... El predicamento en el que se encuentran actualmente las finanzas públicas es consecuencia de una asimetría política. Por un lado, durante varios años, fue relativamente sencillo para los tomadores de decisiones transferir riqueza a la ciudadanía, por la vía del gasto público, sin incurrir en el costo de establecer o incrementar explícitamente los impuestos. Esto ocurrió echando mano del aumento transitorio de los ingresos petroleros -una fortuna como quiera en vías de agotamiento irreversible.
Como era de esperarse, los actores principales resultaron menos sensibles a la pérdida permanente de riqueza de la comunidad que a los beneficios temporales recibidos por ciertos grupos de interés específicos. Desafortunadamente, muchos programas de gasto establecidos con el impulso del auge petrolero impusieron compromisos futuros duraderos y crecientes. Puede ser que quienes los propusieron y aprobaron ignoraron entonces la magnitud de los requerimientos involucrados. Pero es más fácil suponer que, aun conociéndolos, les parecieron poco importantes, dado que ocurrirían más allá del horizonte de planeación significativo, vale decir, más allá de su estancia en el poder.
Fuere como haya sido, la ilusión terminó. Está claro que el gasto incrementado a lo largo de los últimos años, poco flexible a la baja, tendrá que ser financiado, ahora sí, con impuestos explícitos. El pasado nos alcanzó con sus errores.Y el panorama al respecto empieza a aclararse. ¿Quién pagará la cuenta? Frente a la reforma tributaria en ciernes, y a juzgar por lo que se está perfilando, los grupos de interés concentrados serán capaces de plantear e impulsar sus demandas a través del proceso político con más eficacia que los grupos cuyos intereses son variados y difusos. En español, esto significa que el gran perdedor será el consumidor.
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