La Constitución y la competitividad

Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 2 de febrero a las 7:45 AM.



Ayer fue el día festivo en honor a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conocida como la Constitución de 1917, nuestro carta magna celebrará el próximo viernes 5 de febrero su 93° aniversario.

A propósito de ello, me permito poner sobre la mesa algunas reflexiones en relación a la evolución del texto constitucional y, en particular, lo que estos cambios nos dicen sobre la competitividad de la economía del país.

En primer lugar, consideremos su extensión.

Si uno revisa el texto original (la Constitución que se promulgó en Querétaro) observará que es muy corto. Y no solo eso. A diferencia del texto vigente, el original es claro y entendible. ¿Qué sucedió? Que a lo largo del siglo 20 y 21, el Congreso y el Ejecutivo engordaron -literalmente- la Constitución. Este hecho refleja el crecimiento del Estado y su activismo como actor en la economía.

Por otro lado, la Constitución tiene 136 artículos. La gran mayoría han sido modificados, muchos de ellos varias veces. El artículo que más se ha reformado es el artículo 73 que tiene 60 reformas constitucionales (la más reciente mayo del año pasado); el segundo artículo que más modificaciones ha experimentado es el 123 con un total de 23 cambios (la última en agosto del año pasado).

La enorme cantidad de reformas es la segunda característica del texto constitucional que nos dice algo de los problemas competitivos del país.

Uno de los mayores problemas del marco institucional es su inestabilidad. En México, muchas reglas cambian frecuentemente y esto dificulta, por ejemplo, la planeación de actividades productivas.

El ejemplo típico es el marco fiscal. El país, a través de su Congreso, lleva años aprobando reformas fiscales. Se han aprobado nuevos impuestos como el IETU o el IDE (Depósitos en Efectivo); han desaparecido algunos otros, como el IMPAC (al Activo); han modificado las tasas del ISR e IVA. Y esto son únicamente los impuestos federales. Una situación similar se vive en algunos estados con los impuestos locales y municipales.

Como lo acabo de señalar, los cambios dificultan la planeación y la realización de actividades en el sector productivo de la economía. Esta situación adquiere cierta relevancia si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, nuestro principal socio y competidor. Si analizamos los textos constitucionales de ambos países observaremos que la norteamericana es mucho más pequeña. Pero, para efectos de la actividad económica, lo más importante es que esa constitución es mucho más estable (solo se ha reformado en 27 ocasiones).

Regresando a nuestra Constitución, prácticamente cada artículo puede ser analizado a la luz de estos procesos. Veamos, por ejemplo, el artículo 3° constitucional.

El artículo original es muy claro y en menos de 100 palabras señala que la educación es libre, laica y gratuita en los establecimientos oficiales. El texto vigente tiene más de 770 palabras y es complejo y en algunas partes parece contradecirse. Además, el 3° constitucional vigente no se limita a temas educativos. El artículo incluye, por ejemplo, una definición de democracia: “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo…”

Esto último (la definición de la democracia) suena bien y esa es otra de las características de la Constitución: un texto con muchos adjetivos que hacen buena prosa pero que complican el ejercicio gubernamental. En muchos artículos, la Constitución es un conjunto de aspiraciones y buenas intenciones.

Adicionalmente, con el paso del tiempo, a nuestra carta magna se le han ido colgando una serie de definiciones de política pública que no deberían estar en la Constitución pero si en una ley. ¿Que implica ello? Que la acción de gobierno es menos ágil: dado que muchas definiciones se encuentran en la Constitución, para modificarlas se necesita construir una mayoría mucho más amplia y esto es más difícil e ineficiente.

Para modificar la Constitución requerimos prácticamente de una supermayoría y para cambiar una ley una mayoría menos amplia. Algunos podrán decir, “bueno, eso no ha sido problema en el pasado” porque la Constitución se ha modificado cientos de veces anteriormente. Es cierto. Pero el tema es que muchas de esas reformas son más cosméticas y menos estructurales. De hecho, esta es una de las principales razones por las que en México no hemos logrado reformas estructurales.

En resumen, para concluir, me parece que podemos entender parte de los problemas de competitividad del país con una lectura de los cambios que ha sufrido el texto constitucional que esta semana recordamos. Primero, es muy extensa y, en consecuencia, compleja. Segundo, se ha modificada cientos de veces y esto no garantiza estabilidad. Tercero, en lugar de limitarse a establecer derechos y definir funciones de gobierno, la Constitución es también un documento repleto de buenas intenciones. Y, por último, si se necesita hacer algo sustantivo en el país (una reforma estructural), requerimos tocar el texto constitucional y esto no es muy práctico.

No obstante, es la que tenemos y con ella tenemos que trabajar.

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