reformas institucionales que busquen una mejor representación de los intereses ciudadanos como pudiera ser la reelección inmediata de los legisladores ya que una de sus funciones es fiscalizar el gasto público. Este es un tema de rendición de cuentas.
Tercero, y muy importante, modificar el esquema de subsidios generalizados que son altamente inequitativos hacia uno de programas focalizados que permita dirigir los recursos a los sectores más necesitados. El programa Oportunidades –reconocido internacionalmente- es, probablemente, el mejor ejemplo de este enfoque.
Si logramos implementar estas tres recomendaciones convertiremos el gasto público en un instrumento que realmente contribuya a reducir la pobreza, redistribuir las oportunidades y, así, promover una sociedad más equitativa.
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14 de junio de 2011
Un posible precandidato
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que normalmente conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 14 de junio a las 7:40 AM.
El día de hoy abordamos la campaña presidencial en los Estados Unidos.
¿Cuál es el estatus del proceso? Me parece que la respuesta que ofrece el más reciente número del semanario británico The Economist a través de su portada, con una sola imagen, es muy elocuente.
La revista representa a Obama como un gigante y, en alusión al personaje bíblico, le llama ‘Goliat’. Le acompañan varios personajes considerablemente más pequeños quienes se pelean por el derecho a competir contra él. Uno pensaría que dada las diferencias entre Obama y los republicanos, la contienda está definida pero, como dice la portada, es posible que el Presidente pierda la reelección.
¿Cuáles son las ventajas de Obama?
Destacan tres: uno, su campaña tiene muchos recursos económicos y una gran capacidad para recaudar fondos; dos, su partido está unido y respalda plenamente su candidatura; y, tres, tiene una extraordinaria capacidad para inspirar a los electores.
A pesar de ello, Obama es vulnerable.
El pobre desempeño de la economía norteamericana es su principal vulnerabilidad. Si bien ese país salió de una crisis económica muy profunda, la recuperación y la generación de empleos han sido muy lentas. En mayo únicamente se contrataron a 54 mil nuevos trabajadores, la cifra más baja en los últimos 8 meses. A Obama se le critica fuertemente porque su política económica, en particular los programas de estímulo fiscal y la reforma al sistema de salud, han generado incertidumbre y, para muchos, retrasado la expansión. Estudios de opinión muestran que el 60 por ciento del electorado no aprueba la manera en que el Presidente está manejando la economía.
Esta situación la identifican perfectamente los precandidatos republicanos quienes ayer sostuvieron su primer debate. Todos ellos responsabilizaron a Obama de la situación económica actual.
No entro a los detalles del debate (por cuestiones de tiempo), pero si quiero señalar que, en los últimos días, ha generado mucho interés la posible precandidatura de un republicano que ayer no participó en el evento. Me refiero al gobernador Rick Perry del estado de Texas.
¿Por qué?
Varias razones. Por ejemplo, sabe hacer campañas. Nunca ha perdido una elección y en la última primaria que participó superó un déficit de 20 puntos porcentuales. El gobernador tiene una amplia experiencia en el gobierno y no ha tenido escándalos en su vida personal. Pero esto no es la razón principal por la que Rick Perry podría ser el mejor candidato republicano.
A diferencia de Obama, el gobernador de Texas tiene un la posibilidad de generar un discurso con logros y resultados económicos pues su estado es la mejor historia de éxito en nuestro vecino del norte.
El desempeño económico de Texas ha sido espectacular. Mientras que la economía norteamericana promedia un crecimiento de 2.6 por ciento, Texas crece al 3.3 por ciento anual (una diferencia de 30 por ciento). Pero el dato más impresionante es el siguiente: el 37 por ciento de los empleos que se han generado en los Estados Unidos desde que terminó la crisis financiera se crearon en Texas. De los 722 mil nuevos empleos en los Estados Unidos, 265 mil están en Texas.
Sin duda habrá que seguir la pista al gobernador porque, de decidir que si busca la candidatura, en mi opinión, se convierte en un candidato muy fuerte.
Pero, mientras eso sucede, Mario y auditorio, vale la pena mencionar los elementos que explican el éxito económico texano porque evidentemente en los Estados Unidos (y otros países) tienen algo que aprender.
¿Cuál es la fórmula?
Primero, un gobierno limitado que no se ha extendido más allá de sus medios; segundo, tasas competitivas de impuestos (por ejemplo, en ese estado el ingreso de personas físicas no es tasado); tercero, un ambiente fiscal estable para las empresas; cuarto, un congreso local que con períodos de sesiones muy cortos lo que complica cambiar las leyes frecuentemente; quinto, un marco laboral que ofrece y garantiza realmente libertad sindical; y sexto, un sistema de impartición de justicia relativamente ágil lo que permite a quienes recurren a los tribunales para resolver algún asunto no tener que esperar mucho tiempo para una decisión.
Esta es la fórmula de éxito de Texas. Un estado que, a diferencia del resto de los Estados Unidos, ha generado miles de empleos. El estado del sur es la entidad con el mayor número de empresas del listado de las 500 empresas más grandes de su país.
Será interesante ver si Rick Perry, quien ha gobernado Texas desde el año 2000, decide entrar a la contienda y aprovechar políticamente el éxito económico que reporta su estado. Como lo señalé, si decide lanzarse, más que cualquier otro precandidatos republicano, el gobernador de Texas si pondría en enorme riesgo la reelección del presidente Obama.
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El día de hoy abordamos la campaña presidencial en los Estados Unidos.
¿Cuál es el estatus del proceso? Me parece que la respuesta que ofrece el más reciente número del semanario británico The Economist a través de su portada, con una sola imagen, es muy elocuente.
La revista representa a Obama como un gigante y, en alusión al personaje bíblico, le llama ‘Goliat’. Le acompañan varios personajes considerablemente más pequeños quienes se pelean por el derecho a competir contra él. Uno pensaría que dada las diferencias entre Obama y los republicanos, la contienda está definida pero, como dice la portada, es posible que el Presidente pierda la reelección.
¿Cuáles son las ventajas de Obama?
Destacan tres: uno, su campaña tiene muchos recursos económicos y una gran capacidad para recaudar fondos; dos, su partido está unido y respalda plenamente su candidatura; y, tres, tiene una extraordinaria capacidad para inspirar a los electores.
A pesar de ello, Obama es vulnerable.
El pobre desempeño de la economía norteamericana es su principal vulnerabilidad. Si bien ese país salió de una crisis económica muy profunda, la recuperación y la generación de empleos han sido muy lentas. En mayo únicamente se contrataron a 54 mil nuevos trabajadores, la cifra más baja en los últimos 8 meses. A Obama se le critica fuertemente porque su política económica, en particular los programas de estímulo fiscal y la reforma al sistema de salud, han generado incertidumbre y, para muchos, retrasado la expansión. Estudios de opinión muestran que el 60 por ciento del electorado no aprueba la manera en que el Presidente está manejando la economía.
Esta situación la identifican perfectamente los precandidatos republicanos quienes ayer sostuvieron su primer debate. Todos ellos responsabilizaron a Obama de la situación económica actual.
No entro a los detalles del debate (por cuestiones de tiempo), pero si quiero señalar que, en los últimos días, ha generado mucho interés la posible precandidatura de un republicano que ayer no participó en el evento. Me refiero al gobernador Rick Perry del estado de Texas.
¿Por qué?
Varias razones. Por ejemplo, sabe hacer campañas. Nunca ha perdido una elección y en la última primaria que participó superó un déficit de 20 puntos porcentuales. El gobernador tiene una amplia experiencia en el gobierno y no ha tenido escándalos en su vida personal. Pero esto no es la razón principal por la que Rick Perry podría ser el mejor candidato republicano.
A diferencia de Obama, el gobernador de Texas tiene un la posibilidad de generar un discurso con logros y resultados económicos pues su estado es la mejor historia de éxito en nuestro vecino del norte.
El desempeño económico de Texas ha sido espectacular. Mientras que la economía norteamericana promedia un crecimiento de 2.6 por ciento, Texas crece al 3.3 por ciento anual (una diferencia de 30 por ciento). Pero el dato más impresionante es el siguiente: el 37 por ciento de los empleos que se han generado en los Estados Unidos desde que terminó la crisis financiera se crearon en Texas. De los 722 mil nuevos empleos en los Estados Unidos, 265 mil están en Texas.
Sin duda habrá que seguir la pista al gobernador porque, de decidir que si busca la candidatura, en mi opinión, se convierte en un candidato muy fuerte.
Pero, mientras eso sucede, Mario y auditorio, vale la pena mencionar los elementos que explican el éxito económico texano porque evidentemente en los Estados Unidos (y otros países) tienen algo que aprender.
¿Cuál es la fórmula?
Primero, un gobierno limitado que no se ha extendido más allá de sus medios; segundo, tasas competitivas de impuestos (por ejemplo, en ese estado el ingreso de personas físicas no es tasado); tercero, un ambiente fiscal estable para las empresas; cuarto, un congreso local que con períodos de sesiones muy cortos lo que complica cambiar las leyes frecuentemente; quinto, un marco laboral que ofrece y garantiza realmente libertad sindical; y sexto, un sistema de impartición de justicia relativamente ágil lo que permite a quienes recurren a los tribunales para resolver algún asunto no tener que esperar mucho tiempo para una decisión.
Esta es la fórmula de éxito de Texas. Un estado que, a diferencia del resto de los Estados Unidos, ha generado miles de empleos. El estado del sur es la entidad con el mayor número de empresas del listado de las 500 empresas más grandes de su país.
Será interesante ver si Rick Perry, quien ha gobernado Texas desde el año 2000, decide entrar a la contienda y aprovechar políticamente el éxito económico que reporta su estado. Como lo señalé, si decide lanzarse, más que cualquier otro precandidatos republicano, el gobernador de Texas si pondría en enorme riesgo la reelección del presidente Obama.
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31 de mayo de 2011
Ciudades de oportunidad
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que normalmente conduce Mario Campos (y que hoy condujo Guillermo Rodríguez). Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 31 de mayo a las 7:40 AM.
La consultoría internacional PWC en asociación con la organización Partnership for New York City, publicaron el reporte Cities of Opportunity. El estudio analiza el ambiente de negocios y el potencial de innovación en veintiseis de las principales ciudades del mundo y, con ello, mejora nuestro entendimiento de los elementos y variables que explican porque algunas ciudades crecen más que otras.
Las cinco ciudades que salieron mejor calificadas y que tienen los mejores ambientes de negocio e innovación son, en primer lugar, Nueva York, seguida de Toronto, San Francisco, Estocolmo y Sydney.
Tres ciudades latinoamericanas aparecen en el reporte. La Ciudad de México, es la mejor posicionada, en el lugar 20. Santiago de Chile y Sao Paulo (en Brasil) ocupan los lugares 22 y 24, respectivamente.
Por cuestiones de tiempo, resaltaré dos aspectos del estudio.
Uno, la información particular de la Ciudad de México y, dos, las lecciones más amplias del estudio.
¿En que categorías salimos bien calificados?
De las más de cincuenta variables que compila el estudio, la Ciudad de México tiene el primer lugar en dos categorías: uno, costo de vida y, dos, costos de transporte público. Estas son, digamos, las ventajas competitivas del Distrito Federal. Ambas son importantes pero, sin duda, no son factores determinantes para mejorar las perspectivas de inversión y atracción de los sectores más productivos e innovadores de la economía global.
¿En que categorías estamos mal calificados?
Paradójicamente, el reporte califica mal a la Ciudad de México en factores que son consecuencia de los muy bajos costos de transportación (una de sus ventajas): uno, la contaminación ambiental y, dos, el tráfico vehicular. A pesar de ello, estos factores no son los verdaderos obstáculos. Nuestros principales problemas los tenemos, según el estudio, en el marco laboral que dificulta la habilidad de las empresas para renovar o ajustar su plantilla laboral, el poco interés o ímpetu emprendedor entre la población y los bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo.
Sin duda, estas son variables mucho más importantes para hacer negocios y entonces uno se pregunta cómo es que la Ciudad de México ocupa el vigésimo lugar. La respuesta es metodológica: el estudio selecciona veintiséis ciudades y si incorporara más centros urbanos, muy probablemente descendería el Distrito Federal.
¿Cuáles son las principales lecciones del estudio?
Antes que hablar de grandes inversiones en capital físico, las ciudades grandes, las ciudades que ocupan los primeros lugares logran generar, atraer y retener gente talentosa y creativa. El estudio nos muestra que puede haber muchas maneras de lograrlo. Estocolmo se ha basado en su sistema educativo; Nueva York en sus atractivos culturales y en la oferta de entretenimiento; Toronto por su política migratoria liberal.
Después de leer el reporte, queda la sensación de que los bajos costos no son una estrategia adecuada para el crecimiento. Las ciudades que ocupan las primeras posiciones no son lugares baratos. El precio del metro cuadrado, ya sea comprado rentado, en Toronto, Londres o Nueva York es muy caro y, a pesar de ello, siguen atrayendo sectores innovadores y personas talentosas, muchos de ellos estudiantes recién egresados con escasa capacidad económica. Por el contrario, independientemente de los costos, lo importante son las oportunidades de negocio y crecimiento que se pueden dan en estas ciudades. Los países y ciudades que se han preocupado por los bajos costos parece que se han equivocado.
Para concluir, vale la pena preguntar ¿qué hace exitosa a una ciudad?
La respuesta no es sencilla pero, si tuviera que resumirlo, diría que las ciudades exitosas, al menos según este estudio, son aquellas que son, digamos, balanceadas o equilibradas.
Me explico.
Las ciudades mejor posicionadas tienen buenas calificaciones en muchos rubros y no ocupan necesariamente el primer lugar en alguna categoría. La Ciudad de México, como mencioné, tiene dos primeros lugares, pero malas calificaciones en muchos otros rubros y esto baja el promedio. Las ciudades exitosas son espacios en donde se combinan oportunidades y facilidades para hacer negocios, oportunidades y facilidades para desarrollar tecnología, oportunidades educativas, oportunidades culturales, oportunidades de entretenimiento, por mencionar unas cuantas. A esto me refiero cuando hablo de balance o equilibrio.
Muchas veces preferimos intentar entender procesos económicos a nivel de países. Esto no es adecuado porque los países son unidades políticas. Por su parte, las ciudades son entidades eminentemente económicas y este tipo de estudios nos hacen ver claramente porque el progreso de un país se explica por la calidad de su vida urbana. ¿Por qué? Entre otras razones, porque las ciudades acercan a las personas y la proximidad nos hace más creativos, más inventivos y más especializados porque es así como encontramos nuevas fórmulas, nuevos productos, nuevas ideas.
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La consultoría internacional PWC en asociación con la organización Partnership for New York City, publicaron el reporte Cities of Opportunity. El estudio analiza el ambiente de negocios y el potencial de innovación en veintiseis de las principales ciudades del mundo y, con ello, mejora nuestro entendimiento de los elementos y variables que explican porque algunas ciudades crecen más que otras.
Las cinco ciudades que salieron mejor calificadas y que tienen los mejores ambientes de negocio e innovación son, en primer lugar, Nueva York, seguida de Toronto, San Francisco, Estocolmo y Sydney.
Tres ciudades latinoamericanas aparecen en el reporte. La Ciudad de México, es la mejor posicionada, en el lugar 20. Santiago de Chile y Sao Paulo (en Brasil) ocupan los lugares 22 y 24, respectivamente.
Por cuestiones de tiempo, resaltaré dos aspectos del estudio.
Uno, la información particular de la Ciudad de México y, dos, las lecciones más amplias del estudio.
¿En que categorías salimos bien calificados?
De las más de cincuenta variables que compila el estudio, la Ciudad de México tiene el primer lugar en dos categorías: uno, costo de vida y, dos, costos de transporte público. Estas son, digamos, las ventajas competitivas del Distrito Federal. Ambas son importantes pero, sin duda, no son factores determinantes para mejorar las perspectivas de inversión y atracción de los sectores más productivos e innovadores de la economía global.
¿En que categorías estamos mal calificados?
Paradójicamente, el reporte califica mal a la Ciudad de México en factores que son consecuencia de los muy bajos costos de transportación (una de sus ventajas): uno, la contaminación ambiental y, dos, el tráfico vehicular. A pesar de ello, estos factores no son los verdaderos obstáculos. Nuestros principales problemas los tenemos, según el estudio, en el marco laboral que dificulta la habilidad de las empresas para renovar o ajustar su plantilla laboral, el poco interés o ímpetu emprendedor entre la población y los bajos niveles de inversión en investigación y desarrollo.
Sin duda, estas son variables mucho más importantes para hacer negocios y entonces uno se pregunta cómo es que la Ciudad de México ocupa el vigésimo lugar. La respuesta es metodológica: el estudio selecciona veintiséis ciudades y si incorporara más centros urbanos, muy probablemente descendería el Distrito Federal.
¿Cuáles son las principales lecciones del estudio?
Antes que hablar de grandes inversiones en capital físico, las ciudades grandes, las ciudades que ocupan los primeros lugares logran generar, atraer y retener gente talentosa y creativa. El estudio nos muestra que puede haber muchas maneras de lograrlo. Estocolmo se ha basado en su sistema educativo; Nueva York en sus atractivos culturales y en la oferta de entretenimiento; Toronto por su política migratoria liberal.
Después de leer el reporte, queda la sensación de que los bajos costos no son una estrategia adecuada para el crecimiento. Las ciudades que ocupan las primeras posiciones no son lugares baratos. El precio del metro cuadrado, ya sea comprado rentado, en Toronto, Londres o Nueva York es muy caro y, a pesar de ello, siguen atrayendo sectores innovadores y personas talentosas, muchos de ellos estudiantes recién egresados con escasa capacidad económica. Por el contrario, independientemente de los costos, lo importante son las oportunidades de negocio y crecimiento que se pueden dan en estas ciudades. Los países y ciudades que se han preocupado por los bajos costos parece que se han equivocado.
Para concluir, vale la pena preguntar ¿qué hace exitosa a una ciudad?
La respuesta no es sencilla pero, si tuviera que resumirlo, diría que las ciudades exitosas, al menos según este estudio, son aquellas que son, digamos, balanceadas o equilibradas.
Me explico.
Las ciudades mejor posicionadas tienen buenas calificaciones en muchos rubros y no ocupan necesariamente el primer lugar en alguna categoría. La Ciudad de México, como mencioné, tiene dos primeros lugares, pero malas calificaciones en muchos otros rubros y esto baja el promedio. Las ciudades exitosas son espacios en donde se combinan oportunidades y facilidades para hacer negocios, oportunidades y facilidades para desarrollar tecnología, oportunidades educativas, oportunidades culturales, oportunidades de entretenimiento, por mencionar unas cuantas. A esto me refiero cuando hablo de balance o equilibrio.
Muchas veces preferimos intentar entender procesos económicos a nivel de países. Esto no es adecuado porque los países son unidades políticas. Por su parte, las ciudades son entidades eminentemente económicas y este tipo de estudios nos hacen ver claramente porque el progreso de un país se explica por la calidad de su vida urbana. ¿Por qué? Entre otras razones, porque las ciudades acercan a las personas y la proximidad nos hace más creativos, más inventivos y más especializados porque es así como encontramos nuevas fórmulas, nuevos productos, nuevas ideas.
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3 de mayo de 2011
La muerte de OBL si nos interesa
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 3 de mayo a las 7:40 AM.
El tema internacional obligado es la muerte de Osama bin Laden. Comparto con el auditorio tres ideas.
Lo primero que destaca es que, según los reportes oficiales, la operación militar fue un éxito. La palabra más socorrida en las crónicas periodísticas es ‘quirúrgica’. Según esto, el episodio no duró más de cuarenta minutos y, además de lograr el objetivo (encontrar y matar al terrorista), no hubo bajas norteamericanas.
Llama la atención el largo proceso de planeación. Según esto, desde agosto del año pasado, había sospechas que en esa propiedad podría estar viviendo Bin Laden. Fue después de muchos meses y de juntar distintos pedazos de información, que se concluyó que efectivamente ahí estaba el terrorista más buscado del mundo. El viernes pasado, el Presidente Obama tomó la decisión de ejecutar el operativo.
Sin duda, todo este relato, esta imagen del proceso de planeación y ejecución, le viene muy bien al Presidente Obama. La muerte de OBL le da un tremendo levantón y acalla muchas de las críticas que recibe en su país. El tema de seguridad nacional era una de las fortalezas de los republicanos. Hoy, a la luz de este episodio, los demócratas tienen que presumir en este tema.
No profundizo en las implicaciones políticas porque, me parece, se ha comentado mucho en los medios de comunicación.
Lo que me ocupa hoy es la reacción que tienen algunos mexicanos sobre este episodio. He escuchado voces que afirman que la muerte de Bin Laden es un asunto que ocupa principalmente a los estadounidenses y no a los mexicanos. Según esto, el interés mediático aquí es una distracción.
No estoy de acuerdo con esta posición. Las acciones que planeó y organizó Bin Laden en el 2001 si afectaron a México.
En primer lugar, decenas de mexicanos perdieron la vida la mañana del 11 de septiembre del 2001. Trabajaban en las Torres Gemelas y no tuvieron oportunidad de salir del edificio. Hubo familias mexicanas que vivieron el dolor de perder a sus parientes, a sus padres, a sus hijos, en acto terrorista.
La segunda afectación a nuestro país fueron los efectos de la reacción antiterrorista en los Estados Unidos.
Justo antes del 11 de septiembre, los gobiernos mexicanos y estadounidense estaban muy cerca de pactar un acuerdo migratorio. El acuerdo se cayó con las Torres Gemelas. Un acuerdo migratorio que, independientemente de los detalles, hubiera sido mucho mejor que el marco legal vigente. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el status quo obliga a miles de personas a arriesgar sus vidas en su camino hacia el norte. Miles de mexicanos han muerto en el desierto porque no hay un mecanismo formal que les permita entrar y salir de los Estados Unidos. Posiblemente, con un acuerdo, esos migrantes no habrían muerto. Es claro, pues, que los actos terroristas del 11 de septiembre también afectaron a estos mexicanos.
Hay, sin duda, otras afectaciones que no implican vidas humanas pero si molestias cotidianas.
El 11 de septiembre cambió la manera en que viajamos. Tan solo para viajes internacionales tenemos que pasar mucho más tiempo en los aeropuertos. Las largas filas, quitarse hasta los zapatos en los filtros de seguridad, estos detalles son herencia del terrorismo.
La reacción antiterrorista en los Estados Unidos también fue utilizada, en su momento, para obstaculizar el comercio y cerrar aún más las fronteras a los productos y servicios que hacemos en México. En este sentido, el 11 de septiembre impidió una mayor integración norteamericana. Una mayor integración entre Canadá, Estados Unidos y México, la reducción de obstáculos y barreras hubiera sido una manera efectiva de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en la región.
Por estas razones, si considero que la muerte de Bin Laden es un acto que si interesa a los mexicanos y no es una distracción.
Concluyo Mario y auditorio, señalando y contrastando la reacción de la Presidencia de la República el día de ayer, con la reacción titubeante al 11 de septiembre.
El día de ayer, el Presidente Calderón expresó su reconocimiento a los Estados Unidos y al Presidente Barack Obama por su perseverancia en el combate y persecución del terrorismo. Es buena señal que el gobierno mexicano muestre seguridad y apoye y reconozca a nuestro principal socio. Cuando ocurrió el 11 de septiembre, muchos nos sorprendimos de la incapacidad y la lentitud del gobierno mexicano, incluyendo los legisladores, de sumarse al duelo y dolor que sentían los estadounidenses. En ese entonces, en Estados Unidos se dieron cuenta de nuestras dudas. Hoy, afortunadamente, la reacción fue rápida, distinta y decidida.
...
El tema internacional obligado es la muerte de Osama bin Laden. Comparto con el auditorio tres ideas.
Lo primero que destaca es que, según los reportes oficiales, la operación militar fue un éxito. La palabra más socorrida en las crónicas periodísticas es ‘quirúrgica’. Según esto, el episodio no duró más de cuarenta minutos y, además de lograr el objetivo (encontrar y matar al terrorista), no hubo bajas norteamericanas.
Llama la atención el largo proceso de planeación. Según esto, desde agosto del año pasado, había sospechas que en esa propiedad podría estar viviendo Bin Laden. Fue después de muchos meses y de juntar distintos pedazos de información, que se concluyó que efectivamente ahí estaba el terrorista más buscado del mundo. El viernes pasado, el Presidente Obama tomó la decisión de ejecutar el operativo.
Sin duda, todo este relato, esta imagen del proceso de planeación y ejecución, le viene muy bien al Presidente Obama. La muerte de OBL le da un tremendo levantón y acalla muchas de las críticas que recibe en su país. El tema de seguridad nacional era una de las fortalezas de los republicanos. Hoy, a la luz de este episodio, los demócratas tienen que presumir en este tema.
No profundizo en las implicaciones políticas porque, me parece, se ha comentado mucho en los medios de comunicación.
Lo que me ocupa hoy es la reacción que tienen algunos mexicanos sobre este episodio. He escuchado voces que afirman que la muerte de Bin Laden es un asunto que ocupa principalmente a los estadounidenses y no a los mexicanos. Según esto, el interés mediático aquí es una distracción.
No estoy de acuerdo con esta posición. Las acciones que planeó y organizó Bin Laden en el 2001 si afectaron a México.
En primer lugar, decenas de mexicanos perdieron la vida la mañana del 11 de septiembre del 2001. Trabajaban en las Torres Gemelas y no tuvieron oportunidad de salir del edificio. Hubo familias mexicanas que vivieron el dolor de perder a sus parientes, a sus padres, a sus hijos, en acto terrorista.
La segunda afectación a nuestro país fueron los efectos de la reacción antiterrorista en los Estados Unidos.
Justo antes del 11 de septiembre, los gobiernos mexicanos y estadounidense estaban muy cerca de pactar un acuerdo migratorio. El acuerdo se cayó con las Torres Gemelas. Un acuerdo migratorio que, independientemente de los detalles, hubiera sido mucho mejor que el marco legal vigente. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el status quo obliga a miles de personas a arriesgar sus vidas en su camino hacia el norte. Miles de mexicanos han muerto en el desierto porque no hay un mecanismo formal que les permita entrar y salir de los Estados Unidos. Posiblemente, con un acuerdo, esos migrantes no habrían muerto. Es claro, pues, que los actos terroristas del 11 de septiembre también afectaron a estos mexicanos.
Hay, sin duda, otras afectaciones que no implican vidas humanas pero si molestias cotidianas.
El 11 de septiembre cambió la manera en que viajamos. Tan solo para viajes internacionales tenemos que pasar mucho más tiempo en los aeropuertos. Las largas filas, quitarse hasta los zapatos en los filtros de seguridad, estos detalles son herencia del terrorismo.
La reacción antiterrorista en los Estados Unidos también fue utilizada, en su momento, para obstaculizar el comercio y cerrar aún más las fronteras a los productos y servicios que hacemos en México. En este sentido, el 11 de septiembre impidió una mayor integración norteamericana. Una mayor integración entre Canadá, Estados Unidos y México, la reducción de obstáculos y barreras hubiera sido una manera efectiva de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en la región.
Por estas razones, si considero que la muerte de Bin Laden es un acto que si interesa a los mexicanos y no es una distracción.
Concluyo Mario y auditorio, señalando y contrastando la reacción de la Presidencia de la República el día de ayer, con la reacción titubeante al 11 de septiembre.
El día de ayer, el Presidente Calderón expresó su reconocimiento a los Estados Unidos y al Presidente Barack Obama por su perseverancia en el combate y persecución del terrorismo. Es buena señal que el gobierno mexicano muestre seguridad y apoye y reconozca a nuestro principal socio. Cuando ocurrió el 11 de septiembre, muchos nos sorprendimos de la incapacidad y la lentitud del gobierno mexicano, incluyendo los legisladores, de sumarse al duelo y dolor que sentían los estadounidenses. En ese entonces, en Estados Unidos se dieron cuenta de nuestras dudas. Hoy, afortunadamente, la reacción fue rápida, distinta y decidida.
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19 de abril de 2011
La Norma 29 que propuso Ebrard y que aprobaron algunos asambleístas es un paso para atrás
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 19 de abril a las 7:40 AM.
A finales de la semana pasada la Asamblea del Distrito Federal aprobó la llamada Norma 29. Esta nueva regulación señala que los 16 programas delegacionales de desarrollo urbano deben incluir requisitos adicionales para la ubicación física de tiendas de autoservicio, supermercados y los llamados minisupers.
Si bien en el discurso la disposición busca, entrecomillo, “cuidar el abasto popular”, en realidad la Norma 29 limita la competencia y, como sucede en todos estos casos, terminará generando precios relativamente más caros para una parte de la población que, de lo contario, se podría ver beneficiada por la llegada de nuevos competidores.
Esta disposición la envió el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea el pasado 5 de abril y lo primero que llama la atención es la velocidad con la que el órgano legislativo dio trámite a la iniciativa. Pero, no me detengo en el proceso legislativo, sino en el fondo del asunto.
Según lo señaló el Lic. Ebrard en una entrevista el fin de semana, la norma busca ‘proteger’ a los mercados públicos en virtud de que las tiendas de autoservicio son ‘cadenas enormes’, con ‘inmensos recursos’. Para Ebrard la competencia es desigual y su gobierno tiene que ‘proteger al más débil’.
Quienes llevamos cierto tiempo estudiando problemas y planteamientos de política pública sabemos que, cuando se presenta un tema como un intento por ‘proteger a los débiles’, es porque quien lo hace prefiere llevar la discusión en un terreno sentimental e idealista y evitar analizar los efectos concretos y reales. Únicamente los insensibles pueden cuestionar una medida que, repito y entrecomillo, pretende “proteger a los débiles”.
Esta no es la excepción.
En primer lugar, es claro que limita la competencia porque prohíbe a los emprendedores ubicarse en determinados sitios. Los beneficiados no son los consumidores, sino los grupos que ya ofrecen los mismos bienes y servicios en las zonas aledañas.
A diferencia de lo que se plantea mediáticamente, el perjudicado es el consumidor. No serán las tiendas de autoservicio y supermercados que, por esta disposición, no podrán abrir algunas tiendas. El volumen de negocio que éstas pudieran representar no es sustantivo; no obstante, sus empresas seguirán beneficiando a los consumidores que si tengan a su alcance esas tiendas. La manera en que la Asamblea y el Jefe de Gobierno limitan la competencia afectará desproporcionalmente a los mas pobres o, por lo menos, a quienes no tengan forma de transportarse a estas tiendas de autoservicio.
La Norma 29, contrario a lo que pretende, generará una situación de desigualdad porque únicamente los vecinos de las zonas relativamente más prósperas mantendrán el acceso a los supermercados con precios relativamente más bajos.
Por otro lado, llama la atención que se diga que la competencia es desleal contra los mercados que se instalan en la vía pública. Hasta donde yo me quedé, las tiendas de autoservicio pagan impuestos federales (por ejemplo, el impuesto sobre la renta y seguro social) e impuestos locales. Los gobiernos, como el del Distrito Federal, cobran el impuesto predial en los locales de estas cadenas pues operan en el mercado formal. Por el contrario, prácticamente sin temor a equivocarme, podría afirmar que la mayoría de los mercados en la vía pública operan en la informalidad porque no pagan impuestos y si reciben servicios públicos (por ejemplo, la luz).
A diferencia de lo que algunas voces del PRD en la Asamblea señalan, no es correcto que las cadenas de supermercados y autoservicio basen su éxito en la explotación de trabajadores o clientes. Las ventajas competitivas se explican principalmente por sus eficiencias en distribución y logística y un uso inteligente de las tecnologías de información (para quien tenga duda puede leer el libro El Mundo es Plano de Thomas Friedman).
También se ha dicho que estas empresas generan desempleo y el cierre de operaciones de negocios más sencillos. Esta discusión es probablemente nueva en México pero en otras partes del mundo (Estados Unidos y Europa) se ha demostrado que esto no ocurre y, es más, la llegada de estas cadenas beneficia a las comunidades donde se instalan.
La preocupación de Ebrard y la Asamblea es válida pero existen otros mecanismos que podrían hacer más competitivos y productivos a los sectores que pretenden apoyar. El camino no es limitando opciones al consumidor. Es cuestión de ver lo que se está haciendo en otras ciudades y tener una actitud más proactiva y menos paternalista frente a la competencia económica.
Este no es el final del tema.
El poder judicial analizará la constitucionalidad de la disposición pues ya varios han señalado que se van a amparar porque, según ellos, viola distintos preceptos constitucionales. Pero, sin entrar al terreno jurídico, si vale la pena señalar que la experiencia nacional, internacional e histórica muestra que la ruta hacia el crecimiento económico y la prosperidad pasa necesariamente por aumentar los espacios donde productores, de todos los servicios, compiten.
Lo que propuso Ebrard y aprobaron los asambleístas en la Norma 29 es francamente un paso para atrás.
...
PD. Durante el resto de la semana, Espacio Contraintuitivo estará de vacaciones . Nos vemos de nueva cuenta el lunes 25 de abril.
...
A finales de la semana pasada la Asamblea del Distrito Federal aprobó la llamada Norma 29. Esta nueva regulación señala que los 16 programas delegacionales de desarrollo urbano deben incluir requisitos adicionales para la ubicación física de tiendas de autoservicio, supermercados y los llamados minisupers.
Si bien en el discurso la disposición busca, entrecomillo, “cuidar el abasto popular”, en realidad la Norma 29 limita la competencia y, como sucede en todos estos casos, terminará generando precios relativamente más caros para una parte de la población que, de lo contario, se podría ver beneficiada por la llegada de nuevos competidores.
Esta disposición la envió el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea el pasado 5 de abril y lo primero que llama la atención es la velocidad con la que el órgano legislativo dio trámite a la iniciativa. Pero, no me detengo en el proceso legislativo, sino en el fondo del asunto.
Según lo señaló el Lic. Ebrard en una entrevista el fin de semana, la norma busca ‘proteger’ a los mercados públicos en virtud de que las tiendas de autoservicio son ‘cadenas enormes’, con ‘inmensos recursos’. Para Ebrard la competencia es desigual y su gobierno tiene que ‘proteger al más débil’.
Quienes llevamos cierto tiempo estudiando problemas y planteamientos de política pública sabemos que, cuando se presenta un tema como un intento por ‘proteger a los débiles’, es porque quien lo hace prefiere llevar la discusión en un terreno sentimental e idealista y evitar analizar los efectos concretos y reales. Únicamente los insensibles pueden cuestionar una medida que, repito y entrecomillo, pretende “proteger a los débiles”.
Esta no es la excepción.
En primer lugar, es claro que limita la competencia porque prohíbe a los emprendedores ubicarse en determinados sitios. Los beneficiados no son los consumidores, sino los grupos que ya ofrecen los mismos bienes y servicios en las zonas aledañas.
A diferencia de lo que se plantea mediáticamente, el perjudicado es el consumidor. No serán las tiendas de autoservicio y supermercados que, por esta disposición, no podrán abrir algunas tiendas. El volumen de negocio que éstas pudieran representar no es sustantivo; no obstante, sus empresas seguirán beneficiando a los consumidores que si tengan a su alcance esas tiendas. La manera en que la Asamblea y el Jefe de Gobierno limitan la competencia afectará desproporcionalmente a los mas pobres o, por lo menos, a quienes no tengan forma de transportarse a estas tiendas de autoservicio.
La Norma 29, contrario a lo que pretende, generará una situación de desigualdad porque únicamente los vecinos de las zonas relativamente más prósperas mantendrán el acceso a los supermercados con precios relativamente más bajos.
Por otro lado, llama la atención que se diga que la competencia es desleal contra los mercados que se instalan en la vía pública. Hasta donde yo me quedé, las tiendas de autoservicio pagan impuestos federales (por ejemplo, el impuesto sobre la renta y seguro social) e impuestos locales. Los gobiernos, como el del Distrito Federal, cobran el impuesto predial en los locales de estas cadenas pues operan en el mercado formal. Por el contrario, prácticamente sin temor a equivocarme, podría afirmar que la mayoría de los mercados en la vía pública operan en la informalidad porque no pagan impuestos y si reciben servicios públicos (por ejemplo, la luz).
A diferencia de lo que algunas voces del PRD en la Asamblea señalan, no es correcto que las cadenas de supermercados y autoservicio basen su éxito en la explotación de trabajadores o clientes. Las ventajas competitivas se explican principalmente por sus eficiencias en distribución y logística y un uso inteligente de las tecnologías de información (para quien tenga duda puede leer el libro El Mundo es Plano de Thomas Friedman).
También se ha dicho que estas empresas generan desempleo y el cierre de operaciones de negocios más sencillos. Esta discusión es probablemente nueva en México pero en otras partes del mundo (Estados Unidos y Europa) se ha demostrado que esto no ocurre y, es más, la llegada de estas cadenas beneficia a las comunidades donde se instalan.
La preocupación de Ebrard y la Asamblea es válida pero existen otros mecanismos que podrían hacer más competitivos y productivos a los sectores que pretenden apoyar. El camino no es limitando opciones al consumidor. Es cuestión de ver lo que se está haciendo en otras ciudades y tener una actitud más proactiva y menos paternalista frente a la competencia económica.
Este no es el final del tema.
El poder judicial analizará la constitucionalidad de la disposición pues ya varios han señalado que se van a amparar porque, según ellos, viola distintos preceptos constitucionales. Pero, sin entrar al terreno jurídico, si vale la pena señalar que la experiencia nacional, internacional e histórica muestra que la ruta hacia el crecimiento económico y la prosperidad pasa necesariamente por aumentar los espacios donde productores, de todos los servicios, compiten.
Lo que propuso Ebrard y aprobaron los asambleístas en la Norma 29 es francamente un paso para atrás.
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PD. Durante el resto de la semana, Espacio Contraintuitivo estará de vacaciones . Nos vemos de nueva cuenta el lunes 25 de abril.
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5 de abril de 2011
Sobre la reforma laboral, la transparencia en la Cámara de Diputados y el outsourcing
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 5 de abril a las 7:40 AM.
Según reportan distintos medios de comunicación, en estos días, podría llegar al pleno de la Cámara de Diputados un dictamen de reforma de diversas leyes que regulan las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores.
Lo primero que debe señalarse es que es prácticamente imposible encontrar en la página oficial de la Cámara de Diputados los documentos que presuntamente discutirán los representantes populares integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La página de la Cámara Baja contiene mucha información de asuntos que no son sustantivos y prácticamente ninguna información de los temas relevantes. ¿Que se discute en las Comisiones? La fuente oficial de la Cámara no informa. Al menos en su formato vigente, la página de la Cámara de Diputados no ganará un premio a la transparencia.
Regresando al tema, según los medios (nuestra única fuente), en los próximos tres días una subcomisión especial de la Cámara de Diputados, sostendrá sesiones de trabajo y elaborará un proyecto de dictamen de reforma a la Ley Federal de Trabajo. La idea es, repito, que el pleno la discuta a finales del mes.
Si algún problema de política pública en el país está sobre diagnosticado es el sistema laboral y no me detengo mucho en ello.
Sabemos que es ineficiente y que genera costos excesivos a la economía formal. Sabemos también que la participación de utilidades equivale a un impuesto sobre la renta y que debería ser sustituido por incentivos vinculados a la productividad. Por mucho tiempo, también hemos sabido que los ‘contratos ley’ obligan a las empresas del mismo giro a otorgar las mismas prestaciones, independientemente de su situación y que, desde un punto de vista financiero, esto no tiene mucho sentido. Sabemos también que los beneficios para los agremiados aumentan cuando las dirigencias de sus sindicatos se eligen mediante voto libre, directo y secreto y que estos mecanismos de selección deberían extenderse a todos los sindicatos, públicos y privados. Estos y muchos otros temas han sido analizados (en este y otros espacios) y no me detendré en ellos.
No obstante, en esta ronda de discusiones, si hay un tema que ha generado más interés. Es el llamado outsourcing que, en español, no es más que un esquema de subcontratación de actividades no esenciales para una empresa. Varios legisladores han cuestionado esta figura porque, según ellos, pretende reducir los niveles de vida de los trabajadores en las empresas subcontratadas. Esta apreciación no es adecuada. La subcontratación es una consecuencia de la competencia que, como todos sabemos, es el proceso económico que sustenta y promueve el mejoramiento de los niveles de vida.
Me explico.
Cuando el marco legal y regulatorio elimina obstáculos y monopolios entonces fomenta la competencia. Esto obliga a las empresas a ofrecer mejores productos a mejores precios. Si no lo hacen, pierden competitividad y eventualmente mueren. Para mantenerse en el mercado, las empresas van especializándose en algunas líneas de negocios y subcontratan actividades que no consideran esenciales. A su vez, las empresas subcontratadas se van especializando en las actividades que fueron subcontratadas. Esto las hace más productivas y generan, a la larga, más empleo.
Si, en el marco de la discusión laboral, se prohibiera o dificultara la subcontratación, los legisladores le estarían diciendo a las empresas que no busquen ser más productivas y competitivas. Ahora, si una empresa subcontratada comete un abuso, el culpable no es la figura de la subcontratación, el problema debe buscarse en otro lado.
Vista de manera integral, la reforma debería hacer menos inflexible, o más flexible, el marco laboral. Nuestras leyes no reflejan la economía del siglo 21 y dificultan a las empresas en México competir con empresas instaladas en otros países.
Además, la reforma laboral debe valorar que el perfil del trabajador ha cambiado. A mí me sorprende que de los diez empleos más demandados en el 2010 no existían en el año 2000. También me sorprende que, a diferencia de la época de nuestros padres, quienes hoy se integran al mercado laboral tienen la expectativa de que cambiarán de empleo varias veces durante sus vidas. Esto lo sabemos en las universidades porque nuestra función es, en cierto sentido, preparar a las personas para empleos que todavía no existen, con tecnologías que todavía no se inventan, para solucionar problemas que todavía no conocemos.
Este es el mundo real y esperemos la reforma laboral lo refleje. Las leyes vigentes se hicieron cuando el mundo era más estable y predecible. Esto cambió y, en este sentido, la reforma debe contribuir a que las empresas sean más productivas y que los empleados adquieran más habilidades a lo largo de su vida laboral sin perder los beneficios adquiridos. Todo esto, cuidando la estabilidad de las finanzas públicas.
Si la reforma laboral cumple estos objetivos, será exitosa y logrará que, en términos de generación de empleo, el sector formal sea, de nueva cuenta, el motor de la economía.
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Según reportan distintos medios de comunicación, en estos días, podría llegar al pleno de la Cámara de Diputados un dictamen de reforma de diversas leyes que regulan las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores.
Lo primero que debe señalarse es que es prácticamente imposible encontrar en la página oficial de la Cámara de Diputados los documentos que presuntamente discutirán los representantes populares integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. La página de la Cámara Baja contiene mucha información de asuntos que no son sustantivos y prácticamente ninguna información de los temas relevantes. ¿Que se discute en las Comisiones? La fuente oficial de la Cámara no informa. Al menos en su formato vigente, la página de la Cámara de Diputados no ganará un premio a la transparencia.
Regresando al tema, según los medios (nuestra única fuente), en los próximos tres días una subcomisión especial de la Cámara de Diputados, sostendrá sesiones de trabajo y elaborará un proyecto de dictamen de reforma a la Ley Federal de Trabajo. La idea es, repito, que el pleno la discuta a finales del mes.
Si algún problema de política pública en el país está sobre diagnosticado es el sistema laboral y no me detengo mucho en ello.
Sabemos que es ineficiente y que genera costos excesivos a la economía formal. Sabemos también que la participación de utilidades equivale a un impuesto sobre la renta y que debería ser sustituido por incentivos vinculados a la productividad. Por mucho tiempo, también hemos sabido que los ‘contratos ley’ obligan a las empresas del mismo giro a otorgar las mismas prestaciones, independientemente de su situación y que, desde un punto de vista financiero, esto no tiene mucho sentido. Sabemos también que los beneficios para los agremiados aumentan cuando las dirigencias de sus sindicatos se eligen mediante voto libre, directo y secreto y que estos mecanismos de selección deberían extenderse a todos los sindicatos, públicos y privados. Estos y muchos otros temas han sido analizados (en este y otros espacios) y no me detendré en ellos.
No obstante, en esta ronda de discusiones, si hay un tema que ha generado más interés. Es el llamado outsourcing que, en español, no es más que un esquema de subcontratación de actividades no esenciales para una empresa. Varios legisladores han cuestionado esta figura porque, según ellos, pretende reducir los niveles de vida de los trabajadores en las empresas subcontratadas. Esta apreciación no es adecuada. La subcontratación es una consecuencia de la competencia que, como todos sabemos, es el proceso económico que sustenta y promueve el mejoramiento de los niveles de vida.
Me explico.
Cuando el marco legal y regulatorio elimina obstáculos y monopolios entonces fomenta la competencia. Esto obliga a las empresas a ofrecer mejores productos a mejores precios. Si no lo hacen, pierden competitividad y eventualmente mueren. Para mantenerse en el mercado, las empresas van especializándose en algunas líneas de negocios y subcontratan actividades que no consideran esenciales. A su vez, las empresas subcontratadas se van especializando en las actividades que fueron subcontratadas. Esto las hace más productivas y generan, a la larga, más empleo.
Si, en el marco de la discusión laboral, se prohibiera o dificultara la subcontratación, los legisladores le estarían diciendo a las empresas que no busquen ser más productivas y competitivas. Ahora, si una empresa subcontratada comete un abuso, el culpable no es la figura de la subcontratación, el problema debe buscarse en otro lado.
Vista de manera integral, la reforma debería hacer menos inflexible, o más flexible, el marco laboral. Nuestras leyes no reflejan la economía del siglo 21 y dificultan a las empresas en México competir con empresas instaladas en otros países.
Además, la reforma laboral debe valorar que el perfil del trabajador ha cambiado. A mí me sorprende que de los diez empleos más demandados en el 2010 no existían en el año 2000. También me sorprende que, a diferencia de la época de nuestros padres, quienes hoy se integran al mercado laboral tienen la expectativa de que cambiarán de empleo varias veces durante sus vidas. Esto lo sabemos en las universidades porque nuestra función es, en cierto sentido, preparar a las personas para empleos que todavía no existen, con tecnologías que todavía no se inventan, para solucionar problemas que todavía no conocemos.
Este es el mundo real y esperemos la reforma laboral lo refleje. Las leyes vigentes se hicieron cuando el mundo era más estable y predecible. Esto cambió y, en este sentido, la reforma debe contribuir a que las empresas sean más productivas y que los empleados adquieran más habilidades a lo largo de su vida laboral sin perder los beneficios adquiridos. Todo esto, cuidando la estabilidad de las finanzas públicas.
Si la reforma laboral cumple estos objetivos, será exitosa y logrará que, en términos de generación de empleo, el sector formal sea, de nueva cuenta, el motor de la economía.
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8 de marzo de 2011
Desarrollo regional y política comercial
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 8 de marzo a las 7:40 AM.
La semana anterior se publicaron los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda del 2010. La base de datos contiene una gran cantidad de información que nos permite identificar la manera en que ha evolucionado el perfil demográfico, social y económico de quienes habitamos el país. Por ejemplo, el censo reporta que, al año pasado, éramos más de 112 millones de personas y que la tasa de crecimiento poblacional sigue disminuyendo. Estos datos fueron los que más resaltaron los medios de comunicación, pero el día de hoy, con base en la información del INEGI, quiero compartir una reflexión sobre el desarrollo regional del país y su relación con la política comercial.
Los resultados del Censo confirman un aumento en la brecha, un aumento en la diferencia en la calidad de vida entre el norte de México y el sur del país. Desafortunadamente, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla, las condiciones de vida son menos favorables para sus habitantes. Esto lo vemos en indicadores en salud, educación, vivienda, por mencionar unos cuantos.
¿Qué tiene que ver la política comercial con esto?
Para responder, conviene dividir la economía regional del país en dos etapas. Por un lado, durante la mayor parte del siglo pasado, una creciente y excesiva centralización de la actividad económica en el área metropolitana del Distrito Federal; por el otro lado, a partir de mediados de los ochenta, un crecimiento relativamente mayor de la zona norte del país.
Hablemos de la primera etapa.
Por varias décadas (durante la posguerra y hasta mediados de los ochenta), nuestro país mantuvo una política de sustitución de importaciones. En los hechos, México cerró su frontera al comercio internacional. Esta política se mantuvo principalmente por cuestiones filosóficas aunado al descubrimiento y existencia de enormes reservas petroleras que, según se decía, fomentarían el crecimiento de la economía nacional. Gracias al petróleo, no era necesario comerciar con el exterior.
Durante ese tiempo, la política comercial no permitía a los agentes económicos intercambiar bienes con el extranjero y únicamente podían hacerlo en el país. Esto contribuyó a que la actividad económica se concentrara en la Ciudad de México. Esto es más claro si lo vemos desde la perspectiva de un inversionista. Si para el productor mexicano únicamente podía comerciar en su país, lo más sensato era ubicar sus operaciones en el centro económico más importante y de ahí surtir al resto del país. Con todo y sus problemas, el Distrito Federal tenía el mayor número de clientes potenciales, así como de proveedores. La política comercial promovió la concentración.
Pero esta lógica de distribución de la actividad económica se transformó con la apertura. El país dejó a un lado el modelo de sustitución de importaciones y, con ello, inició uno de los procesos de descentralización de la actividad económica más importante, no solo del país, sino de la región.
La apertura ahora permitía a los agentes económicos mexicanos intercambiar bienes y servicios con el extranjero. Naturalmente, otros mercados internacionales, particularmente Estados Unidos, se tornaron muy interesantes y para algunos se convirtieron en su principal mercado. Bajo esta lógica, para el inversionista ahora tiene más sentido ubicar o reubicar sus operaciones productivas más cerca de estos nuevos mercados.
Sin duda la Ciudad de México sigue siendo un centro de negocio muy importante, pero –a diferencia de la época de sustitución de importaciones- ya no es el único y probablemente no sea el más relevante (depende del sector). Con la apertura, nuestro vecino del norte ejerció una fuerza de atracción importante y acercó a sus fronteras una parte sustantiva de la actividad económica que anteriormente se instalaba en la Ciudad de México.
En resumen, como una consecuencia del cambio en la política comercial, hemos visto la aparición de 'dos Méxicos': hacia el norte, uno vibrante; y, hacia el sur, un país que avanza a un ritmo considerablemente menor. Si bien las diferencias regionales son un fenómeno que tenemos muy presente, debemos reconocer que es un fenómeno relativamente reciente en términos históricos. Hasta hace dos décadas, el problema regional de México era la enorme brecha entre el DF y el resto del país. Los datos que presentó el INEGI la semana pasada confirman la transformación del patrón del desarrollo regional en México en las últimas décadas.
¿Qué hacer?
Esta es la gran pregunta. La respuesta tradicional es utilizar gasto social para mejorar las condiciones de vida en el sur del país pero llevamos años con esta fórmula y no hay mejoras sustantivas. Con base en el planteamiento aquí presentado, parecería más efectivo preguntarnos como acercamos estas regiones a otros mercados y como los insertamos a la dinámica comercial.
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La semana anterior se publicaron los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda del 2010. La base de datos contiene una gran cantidad de información que nos permite identificar la manera en que ha evolucionado el perfil demográfico, social y económico de quienes habitamos el país. Por ejemplo, el censo reporta que, al año pasado, éramos más de 112 millones de personas y que la tasa de crecimiento poblacional sigue disminuyendo. Estos datos fueron los que más resaltaron los medios de comunicación, pero el día de hoy, con base en la información del INEGI, quiero compartir una reflexión sobre el desarrollo regional del país y su relación con la política comercial.
Los resultados del Censo confirman un aumento en la brecha, un aumento en la diferencia en la calidad de vida entre el norte de México y el sur del país. Desafortunadamente, en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla, las condiciones de vida son menos favorables para sus habitantes. Esto lo vemos en indicadores en salud, educación, vivienda, por mencionar unos cuantos.
¿Qué tiene que ver la política comercial con esto?
Para responder, conviene dividir la economía regional del país en dos etapas. Por un lado, durante la mayor parte del siglo pasado, una creciente y excesiva centralización de la actividad económica en el área metropolitana del Distrito Federal; por el otro lado, a partir de mediados de los ochenta, un crecimiento relativamente mayor de la zona norte del país.
Hablemos de la primera etapa.
Por varias décadas (durante la posguerra y hasta mediados de los ochenta), nuestro país mantuvo una política de sustitución de importaciones. En los hechos, México cerró su frontera al comercio internacional. Esta política se mantuvo principalmente por cuestiones filosóficas aunado al descubrimiento y existencia de enormes reservas petroleras que, según se decía, fomentarían el crecimiento de la economía nacional. Gracias al petróleo, no era necesario comerciar con el exterior.
Durante ese tiempo, la política comercial no permitía a los agentes económicos intercambiar bienes con el extranjero y únicamente podían hacerlo en el país. Esto contribuyó a que la actividad económica se concentrara en la Ciudad de México. Esto es más claro si lo vemos desde la perspectiva de un inversionista. Si para el productor mexicano únicamente podía comerciar en su país, lo más sensato era ubicar sus operaciones en el centro económico más importante y de ahí surtir al resto del país. Con todo y sus problemas, el Distrito Federal tenía el mayor número de clientes potenciales, así como de proveedores. La política comercial promovió la concentración.
Pero esta lógica de distribución de la actividad económica se transformó con la apertura. El país dejó a un lado el modelo de sustitución de importaciones y, con ello, inició uno de los procesos de descentralización de la actividad económica más importante, no solo del país, sino de la región.
La apertura ahora permitía a los agentes económicos mexicanos intercambiar bienes y servicios con el extranjero. Naturalmente, otros mercados internacionales, particularmente Estados Unidos, se tornaron muy interesantes y para algunos se convirtieron en su principal mercado. Bajo esta lógica, para el inversionista ahora tiene más sentido ubicar o reubicar sus operaciones productivas más cerca de estos nuevos mercados.
Sin duda la Ciudad de México sigue siendo un centro de negocio muy importante, pero –a diferencia de la época de sustitución de importaciones- ya no es el único y probablemente no sea el más relevante (depende del sector). Con la apertura, nuestro vecino del norte ejerció una fuerza de atracción importante y acercó a sus fronteras una parte sustantiva de la actividad económica que anteriormente se instalaba en la Ciudad de México.
En resumen, como una consecuencia del cambio en la política comercial, hemos visto la aparición de 'dos Méxicos': hacia el norte, uno vibrante; y, hacia el sur, un país que avanza a un ritmo considerablemente menor. Si bien las diferencias regionales son un fenómeno que tenemos muy presente, debemos reconocer que es un fenómeno relativamente reciente en términos históricos. Hasta hace dos décadas, el problema regional de México era la enorme brecha entre el DF y el resto del país. Los datos que presentó el INEGI la semana pasada confirman la transformación del patrón del desarrollo regional en México en las últimas décadas.
¿Qué hacer?
Esta es la gran pregunta. La respuesta tradicional es utilizar gasto social para mejorar las condiciones de vida en el sur del país pero llevamos años con esta fórmula y no hay mejoras sustantivas. Con base en el planteamiento aquí presentado, parecería más efectivo preguntarnos como acercamos estas regiones a otros mercados y como los insertamos a la dinámica comercial.
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22 de febrero de 2011
Presunto culpable
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 22 de febrero a las 7:40 AM.
El fin de semana vi Presunto Culpable. La película producida por Roberto Hernández y Layda Negrete es un documental basado en la historia de Antonio Zúñiga, un hombre acusado de haber cometido un homicidio en Iztapalapa. La prueba era un testigo ocular que, según apreciamos en la cinta, fue instruido, aleccionado o amenazado por los policías judiciales que detuvieron al acusado.
No daré muchos detalles porque seguramente hay personas que no la han visto, pero el relato es estremecedor. El acusado tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Según la película, tres policías judiciales lo levantaron y lo acusaron de haber cometido un homicidio.
Los mexicanos decimos -y Toño no fue la excepción- “el que nada debe, nada teme” pero, como muestra la película, si uno cae en los engranes del sistema de justicia no es fácil salir de ella, aún siendo inocente. Probablemente haya que revalorar el dicho.
La película logra varios objetivos.
Primero, transmite eficazmente al grueso de la población la importancia de la reforma al sistema de impartición de justicia. Ver, a través de una película, los efectos del sistema en la vida de una persona es más efectivo que publicar artículos académicos. La película pone al alcance de todos un tema que, de por sí, es complejo.
Segundo, la película nos hace ver que, aunque el artículo 20 de la Constitución otorga la presunción de inocencia y establece que todo acusado tendrá derecho a que se presuma la misma mientras un juez no dicte sentencia en su contra. Sin embargo, la práctica es distinta. Existe una prisión preventiva que encarcela a miles de mexicanos antes de ser juzgados.
Tercero, la película nos transmite la importancia de generar procesos de impartición de justicia más transparentes y accesibles a la población.
No obstante estos logros, el problema del sistema de justicia es más amplio y hay temas de fondo que la película no aborda. Como dijo alguien, en la película vemos las consecuencias y no las causas.
La película no aclara que, para cumplir sus funciones, los tribunales locales necesitan más recursos y que son los congresos quienes deberían hacer la asignación correspondiente. La película muestra equipo de cómputo y técnico viejo e inadecuado. Debería modernizarse, pero regresamos al tema del dinero. La película no dice que el sistema de justicia está sobrecargado y que esto se refleja en el desempeño de los juzgados. Esto aplica prácticamente en todos los tribunales de todas las materias y no únicamente la penal.
Es necesario acelerar la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia en México. Varios estados iniciaron la transición de procesos judiciales escritos a los procesos judiciales orales, pero estos enfrentan resistencias y obstáculos. Pero es fundamental mantener el esfuerzo. Sólo así podrá hacerse efectivo el 17 constitucional que establece que la administración de justicia debe ser expedita y las resoluciones deben ser prontas e imparciales.
La película también nos recuerda la importancia de darle autonomía al ministerio público. Hay quienes dicen que esto se consigue si el procurador es nombrado o ratificado en el Senado. Esto no es así. Es más profundo. La autonomía del MP incluye un cambio en la administración de casos que permita descongestionar el trabajo, la profesionalización de servicios periciales, la construcción de la policía de investigación y el establecimiento de un servicio civil de carrera. Solo si hacemos esto podremos atraer al MP un perfil distinto de abogados a la institución y así también darle un mejor servicio a la ciudadanía.
Otros países reformaron su sistema de impartición de justicia y con muy buenos resultados.
Chile es el mejor ejemplo. A principios de la década anterior, reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito (es decir, un sistema muy parecido al que vemos en la película) por un sistema acusatorio y oral. Su reforma les trajo enormes beneficios, también en otros ámbitos. Por ejemplo, el nuevo sistema explica, en gran medida, que Chile sea un imán de inversiones porque éstas reconocen que hay mayor seguridad jurídica. Basta ver los rankings internacionales de competitividad para ver el salto que hicieron los chilenos.
Estas son, auditorio, unas breves apreciaciones sobre Presunto Culpable, una película que pone sobre la mesa la importancia de continuar el proceso de reforma del sistema de impartición de justicia en México y enriquecerlo con otros temas como la certificación de los abogados (fiscales y defensores). ¿Cómo es posible que una persona con título falsificado litigue en un tribunal?
Pero el mayor logro es involucrar eficazmente a la ciudadanía en este complejo tema. El fin de semana las salas estaban llenas y la gente salía realmente conmovida. Ojalá no nos quedemos en eso y los ciudadanos nos involucremos más y generemos una sana presión para acelerar la transformación de la administración de justicia en todos los estados del país.
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El fin de semana vi Presunto Culpable. La película producida por Roberto Hernández y Layda Negrete es un documental basado en la historia de Antonio Zúñiga, un hombre acusado de haber cometido un homicidio en Iztapalapa. La prueba era un testigo ocular que, según apreciamos en la cinta, fue instruido, aleccionado o amenazado por los policías judiciales que detuvieron al acusado.
No daré muchos detalles porque seguramente hay personas que no la han visto, pero el relato es estremecedor. El acusado tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Según la película, tres policías judiciales lo levantaron y lo acusaron de haber cometido un homicidio.
Los mexicanos decimos -y Toño no fue la excepción- “el que nada debe, nada teme” pero, como muestra la película, si uno cae en los engranes del sistema de justicia no es fácil salir de ella, aún siendo inocente. Probablemente haya que revalorar el dicho.
La película logra varios objetivos.
Primero, transmite eficazmente al grueso de la población la importancia de la reforma al sistema de impartición de justicia. Ver, a través de una película, los efectos del sistema en la vida de una persona es más efectivo que publicar artículos académicos. La película pone al alcance de todos un tema que, de por sí, es complejo.
Segundo, la película nos hace ver que, aunque el artículo 20 de la Constitución otorga la presunción de inocencia y establece que todo acusado tendrá derecho a que se presuma la misma mientras un juez no dicte sentencia en su contra. Sin embargo, la práctica es distinta. Existe una prisión preventiva que encarcela a miles de mexicanos antes de ser juzgados.
Tercero, la película nos transmite la importancia de generar procesos de impartición de justicia más transparentes y accesibles a la población.
No obstante estos logros, el problema del sistema de justicia es más amplio y hay temas de fondo que la película no aborda. Como dijo alguien, en la película vemos las consecuencias y no las causas.
La película no aclara que, para cumplir sus funciones, los tribunales locales necesitan más recursos y que son los congresos quienes deberían hacer la asignación correspondiente. La película muestra equipo de cómputo y técnico viejo e inadecuado. Debería modernizarse, pero regresamos al tema del dinero. La película no dice que el sistema de justicia está sobrecargado y que esto se refleja en el desempeño de los juzgados. Esto aplica prácticamente en todos los tribunales de todas las materias y no únicamente la penal.
Es necesario acelerar la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia en México. Varios estados iniciaron la transición de procesos judiciales escritos a los procesos judiciales orales, pero estos enfrentan resistencias y obstáculos. Pero es fundamental mantener el esfuerzo. Sólo así podrá hacerse efectivo el 17 constitucional que establece que la administración de justicia debe ser expedita y las resoluciones deben ser prontas e imparciales.
La película también nos recuerda la importancia de darle autonomía al ministerio público. Hay quienes dicen que esto se consigue si el procurador es nombrado o ratificado en el Senado. Esto no es así. Es más profundo. La autonomía del MP incluye un cambio en la administración de casos que permita descongestionar el trabajo, la profesionalización de servicios periciales, la construcción de la policía de investigación y el establecimiento de un servicio civil de carrera. Solo si hacemos esto podremos atraer al MP un perfil distinto de abogados a la institución y así también darle un mejor servicio a la ciudadanía.
Otros países reformaron su sistema de impartición de justicia y con muy buenos resultados.
Chile es el mejor ejemplo. A principios de la década anterior, reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito (es decir, un sistema muy parecido al que vemos en la película) por un sistema acusatorio y oral. Su reforma les trajo enormes beneficios, también en otros ámbitos. Por ejemplo, el nuevo sistema explica, en gran medida, que Chile sea un imán de inversiones porque éstas reconocen que hay mayor seguridad jurídica. Basta ver los rankings internacionales de competitividad para ver el salto que hicieron los chilenos.
Estas son, auditorio, unas breves apreciaciones sobre Presunto Culpable, una película que pone sobre la mesa la importancia de continuar el proceso de reforma del sistema de impartición de justicia en México y enriquecerlo con otros temas como la certificación de los abogados (fiscales y defensores). ¿Cómo es posible que una persona con título falsificado litigue en un tribunal?
Pero el mayor logro es involucrar eficazmente a la ciudadanía en este complejo tema. El fin de semana las salas estaban llenas y la gente salía realmente conmovida. Ojalá no nos quedemos en eso y los ciudadanos nos involucremos más y generemos una sana presión para acelerar la transformación de la administración de justicia en todos los estados del país.
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14 de enero de 2011
Las reglas electorales y la radicalización del discurso
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 11 de enero a las 7:40 AM.
El día de hoy quiero comentar sobre el caso de la legisladora norteamericana, Gabrielle Giffords, que, como ha sido ampliamente reportado, sufrió un intento de asesinato el fin de semana.
En los Estados Unidos, la discusión, el análisis, la preocupación se ha concentrado en dos asuntos. Uno, las preguntas relacionadas a los hechos (¿cómo sucedió esta tragedia y quiénes están involucrados?); dos, las preguntas relacionadas a los motivos (¿por qué sucedió?).
Sobre lo primero, los reportes de las investigaciones han resaltado el estilo de vida y los rasgos psicológicos del joven de veintidós que disparó y mató a varias personas, entre ellas una niña de nueve años de edad. Se ha especulado sobre el estado mental del presunto asesino, con base en sus participaciones en redes sociales (como MySpace y YouTube).
No sabemos todavía si los hechos de Tucson son similares a lo que ocurrió en la Universidad de Virginia Tech o Columbine High School en donde una persona con problemas mentales y un arma comete este tipo de actos. O si se parece más a Oklahoma City, en donde si hubo una motivación política. Las investigaciones y el tiempo nos lo dirán.
En relación a los motivos, una de las hipótesis más recurrentes vincula el crimen con el tono del debate político en los Estados Unidos. Para muchos, el discurso se ha radicalizado en los últimos años. Sin duda, esto nos lleva a un terreno peligroso, pantanoso, porque inevitablemente politizará el crimen y lo mezclará con derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Sin importar las investigaciones, políticamente se responsabilizará a los grupos vinculados al Tea Party ya que han manejado una retórica similar a la que hoy estamos cuestionando.
Sin duda los hechos son una tragedia para Arizona y un muy fuerte llamado de atención para el sistema político norteamericano. Ya veremos cómo reacciona la clase política, encabezados por el Presidente Barack Obama, emanado del Partido Demócrata y John Boehner, el líder republicano en la Cámara de Representantes. Ojalá este episodio lleve a una reflexión colectiva sobre el discurso, el tono, la civilidad política. Sin duda, habrá lecciones importantes, no solo para los norteamericanos, sino también para los electores en otras latitudes.
Una pregunta importante –que no he visto en los medios- es si el marco institucional, las reglas electorales contribuyen o no al ambiente de crispación. Si encuentro varias explicaciones y, por cuestiones de tiempo, resalto una que me parece fundamental.
En los Estados Unidos, los procesos de distritación (la conformación de los distritos electorales) son proceso que llevan los partidos políticos en los Congresos locales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que en muchas ocasiones, la frontera, los límites, la conformación no sigue criterios geográficos, sino que segmenta al electorado y coloca, en un mismo distrito, a una población con características muy similares. Esto a veces se hace para garantizar representación a ciertos grupos. No obstante, lo que ha ido sucediendo, poco a poco, es que los partidos han diseñado distritos a la medida.
¿Qué tiene que ver la conformación de este tipo de distritos electorales con el discurso y el tono político? En este tipo de distritos, la contienda política real no es la elección constitucional, sino en la precampaña. Dado que lo complicado es ganar la nominación del partido, poco a poco, los precandidatos se van radicalizando más. Además, en estos procesos votan normalmente únicamente los militantes y los candidatos con mayores ventajas son los más ideologizados. El político que está dispuesto a negociar con los opositores es visto como un peligro para su partido y, de esta manera, poco a poco los moderados van perdiendo. Obviamente, los representantes electos en este tipo de procesos difícilmente lograrán ponerse de acuerdo. Es como si vinieran de dos universos muy distintos.
La política es el arte del compromiso y, en la práctica, esto implica que los representantes deben tener la capacidad y el incentivo para negociar e intentar convencer a electores de todo el espectro político y no únicamente a los de su partido. Entre más 'plurales' sean los distritos, mayor el incentivo a buscar el centro y a negociar.
Si mi carrera política depende únicamente de lo que digan los militantes de mi partido, entonces estaré cerrando las posibilidades de colaborar y cooperar con los representantes de los otros partidos. En este sistema, entre más beligerante sea el político, mayor oportunidad de ganar.
En fin. Aquí una razón, una hipótesis, sobre los motivos de la crispación política en los Estados Unidos. Lo más seguro es que esto no explica, en ninguna medida, los trágicos episodios en Tucson; pero si sugiere que algunas reglas, en particular, la conformación de los distritos, desincentiva la colaboración entre los legisladores emanados de distintos partidos.
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El día de hoy quiero comentar sobre el caso de la legisladora norteamericana, Gabrielle Giffords, que, como ha sido ampliamente reportado, sufrió un intento de asesinato el fin de semana.
En los Estados Unidos, la discusión, el análisis, la preocupación se ha concentrado en dos asuntos. Uno, las preguntas relacionadas a los hechos (¿cómo sucedió esta tragedia y quiénes están involucrados?); dos, las preguntas relacionadas a los motivos (¿por qué sucedió?).
Sobre lo primero, los reportes de las investigaciones han resaltado el estilo de vida y los rasgos psicológicos del joven de veintidós que disparó y mató a varias personas, entre ellas una niña de nueve años de edad. Se ha especulado sobre el estado mental del presunto asesino, con base en sus participaciones en redes sociales (como MySpace y YouTube).
No sabemos todavía si los hechos de Tucson son similares a lo que ocurrió en la Universidad de Virginia Tech o Columbine High School en donde una persona con problemas mentales y un arma comete este tipo de actos. O si se parece más a Oklahoma City, en donde si hubo una motivación política. Las investigaciones y el tiempo nos lo dirán.
En relación a los motivos, una de las hipótesis más recurrentes vincula el crimen con el tono del debate político en los Estados Unidos. Para muchos, el discurso se ha radicalizado en los últimos años. Sin duda, esto nos lleva a un terreno peligroso, pantanoso, porque inevitablemente politizará el crimen y lo mezclará con derechos fundamentales, como la libertad de expresión. Sin importar las investigaciones, políticamente se responsabilizará a los grupos vinculados al Tea Party ya que han manejado una retórica similar a la que hoy estamos cuestionando.
Sin duda los hechos son una tragedia para Arizona y un muy fuerte llamado de atención para el sistema político norteamericano. Ya veremos cómo reacciona la clase política, encabezados por el Presidente Barack Obama, emanado del Partido Demócrata y John Boehner, el líder republicano en la Cámara de Representantes. Ojalá este episodio lleve a una reflexión colectiva sobre el discurso, el tono, la civilidad política. Sin duda, habrá lecciones importantes, no solo para los norteamericanos, sino también para los electores en otras latitudes.
Una pregunta importante –que no he visto en los medios- es si el marco institucional, las reglas electorales contribuyen o no al ambiente de crispación. Si encuentro varias explicaciones y, por cuestiones de tiempo, resalto una que me parece fundamental.
En los Estados Unidos, los procesos de distritación (la conformación de los distritos electorales) son proceso que llevan los partidos políticos en los Congresos locales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que en muchas ocasiones, la frontera, los límites, la conformación no sigue criterios geográficos, sino que segmenta al electorado y coloca, en un mismo distrito, a una población con características muy similares. Esto a veces se hace para garantizar representación a ciertos grupos. No obstante, lo que ha ido sucediendo, poco a poco, es que los partidos han diseñado distritos a la medida.
¿Qué tiene que ver la conformación de este tipo de distritos electorales con el discurso y el tono político? En este tipo de distritos, la contienda política real no es la elección constitucional, sino en la precampaña. Dado que lo complicado es ganar la nominación del partido, poco a poco, los precandidatos se van radicalizando más. Además, en estos procesos votan normalmente únicamente los militantes y los candidatos con mayores ventajas son los más ideologizados. El político que está dispuesto a negociar con los opositores es visto como un peligro para su partido y, de esta manera, poco a poco los moderados van perdiendo. Obviamente, los representantes electos en este tipo de procesos difícilmente lograrán ponerse de acuerdo. Es como si vinieran de dos universos muy distintos.
La política es el arte del compromiso y, en la práctica, esto implica que los representantes deben tener la capacidad y el incentivo para negociar e intentar convencer a electores de todo el espectro político y no únicamente a los de su partido. Entre más 'plurales' sean los distritos, mayor el incentivo a buscar el centro y a negociar.
Si mi carrera política depende únicamente de lo que digan los militantes de mi partido, entonces estaré cerrando las posibilidades de colaborar y cooperar con los representantes de los otros partidos. En este sistema, entre más beligerante sea el político, mayor oportunidad de ganar.
En fin. Aquí una razón, una hipótesis, sobre los motivos de la crispación política en los Estados Unidos. Lo más seguro es que esto no explica, en ninguna medida, los trágicos episodios en Tucson; pero si sugiere que algunas reglas, en particular, la conformación de los distritos, desincentiva la colaboración entre los legisladores emanados de distintos partidos.
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7 de diciembre de 2010
Aspectos generales del Latinobarómetro
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 7 de diciembre a las 7:40 AM.
La semana pasada se presentó la edición 2010 del Latinobarómetro; un estudio de opinión pública que se aplica anualmente en 18 países latinoamericanos.
El tono del documento es positivo. El primer párrafo del estudio es sintomático y dice lo siguiente: “América Latina vive su mejor momento desde el punto de vista del estado de sus democracias y de sus economías de los últimos años”.
El estudio nos permite ver que en el continente predomina el optimismo aunque esta percepción no la comparten todos los países. En México predomina un ambiente más negativo. Por ejemplo, si observamos los datos sobre el funcionamiento de la democracia, nuestro país registra el nivel más bajo de satisfacción de toda la región. El 44 por ciento de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia; en México, únicamente el 27 por ciento.
Desde 2007, el apoyo a la democracia como forma de gobierno ha aumentado de manera sostenida en el continente. Los aumentos son graduales y poco significativos si lo comparamos de manera anual. No obstante, con el paso de los años es clara la tendencia positiva. Por primera ocasión desde que se publica el estudio, el apoyo a la democracia se ha incrementado por cuarto año consecutivo.
Las elecciones se han afianzado como el mecanismo legítimo para el acceso a los cargos públicos. Salvo contadas excepciones, durante la última década, las elecciones se han llevado a cabo de manera regular, con total normalidad, en las fechas previstas, y sus resultados aceptados por todas las partes. La calidad, credibilidad y legitimidad de los procesos electorales ha mejorado sustancialmente. Hoy día casi la totalidad de los países de América Latina son democracias electorales.
Esta buena noticia no significa que la preferencia por un régimen autoritario haya sido desmantelada; las encuestas muestran que a lo largo de los 15 años, aproximadamente el 15 por ciento de la población prefiere un sistema de gobierno más autoritario.
Encuentro muy interesante que Venezuela es el país de la región que reporta un mayor apoyo a la democracia. Estamos hablando de que el 84 por ciento de los venezolanos está satisfecho con ella. A muchos nos parece paradójico que el país que más apoya esta forma de gobierno en el continente es, al mismo tiempo, el país que más críticas recibe del mismo.
El estudio nos da información sobre los temas pendientes.
Por ejemplo, no está afianzada en la región una cultura de legalidad y de respeto a la ley. El 39 por ciento de los latinoamericanos está de acuerdo en que si la situación del país se pone difícil, el gobierno puede pasar “por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones” con tal de "resolver los problemas".
Ahora, hablemos de la economía.
Si bien el desempeño de la economía no es extraordinario, no hay duda que los problemas económicos de la región han disminuido. Por ejemplo, con la reciente crisis financiera global hubo una reducción en las tasas de crecimiento pero, sin duda, no experimentamos problemas similares a los que aquejan a otros países (como algunos europeos y los Estados Unidos). Esto ha contribuido al optimismo.
En la región, la satisfacción con el desempeño de la economía ha ido aumentando en los últimos años. Hoy, el 30 por ciento de los latinoamericanos está satisfecho. En México, el nivel de satisfacción es más bajo. Únicamente el 17 por ciento de las personas está satisfecho con el desempeño de la economía; el 80 por ciento se dice insatisfecho.
Por otro lado, el 39 por ciento de los latinoamericanos considera que su país está progresando. La sensación de mejoría varía. Brasil es el país más optimista. El 68 por ciento de los brasileños percibe que su país está progresando; en México, el porcentaje es considerablemente menor: únicamente el 24 por ciento de encuestados considera que ha habido progreso en los últimos años.
El sistema de mercado parece haberse afianzado. El 58 por ciento de los latinoamericanos está de acuerdo o muy de acuerdo con el señalamiento de que la economía de mercado es el único sistema mediante el cual el país podría llegar a ser desarrollado. A su vez, el 71 por ciento de las personas en la región consideran que las empresas privadas son indispensables para el desarrollo del país.
El Latinobarómetro señala que el principal problema en la región es la inseguridad y, según el estudio, la gente no está percibiendo mejoría. A la pregunta, ¿puede usted decir que en su país es cada día más seguro, igual de seguro o más inseguro?, el 58 por ciento de los latinoamericanos percibe más inseguridad. En México el promedio es 73, uno de los más altos del continente.
En fin, aquí una pincelada, un esbozo general del estudio que nos permite ver que la región es, hoy por hoy, optimista. El manejo de las variables democráticas y económicas ha sido relativamente adecuado (sin ser espectacular) y esto ha contribuido que los latinoamericanos se sientan hoy mejor que nunca.
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La semana pasada se presentó la edición 2010 del Latinobarómetro; un estudio de opinión pública que se aplica anualmente en 18 países latinoamericanos.
El tono del documento es positivo. El primer párrafo del estudio es sintomático y dice lo siguiente: “América Latina vive su mejor momento desde el punto de vista del estado de sus democracias y de sus economías de los últimos años”.
El estudio nos permite ver que en el continente predomina el optimismo aunque esta percepción no la comparten todos los países. En México predomina un ambiente más negativo. Por ejemplo, si observamos los datos sobre el funcionamiento de la democracia, nuestro país registra el nivel más bajo de satisfacción de toda la región. El 44 por ciento de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia; en México, únicamente el 27 por ciento.
Desde 2007, el apoyo a la democracia como forma de gobierno ha aumentado de manera sostenida en el continente. Los aumentos son graduales y poco significativos si lo comparamos de manera anual. No obstante, con el paso de los años es clara la tendencia positiva. Por primera ocasión desde que se publica el estudio, el apoyo a la democracia se ha incrementado por cuarto año consecutivo.
Las elecciones se han afianzado como el mecanismo legítimo para el acceso a los cargos públicos. Salvo contadas excepciones, durante la última década, las elecciones se han llevado a cabo de manera regular, con total normalidad, en las fechas previstas, y sus resultados aceptados por todas las partes. La calidad, credibilidad y legitimidad de los procesos electorales ha mejorado sustancialmente. Hoy día casi la totalidad de los países de América Latina son democracias electorales.
Esta buena noticia no significa que la preferencia por un régimen autoritario haya sido desmantelada; las encuestas muestran que a lo largo de los 15 años, aproximadamente el 15 por ciento de la población prefiere un sistema de gobierno más autoritario.
Encuentro muy interesante que Venezuela es el país de la región que reporta un mayor apoyo a la democracia. Estamos hablando de que el 84 por ciento de los venezolanos está satisfecho con ella. A muchos nos parece paradójico que el país que más apoya esta forma de gobierno en el continente es, al mismo tiempo, el país que más críticas recibe del mismo.
El estudio nos da información sobre los temas pendientes.
Por ejemplo, no está afianzada en la región una cultura de legalidad y de respeto a la ley. El 39 por ciento de los latinoamericanos está de acuerdo en que si la situación del país se pone difícil, el gobierno puede pasar “por encima de las leyes, el parlamento y/o las instituciones” con tal de "resolver los problemas".
Ahora, hablemos de la economía.
Si bien el desempeño de la economía no es extraordinario, no hay duda que los problemas económicos de la región han disminuido. Por ejemplo, con la reciente crisis financiera global hubo una reducción en las tasas de crecimiento pero, sin duda, no experimentamos problemas similares a los que aquejan a otros países (como algunos europeos y los Estados Unidos). Esto ha contribuido al optimismo.
En la región, la satisfacción con el desempeño de la economía ha ido aumentando en los últimos años. Hoy, el 30 por ciento de los latinoamericanos está satisfecho. En México, el nivel de satisfacción es más bajo. Únicamente el 17 por ciento de las personas está satisfecho con el desempeño de la economía; el 80 por ciento se dice insatisfecho.
Por otro lado, el 39 por ciento de los latinoamericanos considera que su país está progresando. La sensación de mejoría varía. Brasil es el país más optimista. El 68 por ciento de los brasileños percibe que su país está progresando; en México, el porcentaje es considerablemente menor: únicamente el 24 por ciento de encuestados considera que ha habido progreso en los últimos años.
El sistema de mercado parece haberse afianzado. El 58 por ciento de los latinoamericanos está de acuerdo o muy de acuerdo con el señalamiento de que la economía de mercado es el único sistema mediante el cual el país podría llegar a ser desarrollado. A su vez, el 71 por ciento de las personas en la región consideran que las empresas privadas son indispensables para el desarrollo del país.
El Latinobarómetro señala que el principal problema en la región es la inseguridad y, según el estudio, la gente no está percibiendo mejoría. A la pregunta, ¿puede usted decir que en su país es cada día más seguro, igual de seguro o más inseguro?, el 58 por ciento de los latinoamericanos percibe más inseguridad. En México el promedio es 73, uno de los más altos del continente.
En fin, aquí una pincelada, un esbozo general del estudio que nos permite ver que la región es, hoy por hoy, optimista. El manejo de las variables democráticas y económicas ha sido relativamente adecuado (sin ser espectacular) y esto ha contribuido que los latinoamericanos se sientan hoy mejor que nunca.
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23 de noviembre de 2010
Sobre el principio de la no reelección
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 23 de noviembre a las 7:40 AM.
El día de hoy pongo la lupa en el principio de la no-reelección. El fin de semana celebramos el Centenario de la Revolución Mexicana y uno de los lemas del movimiento fue el de “Sufragio efectivo. No reelección”. Es probable, aunque debatible, que la no-reelección en cargos públicos sea la mayor herencia de la guerra civil que inició hace cien años.
Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la gran mayoría de los mexicanos piensa que el llamado maderista a la no reelección aplicaba a todos los cargos públicos, incluyendo los diputados y senadores.
Esto no es correcto.
Dada la experiencia con Porfirio Díaz, Francisco I. Madero se refería exclusivamente al Presidente. Años después, la Constitución de 1917 retomó el exhorto maderista y la extendió a los gobernadores. En consecuencia, el texto original de nuestra carta magna si permitía la reelección consecutiva e indefinida de legisladores.
El cambio sucedió en la primera mitad de la década de los treinta. Plutarco Elías Calles lo propuso durante una convención del Partido Nacional Revolucionario y posteriormente el Constituyente Permanente reformó la constitución. Aunado al aumento del período de gobierno de cuatro a seis años, la prohibición de la reelección legislativa fortaleció al Ejecutivo y así inició el presidencialismo mexicano: un sistema político y de gobierno en el que los poderes legislativo y judicial se subordinaron al ejecutivo.
La prohibición de la carrera legislativa deformó el sistema representativo, la división de poderes y el diseño constitucional. No debe sorprendernos que el Ejecutivo fuera, durante muchos años, el gran legislador. En las agencias y secretarías se encontraba la experiencia, la información y el aparato técnico que apoya al poder público.
Desde hace varios años, muchos analistas y politólogos nos hemos pronunciado por levantar esta prohibición. Hace doce años, en mi tesis de maestría cuestioné esta figura.
Sin entrar en detalles, el principal argumento establece que es la mejor manera de alinear los incentivos para que los legisladores voten y decidan los temas públicos según los intereses de sus representados porque recuperarían (los electores) el poder para premiar o castigar al diputado o senador. Otro argumento es la generación de 'memoria institucional'. Es un grave problema que cada tres años tengamos que renovar el 100 por ciento de los legisladores.
No obstante, debo confesar que mi percepción ha ido evolucionando y ya no estoy tan convencido de que sea una reforma institucional prioritaria. Y más después de ver los efectos de las últimas reformas electorales que han limitado la participación de los actores políticos que no militan en los partidos registrados.
Sin duda quienes promueven la reelección legislativa tienen buenas intenciones, pero sin una ciudadanía más involucrada en la vida política nacional, la permanencia en el cargo legislativo podría convertirse en un mecanismo de control local.
En este contexto, la no reelección legislativa es probablemente la mejor manera de ventilar y renovar el sistema político mexicano. Comparado con otros países, en México no es tan difícil llegar a ser legislador e iniciar una carrera política. Es difícil sobrevivir, pero así es en todos lados. Si permitiéramos la reelección en las Cámaras, estaríamos cerrando una de las pocas puertas del sistema político que siguen abiertas.
En lugar de eliminar la no reelección en las cámaras, lo que propondría en el corto plazo es llevar el principio maderista a otras esferas de poder que si permiten la reelección indefinida y que, para muchos, han generado efectos desfavorables para el país. Por ejemplo, las agrupaciones sindicales en ámbitos públicos y privados.
Sería una reforma de enormes beneficios, que el llamado al “sufragio efectivo y no reelección”, el principio que festejamos y recordamos el fin de semana, también aplique en los sindicatos.
Ejemplos sobran de los perjuicios que algunos sindicatos le han causado a nuestro país y, en gran medida, porque los líderes se mantienen en el poder durante décadas y aprovechan los espacios para acumular fortunas. Se estima que en la mayoría de los sindicatos, los dirigentes tienen cuando menos veinte años al mando de sus organizaciones y sus niveles de vida no corresponden a la realidad que viven los trabajadores.
Desafortunadamente son pocos los sindicatos que tienen sistemas democráticos y transparentes para elegir a sus líderes o procesos internos que permiten la renovación de sus dirigencias para evitar el enquistamiento de algunos cuantos. Llevar el principio maderista a los sindicatos sería una excelente manera de elevar los niveles de vida de los trabajadores y sus familias.
En conclusión, podría ser bueno para el país eliminar la clausula de no reelección en el poder legislativo, pero parecería ser mejor aplicarla en aquellas instancias que no parecen estar cumpliendo con sus objetivos precisamente porque los mecanismos de control dificultan la rotación en el poder.
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El día de hoy pongo la lupa en el principio de la no-reelección. El fin de semana celebramos el Centenario de la Revolución Mexicana y uno de los lemas del movimiento fue el de “Sufragio efectivo. No reelección”. Es probable, aunque debatible, que la no-reelección en cargos públicos sea la mayor herencia de la guerra civil que inició hace cien años.
Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que la gran mayoría de los mexicanos piensa que el llamado maderista a la no reelección aplicaba a todos los cargos públicos, incluyendo los diputados y senadores.
Esto no es correcto.
Dada la experiencia con Porfirio Díaz, Francisco I. Madero se refería exclusivamente al Presidente. Años después, la Constitución de 1917 retomó el exhorto maderista y la extendió a los gobernadores. En consecuencia, el texto original de nuestra carta magna si permitía la reelección consecutiva e indefinida de legisladores.
El cambio sucedió en la primera mitad de la década de los treinta. Plutarco Elías Calles lo propuso durante una convención del Partido Nacional Revolucionario y posteriormente el Constituyente Permanente reformó la constitución. Aunado al aumento del período de gobierno de cuatro a seis años, la prohibición de la reelección legislativa fortaleció al Ejecutivo y así inició el presidencialismo mexicano: un sistema político y de gobierno en el que los poderes legislativo y judicial se subordinaron al ejecutivo.
La prohibición de la carrera legislativa deformó el sistema representativo, la división de poderes y el diseño constitucional. No debe sorprendernos que el Ejecutivo fuera, durante muchos años, el gran legislador. En las agencias y secretarías se encontraba la experiencia, la información y el aparato técnico que apoya al poder público.
Desde hace varios años, muchos analistas y politólogos nos hemos pronunciado por levantar esta prohibición. Hace doce años, en mi tesis de maestría cuestioné esta figura.
Sin entrar en detalles, el principal argumento establece que es la mejor manera de alinear los incentivos para que los legisladores voten y decidan los temas públicos según los intereses de sus representados porque recuperarían (los electores) el poder para premiar o castigar al diputado o senador. Otro argumento es la generación de 'memoria institucional'. Es un grave problema que cada tres años tengamos que renovar el 100 por ciento de los legisladores.
No obstante, debo confesar que mi percepción ha ido evolucionando y ya no estoy tan convencido de que sea una reforma institucional prioritaria. Y más después de ver los efectos de las últimas reformas electorales que han limitado la participación de los actores políticos que no militan en los partidos registrados.
Sin duda quienes promueven la reelección legislativa tienen buenas intenciones, pero sin una ciudadanía más involucrada en la vida política nacional, la permanencia en el cargo legislativo podría convertirse en un mecanismo de control local.
En este contexto, la no reelección legislativa es probablemente la mejor manera de ventilar y renovar el sistema político mexicano. Comparado con otros países, en México no es tan difícil llegar a ser legislador e iniciar una carrera política. Es difícil sobrevivir, pero así es en todos lados. Si permitiéramos la reelección en las Cámaras, estaríamos cerrando una de las pocas puertas del sistema político que siguen abiertas.
En lugar de eliminar la no reelección en las cámaras, lo que propondría en el corto plazo es llevar el principio maderista a otras esferas de poder que si permiten la reelección indefinida y que, para muchos, han generado efectos desfavorables para el país. Por ejemplo, las agrupaciones sindicales en ámbitos públicos y privados.
Sería una reforma de enormes beneficios, que el llamado al “sufragio efectivo y no reelección”, el principio que festejamos y recordamos el fin de semana, también aplique en los sindicatos.
Ejemplos sobran de los perjuicios que algunos sindicatos le han causado a nuestro país y, en gran medida, porque los líderes se mantienen en el poder durante décadas y aprovechan los espacios para acumular fortunas. Se estima que en la mayoría de los sindicatos, los dirigentes tienen cuando menos veinte años al mando de sus organizaciones y sus niveles de vida no corresponden a la realidad que viven los trabajadores.
Desafortunadamente son pocos los sindicatos que tienen sistemas democráticos y transparentes para elegir a sus líderes o procesos internos que permiten la renovación de sus dirigencias para evitar el enquistamiento de algunos cuantos. Llevar el principio maderista a los sindicatos sería una excelente manera de elevar los niveles de vida de los trabajadores y sus familias.
En conclusión, podría ser bueno para el país eliminar la clausula de no reelección en el poder legislativo, pero parecería ser mejor aplicarla en aquellas instancias que no parecen estar cumpliendo con sus objetivos precisamente porque los mecanismos de control dificultan la rotación en el poder.
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26 de octubre de 2010
Sobre el plan de austeridad y ajuste presupuestal en el Reino Unido
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 26 de octubre a las 7:40 AM.
La semana pasada el gobierno británico informó al Parlamento su programa de ajuste presupuestal con el cual busca reducir el enorme déficit público en aquel país.
El déficit representa el 11.5 por ciento del PIB. Es una cifra muy alta. Si revisamos los documentos fundacionales de la Unión Europea encontraremos que la recomendación y el compromiso de los países que la integran es de mantener un déficit por debajo del 3 por ciento del PIB.
El año pasado el déficit en el Reino Unido alcanzó los 156 mil millones de libras.
Como sucede en otros países, el estado británico tenía compromisos de gasto pero no recaudaba lo necesario. Antes del programa de ajuste anunciado, de cada 4 libras de gasto público, una libra (es decir, 25 por ciento) provenía de endeudamiento y se trasladaba al déficit.
El programa que presentó el Canciller (el equivalente al Secretario de Hacienda) establece una serie de reducciones equivalentes a 83 mil millones de libras que se implementarán gradualmente en los próximos 5 años.
En términos de empleos, las propias estimaciones gubernamentales hablan de una reducción de 490 mil plazas. Esto no significa que vayan a correr a los trabajadores en estos días. No. Simplemente, cuando haya jubilaciones o retiros, se congelarán las plazas y se reasignarán las funciones al personal ya existente.
La estrategia de reducción del déficit incluye otros elementos importantes: uno, reformas administrativas que buscan hacer más eficiente la provisión de servicios públicos; y dos, nuevas fuentes de ingreso, como el aumento del impuesto al valor agregado y la creación de un impuesto a los bancos.
En este sentido, el programa de ajuste que presenta el gobierno británico es amplio y serio porque ofrece una combinación de instrumentos (reducción de gastos, reformas administrativas y aumento de impuestos) para reducir el déficit.
Este tipo de programas con un enfoque más integral no se ven muy seguido. Es mucho más frecuente ver como los gobiernos prefieren reducir el déficit únicamente eliminando gasto o recortando impuestos (bajo el argumento de que esto reactivará la economía y, a la larga, mayores ingresos tributarios).
Veamos lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos.
Nuestro vecino del norte también tiene un problema con el déficit que viene creciendo de manera alarmante. No está al nivel todavía de la Gran Bretaña o Grecia, pero de seguir la tendencia, no faltan muchos años para que una crisis les obligue a resolverlo.
¿Lo están intentando resolver? No parece.
En Washington, ni las autoridades hacendarias, ni la Reserva Federal, ni los republicanos en sus discursos de campaña, hablan de aumentar impuestos y reducir gastos. Por el contrario, dominan las voces que proponen otra ronda de estímulos o más reducciones fiscales.
Es paradójico que en Estados Unidos se sigue la receta keynesiana de curar los problemas vía el gasto, mientras que en el país natal de Keynes, el camino ya fue desechado.
¿Qué podemos aprender de lo que está sucediendo en la Gran Bretaña?
La primera lección es que no hay un problema que el Estado gaste, el problema surge cuando no recauda lo necesario. Existen tres maneras de financiar el gasto: impuestos, deuda o impresión de dinero. De las tres, la correcta son los impuestos. Un gobierno no puede gastar lo que no tiene.
Otra lección es que probablemente los rasgos culturales si influyen. A los británicos les gusta decir que ellos son estoicos, es decir fuertes y ecuánimes ante la desgracia. Algo de eso estamos viendo. Según las encuestas, el electorado apoya los ajustes. A muchos les sorprenderá saber que en este país, como en Francia, se aumentó la edad de retiro, pero en el Reino Unido no vemos las mismas marchas y manifestaciones.
Por otro lado, influye que el gobierno británico es nuevo. Fue electo en mayo y tan pronto llegó al poder hizo un diagnóstico de la situación y no permitió que pasara mucho tiempo para presentar sus recomendaciones. El gobierno todavía no se desgasta, tiene autoridad moral, tiene un bono democrático y esto le permite tomar decisiones difíciles. La lección es que las decisiones difíciles tienen que tomarse pronto y rápido.
Y un último factor es la existencia de más de un partido político dispuesto a implementar el programa de ajuste. El gobierno británico está conformado por una coalición del partido mayoritario (los conservadores), con el tercer partido más grande (los demócratas liberales) y el que vayan juntos los protege políticamente en el futuro.
Esto recuerda algo que ya hemos mencionado (aunque aplicado a sistemas presidenciales): es bueno tener un gobierno competente, pero también es muy importante una oposición responsable dispuesta también a compartir los costos políticos de decisiones complejas.
En la Gran Bretaña esto sucedió y, en mi opinión, ha contribuido a la presentación y aceptación del electorado de un programa de reformas complejo y doloroso.
...
La semana pasada el gobierno británico informó al Parlamento su programa de ajuste presupuestal con el cual busca reducir el enorme déficit público en aquel país.
El déficit representa el 11.5 por ciento del PIB. Es una cifra muy alta. Si revisamos los documentos fundacionales de la Unión Europea encontraremos que la recomendación y el compromiso de los países que la integran es de mantener un déficit por debajo del 3 por ciento del PIB.
El año pasado el déficit en el Reino Unido alcanzó los 156 mil millones de libras.
Como sucede en otros países, el estado británico tenía compromisos de gasto pero no recaudaba lo necesario. Antes del programa de ajuste anunciado, de cada 4 libras de gasto público, una libra (es decir, 25 por ciento) provenía de endeudamiento y se trasladaba al déficit.
El programa que presentó el Canciller (el equivalente al Secretario de Hacienda) establece una serie de reducciones equivalentes a 83 mil millones de libras que se implementarán gradualmente en los próximos 5 años.
En términos de empleos, las propias estimaciones gubernamentales hablan de una reducción de 490 mil plazas. Esto no significa que vayan a correr a los trabajadores en estos días. No. Simplemente, cuando haya jubilaciones o retiros, se congelarán las plazas y se reasignarán las funciones al personal ya existente.
La estrategia de reducción del déficit incluye otros elementos importantes: uno, reformas administrativas que buscan hacer más eficiente la provisión de servicios públicos; y dos, nuevas fuentes de ingreso, como el aumento del impuesto al valor agregado y la creación de un impuesto a los bancos.
En este sentido, el programa de ajuste que presenta el gobierno británico es amplio y serio porque ofrece una combinación de instrumentos (reducción de gastos, reformas administrativas y aumento de impuestos) para reducir el déficit.
Este tipo de programas con un enfoque más integral no se ven muy seguido. Es mucho más frecuente ver como los gobiernos prefieren reducir el déficit únicamente eliminando gasto o recortando impuestos (bajo el argumento de que esto reactivará la economía y, a la larga, mayores ingresos tributarios).
Veamos lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos.
Nuestro vecino del norte también tiene un problema con el déficit que viene creciendo de manera alarmante. No está al nivel todavía de la Gran Bretaña o Grecia, pero de seguir la tendencia, no faltan muchos años para que una crisis les obligue a resolverlo.
¿Lo están intentando resolver? No parece.
En Washington, ni las autoridades hacendarias, ni la Reserva Federal, ni los republicanos en sus discursos de campaña, hablan de aumentar impuestos y reducir gastos. Por el contrario, dominan las voces que proponen otra ronda de estímulos o más reducciones fiscales.
Es paradójico que en Estados Unidos se sigue la receta keynesiana de curar los problemas vía el gasto, mientras que en el país natal de Keynes, el camino ya fue desechado.
¿Qué podemos aprender de lo que está sucediendo en la Gran Bretaña?
La primera lección es que no hay un problema que el Estado gaste, el problema surge cuando no recauda lo necesario. Existen tres maneras de financiar el gasto: impuestos, deuda o impresión de dinero. De las tres, la correcta son los impuestos. Un gobierno no puede gastar lo que no tiene.
Otra lección es que probablemente los rasgos culturales si influyen. A los británicos les gusta decir que ellos son estoicos, es decir fuertes y ecuánimes ante la desgracia. Algo de eso estamos viendo. Según las encuestas, el electorado apoya los ajustes. A muchos les sorprenderá saber que en este país, como en Francia, se aumentó la edad de retiro, pero en el Reino Unido no vemos las mismas marchas y manifestaciones.
Por otro lado, influye que el gobierno británico es nuevo. Fue electo en mayo y tan pronto llegó al poder hizo un diagnóstico de la situación y no permitió que pasara mucho tiempo para presentar sus recomendaciones. El gobierno todavía no se desgasta, tiene autoridad moral, tiene un bono democrático y esto le permite tomar decisiones difíciles. La lección es que las decisiones difíciles tienen que tomarse pronto y rápido.
Y un último factor es la existencia de más de un partido político dispuesto a implementar el programa de ajuste. El gobierno británico está conformado por una coalición del partido mayoritario (los conservadores), con el tercer partido más grande (los demócratas liberales) y el que vayan juntos los protege políticamente en el futuro.
Esto recuerda algo que ya hemos mencionado (aunque aplicado a sistemas presidenciales): es bueno tener un gobierno competente, pero también es muy importante una oposición responsable dispuesta también a compartir los costos políticos de decisiones complejas.
En la Gran Bretaña esto sucedió y, en mi opinión, ha contribuido a la presentación y aceptación del electorado de un programa de reformas complejo y doloroso.
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28 de septiembre de 2010
Sobre las elecciones en Venezuela
Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 28 de septiembre las 7:40 AM.
El día de hoy pongo sobre la mesa el proceso económico y político en Venezuela.
Por un lado, en un hecho que prácticamente pasó desapercibido en la prensa mexicana, el pasado viernes, el Presidente Chávez entregó las primeras Cédulas del Buen Vivir. La Cédula del Buen Vivir es una tarjeta que permite a los portadores adquirir alimentos y otros productos en tiendas . Independientemente de que puede ser un foco de corrupción (así tiende a suceder en los países donde el estado se convierte, además de regulador, en comprador, distrituidor y vendedor de bienes y servicios), la Cédula parece más bien un sistema de racionamiento ante la posibilidad de que el acceso y distribución de bienes básicos siga deteriorándose en los canales tradicionales.
La Cédula del Buen Vivir es otro experimento económico y social del gobierno de Chávez que, si algo debemos reconocerle, es su capacidad para dificultar el funcionamiento de los mercados y, con ello, reducir los niveles de vida de los venezolanos. En un par de décadas, Venezuela pasó de ser uno de los países con mayor nivel de vida en la región a uno que ocupa, de manera sistemática, los últimos lugares en casi todos los rankings económicos internacionales.
Por el otro lado, el hecho que si recibió mucho interés mediático fue la elección legislativa.
Los venezolanos acudieron a las urnas y la primera buena noticia es que la participación fue, según los reportes, la mayor en la historia en una elección parlamentaria. Aproximadamente el 64 por ciento de los casi 18 millones de electores. Los resultados son alentadores para la oposición y, sin duda, preocupantes para el gobierno.
Es cierto, como lo mencionó Chávez en su cuenta de twitter, que los candidatos oficiales obtuvieron la mayoría de los escaños, pero la nota del proceso es el desempeño electoral de la oposición. La oposición aseguró 65 asientos de una legislatura con 165 curules. Con este 39 por ciento de la representación, el gobierno perdió la mayoría calificada que le permite promover su agenda política, social y económica sin mayor análisis y discusión en el Poder Legislativo.
Sin duda, esto es una buena noticia para quienes consideramos que los pesos y contrapesos son una parte fundamental y crucial de un sistema político.
¿Implica cambios en el corto plazo?
No es claro. La legislatura que se conforma con la elección del domingo tomará posesión hasta enero del próximo año. El gobierno todavía tiene tres meses para intentar aprobar reformas constitucionales sin el visto bueno de la oposición.
Ahora, con todo y eso, una vez que entre la nueva legislatura, no está claro que pueda detener al gobierno ya que todavía mantendrá una sólida mayoría legislativa.
Por otro lado, desde hace varios, años, el poder legislativo se ha ido debilitando. Anteriormente, Venezuela tenía dos cámaras. En 1999, una reforma constitucional promovida por Chávez eliminó la cámara alta. Como paréntesis, vale la pena anotar que los argumentos que justificaron su eliminación son similares a los que repiten en otros países quienes promueven reducir el tamaño de las cámaras por considerarlas costosas e ineficientes. Pero este es otro tema.
Regresando a Venezuela, la única cámara que quedó se elegía anteriormente por representación proporcional y, a partir del año pasado, se modificó su integración (probablemente Chávez ya estaba previendo perder la popularidad). Ahora, la cámara venezolana se integra con base en una distritación que le da más peso a las zonas rurales. Eso explica la sobrerrepresentación de los candidatos oficiales: con menos de la mitad de los votos, obtuvieron casi las dos terceras partes de la legislatura.
A pesar de los resultados de la elección, que sin duda es un signo alentador, no debemos perder de vista que Chávez todavía controla el sistema político. En Venezuela, el Ejecutivo maneja los recursos del petróleo y, desafortunadamente, ha politizado la burocracia, las fuerzas armadas y el poder judicial. Todas ellas, instituciones que, para cumplir su función, deberían tener cierta independencia del poder ejecutivo.
Para concluir, hace varias semanas, el semanario The Economist publicó un largo reportaje sobre América Latina. Una de las conclusiones del texto es que la región, después de muchos años de dar tumbos, atraviesa por una época sobresaliente. El ritmo de crecimiento, desde hace varios años, supera el 5% y los niveles de inflación son relativamente bajos. Esto explica que millones de latinoamericanos hayan salido de la pobreza extrema y tengan mejores condiciones de vida. La década que inicia, dice The Economist, podría ser la década de América Latina.
Venezuela es una de las excepciones. Mientras la región se mueve hacia regímenes plurales, liberales y prósperos, Venezuela marcha hacia el desastre económico. Esto no son los dichos de la oposición, esto lo sabemos por las evidencias que recogen todos los comparativos internacionales. Hace varios días hablé sobre el reporte de competitividad internacional y el Foro Económico Mundial ubica a Venezuela en el lugar 122 de 139 países.
Bienvenido el desempeño electoral de la oposición el domingo pasado. El tiempo nos dirá si estamos en un punto de inflexión o este es simplemente otro capítulo más de una triste historia que a muchos lastima.
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El día de hoy pongo sobre la mesa el proceso económico y político en Venezuela.
Por un lado, en un hecho que prácticamente pasó desapercibido en la prensa mexicana, el pasado viernes, el Presidente Chávez entregó las primeras Cédulas del Buen Vivir. La Cédula del Buen Vivir es una tarjeta que permite a los portadores adquirir alimentos y otros productos en tiendas . Independientemente de que puede ser un foco de corrupción (así tiende a suceder en los países donde el estado se convierte, además de regulador, en comprador, distrituidor y vendedor de bienes y servicios), la Cédula parece más bien un sistema de racionamiento ante la posibilidad de que el acceso y distribución de bienes básicos siga deteriorándose en los canales tradicionales.
La Cédula del Buen Vivir es otro experimento económico y social del gobierno de Chávez que, si algo debemos reconocerle, es su capacidad para dificultar el funcionamiento de los mercados y, con ello, reducir los niveles de vida de los venezolanos. En un par de décadas, Venezuela pasó de ser uno de los países con mayor nivel de vida en la región a uno que ocupa, de manera sistemática, los últimos lugares en casi todos los rankings económicos internacionales.
Por el otro lado, el hecho que si recibió mucho interés mediático fue la elección legislativa.
Los venezolanos acudieron a las urnas y la primera buena noticia es que la participación fue, según los reportes, la mayor en la historia en una elección parlamentaria. Aproximadamente el 64 por ciento de los casi 18 millones de electores. Los resultados son alentadores para la oposición y, sin duda, preocupantes para el gobierno.
Es cierto, como lo mencionó Chávez en su cuenta de twitter, que los candidatos oficiales obtuvieron la mayoría de los escaños, pero la nota del proceso es el desempeño electoral de la oposición. La oposición aseguró 65 asientos de una legislatura con 165 curules. Con este 39 por ciento de la representación, el gobierno perdió la mayoría calificada que le permite promover su agenda política, social y económica sin mayor análisis y discusión en el Poder Legislativo.
Sin duda, esto es una buena noticia para quienes consideramos que los pesos y contrapesos son una parte fundamental y crucial de un sistema político.
¿Implica cambios en el corto plazo?
No es claro. La legislatura que se conforma con la elección del domingo tomará posesión hasta enero del próximo año. El gobierno todavía tiene tres meses para intentar aprobar reformas constitucionales sin el visto bueno de la oposición.
Ahora, con todo y eso, una vez que entre la nueva legislatura, no está claro que pueda detener al gobierno ya que todavía mantendrá una sólida mayoría legislativa.
Por otro lado, desde hace varios, años, el poder legislativo se ha ido debilitando. Anteriormente, Venezuela tenía dos cámaras. En 1999, una reforma constitucional promovida por Chávez eliminó la cámara alta. Como paréntesis, vale la pena anotar que los argumentos que justificaron su eliminación son similares a los que repiten en otros países quienes promueven reducir el tamaño de las cámaras por considerarlas costosas e ineficientes. Pero este es otro tema.
Regresando a Venezuela, la única cámara que quedó se elegía anteriormente por representación proporcional y, a partir del año pasado, se modificó su integración (probablemente Chávez ya estaba previendo perder la popularidad). Ahora, la cámara venezolana se integra con base en una distritación que le da más peso a las zonas rurales. Eso explica la sobrerrepresentación de los candidatos oficiales: con menos de la mitad de los votos, obtuvieron casi las dos terceras partes de la legislatura.
A pesar de los resultados de la elección, que sin duda es un signo alentador, no debemos perder de vista que Chávez todavía controla el sistema político. En Venezuela, el Ejecutivo maneja los recursos del petróleo y, desafortunadamente, ha politizado la burocracia, las fuerzas armadas y el poder judicial. Todas ellas, instituciones que, para cumplir su función, deberían tener cierta independencia del poder ejecutivo.
Para concluir, hace varias semanas, el semanario The Economist publicó un largo reportaje sobre América Latina. Una de las conclusiones del texto es que la región, después de muchos años de dar tumbos, atraviesa por una época sobresaliente. El ritmo de crecimiento, desde hace varios años, supera el 5% y los niveles de inflación son relativamente bajos. Esto explica que millones de latinoamericanos hayan salido de la pobreza extrema y tengan mejores condiciones de vida. La década que inicia, dice The Economist, podría ser la década de América Latina.
Venezuela es una de las excepciones. Mientras la región se mueve hacia regímenes plurales, liberales y prósperos, Venezuela marcha hacia el desastre económico. Esto no son los dichos de la oposición, esto lo sabemos por las evidencias que recogen todos los comparativos internacionales. Hace varios días hablé sobre el reporte de competitividad internacional y el Foro Económico Mundial ubica a Venezuela en el lugar 122 de 139 países.
Bienvenido el desempeño electoral de la oposición el domingo pasado. El tiempo nos dirá si estamos en un punto de inflexión o este es simplemente otro capítulo más de una triste historia que a muchos lastima.
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