La reforma política y los malos hábitos legislativos

Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 10 de mayo a las 7:40 AM.



En los próximos días, la Comisión Permanente decidirá si convoca a un período extraordinario de sesiones para desahogar una serie de iniciativas, entre las que se encuentra la llamada reforma política. A finales de abril, el Senado aprobó cambios al marco político-institucional y ahora corresponde a la Cámara de Diputados valorar y discutir las modificaciones.

En términos generales, la reforma política enviada por el Senado hace tres cosas: 1) abre espacios de participación política a los ciudadanos que no quieran hacerlo por la vía de los partidos políticos; 2) establece nuevos instrumentos que, en principio, facilitarían la gobernabilidad del país y; 3) da mayor participación al Senado en la ratificación de funcionarios de algunos órganos reguladores.

La pregunta que pongo sobre la mesa es la siguiente: ¿contribuirá esta reforma política a mejorar los factores que inciden en la competitividad del país?

Normalmente valoramos las reformas políticas con criterios políticos y no nos preguntamos sobre sus posibles efectos en términos económicos. No obstante, la pregunta no es ociosa porque distintos estudios han señalado existen elementos políticos que afectan negativamente la capacidad de crecimiento de la economía mexicana.

Entre ellos, uno, la dificultad para procesar cambios institucionales; dos, la dificultad que tiene el poder legislativo para vigilar adecuadamente a la administración pública; tres, la poca competencia del sistema político.

Los cambios propuestos, ¿resuelven estos problemas?

En mi opinión, si hay modificaciones institucionales (en la reforma política) que van en el sentido correcto, entre ellas las candidaturas ciudadanas (aunque todavía hay muchos detalles por afinar) y la reelección de los legisladores. En principio, las candidaturas ciudadanas podrían introducir más elementos de competencia al sistema electoral y la reelección legislativa definitivamente permitirá a los legisladores adquirir con el tiempo más conocimientos para cumplir mejor su función fiscalizadora.

No obstante, veo reflejados en la discusión y en la aprobación de las iniciativas dos muy malos hábitos legislativos de la clase política mexicana. Dos hábitos que si tienen efectos en el plano económico y en la competitividad del país.

El primer mal hábito es la tentación de pensar que las grandes reformas son la solución a los problemas. Las grandes reformas, además de ser difíciles de procesar, muchas veces generan efectos negativos no anticipados. Es mejor hacer ajustes parciales, más pequeños. Claro, este camino no menos rentable y menos atractivo en términos políticos. Una reforma legislativa de gran calado es más lucidora.

El otro pésimo hábito legislativo es querer legislar lo más posible desde la Constitución.

Si uno observa la Constitución Mexicana, esta ha crecido gradualmente desde su publicación original en 1917. El texto original constaba de unas cuantas páginas. El texto vigente es, literalmente, un libro entero. Si vemos artículos individuales, encontraremos que muchos de ellos han crecido de manera desproporcionada a su redacción original. Por ejemplo, el artículo 41 constitucional que regula al sistema de partidos, en su redacción original tenía únicamente 68 palabras; hoy, el texto vigente, sin incluir la reforma política propuesta, son 2,876 palabras.

¿Qué implicación tiene esto?

El incremento de palabras es un símbolo, pero nos muestra que el diseño institucional se ha complicado considerablemente. Lo más adecuado es que muchas de los aspectos que se incluyen en la Constitución, se llevaran a leyes secundarias.
Pero, la mayor implicación es que hace mucho más difícil la modificación del status quo. Para reformar la Constitución se requiere de una coalición, una mayoría mucho más amplia: dos terceras partes de los legisladores federales y la mayoría de las legislaturas locales. Por su parte, modificar una ley secundaria es más fácil pues únicamente requiere una mayoría de legisladores.

De hecho, una de las razones por las que en nuestro país es muy difícil procesar las llamadas reformas estructurales, es porque el legislador ha llevado muchos asuntos a la Constitución y, reitero, para hacer cambios, se requieren mayorías más amplias. Además, como es difícil construir la coalición en nuestro sistema, todos venden caro su apoyo.

Para concluir, la reforma política, repito, tiene instrumentos que son buenos para el sistema político mexicano; mi problema es que la propuesta legislativa mantiene estos malos hábitos legislativos: buscar grandes cambios en un solo acto y, más importante, redactar los ajustes al sistema en la Constitución. No sabemos si la reforma política logrará sus objetivos, pero al legislarlo en la Constitución, están dificultando aún más cualquier ajuste o cambio que se requiera hacer en el futuro.

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