Aquí una parte del texto:
Baja California y el norponiente del país ven limitado su potencial industrial por falta de combustibles. La planta de Ensenada busca resolver esta carencia importando gas licuado de Asia el cual se regasifica y distribuye. La empresa, como lo señala la Coparmex, "ha cumplido con los más altos requerimientos de seguridad y sustentabilidad ambiental". La inversión de 1,200 millones de dólares se realizó después de que Sempra consiguió todas las autorizaciones municipales, estatales y federales tras un largo y costoso proceso. No se habría hecho, sin embargo, de haberse sabido que las reglas del juego las podía cambiar a discreción un nuevo presidente municipal.
Baja California está atravesando por un momento muy difícil. La crisis en California ha reducido de manera muy importante la inversión productiva y la actividad económica. La violencia ha golpeado severamente a los bajacalifornianos. Medidas del gobierno federal -como el Siave, que busca inspeccionar los vehículos que ingresan desde Estados Unidos provocando largas filas en la frontera, y un control de dólares
en efectivo- han golpeado severamente el ingreso de turistas y divisas.
Mandar el mensaje de que, además, no es suficiente para una empresa cumplir con todos los requisitos de ley para realizar una actividad, sino que ésta debe someterse a la discreción de cualquier cacique local, contribuirá a seguir deprimiendo la actividad del estado.
Aquí el editorial.
Aquí una nota más amplia del caso (via Ensenada.net).
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