Reforma política y disposición para gobernar

Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 16 de febrero a las 7:45 AM.


El día de hoy regreso al tema de la reforma política.

Hace dos meses, a mediados de diciembre, el Presidente Calderón envió al Congreso una iniciativa que contempla varias reformas institucionales como la reelección consecutiva de jefes delegacionales, alcaldes, legisladores federales y locales; la incorporación de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular; la autorización al Ejecutivo para que éste haga observaciones parciales o totales a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso de la Unión; por mencionar unas cuantas.

Algunos legisladores han manifestado que en este período de sesiones retomarán la iniciativa y la discusión con el propósito de enriquecer el proyecto presidencial y, todavía más importante, darle a nuestro país un sistema político más funcional.

Ahora, la pregunta más relevante, la que deberían responderse los legisladores es ¿cuál es el objetivo de la reforma política? Si uno escucha las declaraciones, es probable que no le quede claro.

Uno de los objetivos fundamentales de la reforma política debería ser diseñar las reglas y procedimientos que permitan destrabar el aparente impasse político que hemos visto en los últimos 15 años. Si revisamos lo que ha sucedido en este tiempo con las llamadas reformas estructurales, tendremos que reconocer que, salvo excepciones que no llegan a completar los dedos de una mano, el sistema político se ha caracterizado por la dificultad de alcanzar acuerdos.

De las propuestas que se han presentado en los últimos meses, ¿cuál de ellas nos serviría para este propósito?

Podría pensarse que la reducción del número de legisladores. Esto tiene una lógica clara: entre menor sea el número de representantes, más fácil negociar y alcanzar acuerdos. Ahora, esta no es la manera óptima de lograrlo. Además, no tiene un sabor muy democrático porque, si lo reducimos al absurdo, entonces podríamos eliminar todos los cargos y dejar un Congreso o comité con 6 o 7 legisladores, uno por partido, con un voto ponderado según el voto en las elecciones. Esto sería, a todas luces, un retroceso democrático.

Ahora, del resto de las propuestas no abundaré porque, si bien son novedosas y nos darían un marco institucional distinto a lo que tenemos, no me queda claro si nos permitirían terminar con el impasse político al que me referí hace unos segundos.

En mi opinión, la reforma constitucional y legal que podría sentar las bases para lograr acuerdos legislativos no está en la propuesta presidencial y entonces debería ser planteada por el Legislativo: ajustar el calendario electoral y que solo únicamente tengamos dos procesos electorales durante el sexenio (cada tres años).

El problema del sistema vigente es que todos los años tenemos elecciones en alguna parte del país y esto obliga a los partidos a diferenciarse, distanciarse, cuestionarse y criticarse entre ellos. Esto complica los acuerdos legislativos y más si son reformas constitucionales. El 2010 es la prueba. ¿Como esperamos ponernos de acuerdo en el Congreso federal, si en una tercera parte del país los partidos tienen que confrontarse?

Ahora, existe otro argumento, que el impasse político no es tanto un asunto de instituciones o procedimientos, sino una actitud de los políticos frente a la alta responsabilidad que significa gobernar y, en particular, de los partidos en la oposición.

Es cierto que la función de la oposición es oponer. Pero una revisión más profunda nos hace ver que la oposición tiene otra función (fundamental) en un sistema de mayoría: cogobernar.

Para una democracia, es bueno tener un gobierno efectivo, pero –y esta es la lección de los últimos 15 años- parece más importante tener una oposición responsable.

En México, la razón por la que llevamos más de 15 años sin reformas constitucionales sustantivas (las llamadas reformas estructurales) se puede explicar por la actitud que ha asumido la oposición, en particular el principal partido de oposición. Los gobiernos de Zedillo, el de Fox y ahora el de Calderón, se han tenido que enfrentar a una oposición que ha preferido oponerse y no cogobernar.

El último gobierno que logró reformas sustanciales fue el de Salinas de Gortari. Sin duda el presentó una visión más liberal de la economía y del papel del Estado. Pero el país tuvo la suerte de contar en ese momento con un partido de oposición con liderazgos políticos dispuestos a apoyar esta visión más moderna. Por ejemplo, si en ese entonces, los liderazgos en el PAN, como Luis H. Alvarez, Carlos Castillo, Diego Fernández, se hubieran opuesto a la apertura económica, probablemente la ley no se hubiera modificado y hoy en día no tendríamos tratados de libres comercio.

Bajo esta lógica, cuando la oposición cogobierna y asume parte de la responsabilidad, le da a las reformas un respaldo político crucial. Muchas veces la ciudadanía teme a los cambios. Es normal. Entonces, los partidos, tanto en el gobierno como en la oposición, deben asumir el liderazgo y hacerle ver a la ciudadanía porque los cambios son necesarios.

No solo sucede esto en nuestro país. Me parece que podemos encontrar ejemplos similares en otras latitudes. Hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos, la reforma estructural que se proponía al sistema de salud, no fue posible porque no hubo la cooperación del principal partido de oposición.

Ahora, de ser cierta esta hipótesis, que podemos decir del futuro de las reformas estructurales en nuestro país en lo que queda del sexenio. En mi opinión, desafortunadamente, que se cerró la ventana de oportunidad y que ya no habrá reformas. El calendario electoral cierra la posibilidad para que el partido en el gobierno y el principal partido de oposición se pongan de acuerdo.

Concluyo preguntando, entonces, ¿qué se puede hacer para que en el próximo gobierno, del 2012 al 2018, si haya reformas estructurales? ¿Cuál es el papel de la reforma política? Regreso a la imperiosa necesidad de reformar el calendario electoral y reducir el número de procesos electorales. Esta es probablemente la reforma más sustantiva que le podríamos hacer a nuestro marco institucional porque reduce los espacios de conflicto entre los partidos.

Si se lega a concretar esta propuesta en la actual legislatura, le estaríamos dando el espacio político a los próximos gobiernos (y a las próximas oposiciones) para que juntos aprueben las reformas estructurales sustantivas.

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