19 de abril de 2011

La Norma 29 que propuso Ebrard y que aprobaron algunos asambleístas es un paso para atrás

Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 19 de abril a las 7:40 AM.



A finales de la semana pasada la Asamblea del Distrito Federal aprobó la llamada Norma 29. Esta nueva regulación señala que los 16 programas delegacionales de desarrollo urbano deben incluir requisitos adicionales para la ubicación física de tiendas de autoservicio, supermercados y los llamados minisupers.

Si bien en el discurso la disposición busca, entrecomillo, “cuidar el abasto popular”, en realidad la Norma 29 limita la competencia y, como sucede en todos estos casos, terminará generando precios relativamente más caros para una parte de la población que, de lo contario, se podría ver beneficiada por la llegada de nuevos competidores.

Esta disposición la envió el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a la Asamblea el pasado 5 de abril y lo primero que llama la atención es la velocidad con la que el órgano legislativo dio trámite a la iniciativa. Pero, no me detengo en el proceso legislativo, sino en el fondo del asunto.

Según lo señaló el Lic. Ebrard en una entrevista el fin de semana, la norma busca ‘proteger’ a los mercados públicos en virtud de que las tiendas de autoservicio son ‘cadenas enormes’, con ‘inmensos recursos’. Para Ebrard la competencia es desigual y su gobierno tiene que ‘proteger al más débil’.

Quienes llevamos cierto tiempo estudiando problemas y planteamientos de política pública sabemos que, cuando se presenta un tema como un intento por ‘proteger a los débiles’, es porque quien lo hace prefiere llevar la discusión en un terreno sentimental e idealista y evitar analizar los efectos concretos y reales. Únicamente los insensibles pueden cuestionar una medida que, repito y entrecomillo, pretende “proteger a los débiles”.

Esta no es la excepción.

En primer lugar, es claro que limita la competencia porque prohíbe a los emprendedores ubicarse en determinados sitios. Los beneficiados no son los consumidores, sino los grupos que ya ofrecen los mismos bienes y servicios en las zonas aledañas.

A diferencia de lo que se plantea mediáticamente, el perjudicado es el consumidor. No serán las tiendas de autoservicio y supermercados que, por esta disposición, no podrán abrir algunas tiendas. El volumen de negocio que éstas pudieran representar no es sustantivo; no obstante, sus empresas seguirán beneficiando a los consumidores que si tengan a su alcance esas tiendas. La manera en que la Asamblea y el Jefe de Gobierno limitan la competencia afectará desproporcionalmente a los mas pobres o, por lo menos, a quienes no tengan forma de transportarse a estas tiendas de autoservicio.

La Norma 29, contrario a lo que pretende, generará una situación de desigualdad porque únicamente los vecinos de las zonas relativamente más prósperas mantendrán el acceso a los supermercados con precios relativamente más bajos.

Por otro lado, llama la atención que se diga que la competencia es desleal contra los mercados que se instalan en la vía pública. Hasta donde yo me quedé, las tiendas de autoservicio pagan impuestos federales (por ejemplo, el impuesto sobre la renta y seguro social) e impuestos locales. Los gobiernos, como el del Distrito Federal, cobran el impuesto predial en los locales de estas cadenas pues operan en el mercado formal. Por el contrario, prácticamente sin temor a equivocarme, podría afirmar que la mayoría de los mercados en la vía pública operan en la informalidad porque no pagan impuestos y si reciben servicios públicos (por ejemplo, la luz).

A diferencia de lo que algunas voces del PRD en la Asamblea señalan, no es correcto que las cadenas de supermercados y autoservicio basen su éxito en la explotación de trabajadores o clientes. Las ventajas competitivas se explican principalmente por sus eficiencias en distribución y logística y un uso inteligente de las tecnologías de información (para quien tenga duda puede leer el libro El Mundo es Plano de Thomas Friedman).

También se ha dicho que estas empresas generan desempleo y el cierre de operaciones de negocios más sencillos. Esta discusión es probablemente nueva en México pero en otras partes del mundo (Estados Unidos y Europa) se ha demostrado que esto no ocurre y, es más, la llegada de estas cadenas beneficia a las comunidades donde se instalan.

La preocupación de Ebrard y la Asamblea es válida pero existen otros mecanismos que podrían hacer más competitivos y productivos a los sectores que pretenden apoyar. El camino no es limitando opciones al consumidor. Es cuestión de ver lo que se está haciendo en otras ciudades y tener una actitud más proactiva y menos paternalista frente a la competencia económica.

Este no es el final del tema.

El poder judicial analizará la constitucionalidad de la disposición pues ya varios han señalado que se van a amparar porque, según ellos, viola distintos preceptos constitucionales. Pero, sin entrar al terreno jurídico, si vale la pena señalar que la experiencia nacional, internacional e histórica muestra que la ruta hacia el crecimiento económico y la prosperidad pasa necesariamente por aumentar los espacios donde productores, de todos los servicios, compiten.

Lo que propuso Ebrard y aprobaron los asambleístas en la Norma 29 es francamente un paso para atrás.

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PD. Durante el resto de la semana, Espacio Contraintuitivo estará de vacaciones . Nos vemos de nueva cuenta el lunes 25 de abril.

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