5 de octubre de 2010

El manejo de algunas haciendas estatales las convierten en bombas de tiempo

Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 5 de octubre a las 7:40 AM.



Hace algunos días, el Secretario de Hacienda compareció en la Cámara de Diputados e informó a los legisladores sobre el crecimiento de la deuda pública de las entidades federativas. Cordero mencionó que, en menos de dos años, de diciembre del 2008 a junio del 2010, el saldo de la deuda pública de los estados creció 33 por ciento pasando de 203 a 270 mil millones de pesos. En algunos estados, durante el mismo período, la deuda publica aumentó más del 100 por ciento.

Los estados han contratado esta deuda con bancos comerciales, la banca de desarrollo y con emisiones bursátiles. La deuda se respalda con los ingresos que, en los próximos años, las entidades recibirán vía participaciones federales. Las participaciones son los recursos que la federación recauda vía impuestos federales (como el IVA, el ISR) y los transfiere a los estados.

Si bien uno podría señalar que, en términos globales, el nivel de la deuda es todavía manejable, el problema radica en que no existen controles adecuados y que los estados tienen un amplio margen de maniobra para endeudarse.

Desafortunadamente, en mi opinión, el sistema nacional de coordinación fiscal se ha relajado en este sentido. No hemos aprendido de los errores del pasado al no imponernos controles estrictos para contratar deuda. Los controles y los obstáculos son necesarios porque existe una tendencia prácticamente natural entre los gobernantes a gastar más de lo que ingresan. Los gobernantes no son los únicos responsables. También los electores lo somos pues exigimos cada vez más y mejores servicios públicos y no parecemos estar dispuestos a contribuir lo necesario.

Si bien no resuelve el problema de fondo, un buen paso sería el establecimiento de un tope legal, un límite, al endeudamiento de los estados y municipios. Los gobernantes no tienen un incentivo al autocontrol y por ello es necesario legislarlo.

El endeudamiento de las entidades federativas es parte de un problema más amplio: los estados son excesivamente dependientes de las transferencias federales y la generación de ingresos propios es muy reducida. En promedio, las haciendas estatales solo captan el 10% de sus ingresos totales.

¿Qué explica esta situación?

El proceso de descentralización del gasto público en México ha fomentado un problema de paternalismo tributario por parte del gobierno federal hacia los estados. La federación ha transferido el gasto, pero no la facultad para cobrar impuestos. Además, los gobernadores y las tesorerías estatales no tienen incentivos para una mayor independencia financiera ya que una mayor autonomía traería consigo la necesidad de mejorar el proceso de rendición de cuentas.

¿Cómo podemos resolverlo? La respuesta es sencilla: que los estados y municipios generen ingresos propios y así fortalecer sus bases tributarias. Si tienen margen de maniobra. Un conocido estudio de finanzas públicas señala que los estados disponen de un potencial de recaudación que no explotan en el impuesto predial. Ahora, si los impuestos locales van a aumentar, considero que debería de acompañarse con un ajuste o una reducción de los impuestos federales que hoy pagan los mexicanos.

Hoy en día, año con año, regresamos a la discusión si el IVA debe o no aumentar. La discusión fiscal se limita a eso. Esto es una visión incompleta. La manera correcta de entrarle a una discusión de reforma fiscal es buscar, como uno de los objetivos principales, que las instancias que ejercen el gasto tengan mayor capacidad para generar sus propios ingresos. En otras palabras, cuando hablemos de reforma fiscal deberíamos hablar no solo de impuestos federales, sino también de impuestos estatales y locales.

Existen otros problemas con las finanzas públicas estatales que simplemente mencionaré por cuestiones de tiempo.

No tenemos, por ejemplo, un sistema contabilidad gubernamental para los estados. En consecuencia, el presupuesto de los estados se construye de manera distinta y es prácticamente imposible hacer una comparación.

Tenemos también un serio problema de opacidad a nivel estatal. A nivel federal hay avances importantes en el tema de transparencia. En los estados hay muy pocos avances. En muchos lugares existe una subordinación política y presupuesta de las comisiones de transparencia.

Un tercer foco amarillo o rojo, dependiendo del estado, son los sistemas de pensiones y jubilaciones estatales. Los pasivos contingentes implican un riesgo que, en el mediano plazo, varios gobiernos locales tendrán que enfrentar. Hay, estados, como Veracruz, en donde las reservas del sistema de pensiones local se terminan, según estudios actuariales, en los próximos doce meses.

En fin, esto es un bosquejo general de un problema complejo y por sus implicaciones, muy importante: las haciendas estatales no las manejamos adecuadamente. Los estados aumentan sus compromisos de gasto y no fortalecen su capacidad recaudatoria. Por ello recurren a salidas fáciles como la contratación de deuda o a salidas indebidas como la opacidad. Este manejo conduce a una bomba de tiempo.

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