Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 25 de mayo a las 7:45 AM.
Leo con interés que un grupo de legisladores mexicanos visita los Estados Unidos para 1) evaluar la repercusión que podría tener la entrada en vigor de la famosa ley 1070 y 2) promover con autoridades y organizaciones civiles norteamericanas la impugnación constitucional de este ordenamiento jurídico. En su viaje, los legisladores también acordaron denunciar ante la Organización de Estados Americanos la ley porque, en su opinión, “vulnera los derechos humanos de los residentes del estado, independientemente de su calidad migratoria.”
Algo raro debe estar sucediendo en el Congreso cuando los senadores asumen que tienen la calidad moral para denunciar en el extranjero abusos de derechos humanos cuando la práctica migratoria en nuestro país, como ya lo comenté en este espacio, se caracteriza por el abuso de los derechos humanos de quienes deciden pasar indocumentados por nuestro país.
Pero, regresando a la denuncia política que hicieron ayer los legisladores mexicanos, debemos preguntarnos si contribuirán, con este tipo de señalamientos, a revertir la controvertida ley.
Este tipo de denuncias, de discursos, si gustan en México. Aquí si se llevan las ocho columnas. Aquí están quedando bien los senadores. Pero no en los Estados Unidos. Y no solo eso, estas formas (ser invitado a la casa del vecino y denunciar en ella sus decisiones) benefician políticamente a los impulsores de la iniciativa. Los actos de los funcionarios mexicanos no derogarán la ley; por el contrario, fortalecen a sus promotores.
Las encuestas en los Estados Unidos muestran un creciente apoyo por este tipo de iniciativas. En varios estados, los legisladores locales se están subiendo al mismo carro. Uno de los candidatos a senador por el estado de Florida, un señor de apellido Rubio que es hijo de inmigrantes, apoya la iniciativa de Arizona.
¿Qué es lo que está motivando este fenómeno?
En mi opinión, dos hechos. El primero es la llegada de una enorme cantidad de extranjeros indocumentados. Es normal que este tipo de circunstancias generen cierta sensación de inestabilidad, de vulnerabilidad que recoge el propio sistema político. En México no lo percibimos así porque no tenemos un gran flujo de extranjeros. Pero podríamos apostar que si en un lapso de diez o quince años cambiará el perfil de nuestra colonia, nuestro municipio, estaríamos pidiendo a los funcionarios públicos que hicieran algo.
La otra razón, el otro argumento, por el cual estas leyes están siendo bien recibidas en los estados de la unión americana es porque el tema migratorio es responsabilidad federal y lo que tenga que ver con el gobierno federal no es bien visto. En Estados Unidos se vive un ambiente ‘anti-incumbent’. Esto lo vimos la semana pasada en las elecciones para elegir los candidatos a senadores y diputados. En muchos lugares ganaron candidatos que no tenían experiencia en Washington y legisladores con una amplia trayectoria perdieron. No tanto por sus posturas, sino porque eran funcionarios federales. Repito, lo que esté asociado con el gobierno federal tiene una mala imagen en ese país.
Estas son las razones por las cuales el gobierno federal norteamericano no impugnará directamente la constitucionalidad de la ley de Arizona. Independientemente del alegato jurídico, hay un argumento político muy contundente que le generaría más problemas: el gobierno federal es responsable y no tienen autoridad moral.
Si Washington impugna la ley de Arizona, los promotores dirán que la ley es producto de la incapacidad del gobierno federal. Dirán que ellos se vieron obligados a aprobarla porque Washington no cumplió su función y no protegió la frontera. Si el gobierno federal se hubiera asegurado en primer lugar que los migrantes al llegar a Estados Unidos lo hicieran con documentos, de manera ordenada y legal, entonces no tendrían que estar ocupados en estos temas.
Por último, me parece una estrategia equivocada que los funcionarios mexicanos vayan a Estados Unidos y critiquen en ese país las leyes migratorias. No digo que no las cuestionen. Pero eso lo pueden hacer en otro foro. Cuando van a la casa del vecino y critican lo que hace, le dan armas y argumentos a sus contrincantes porque ellos dirán que el gobierno mexicano también es responsable de su problema: si el gobierno mexicano no fuera corrupto, no abusara derechos humanos, generara las condiciones para que los mexicanos prefieran quedarse en México y no trasladarse ilegalmente a los Estados Unidos, entonces tampoco hubiera sido necesario aprobar leyes como la SB 1070.
El tema es complejo desde el punto de vista político y la estrategia influirá en el resultado. Y en la estrategia, me temo, nuestros senadores se han equivocado.
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