Opciones ante el aumento de los precios mundiales de los alimentos

Este es el texto del editorial que publico ayer 6 de mayo Misión Política, suplemento editorial de la Organización Editorial Mexicana.

Los precios internacionales de algunos alimentos han aumentado considerablemente en los últimos meses. El año pasado el precio del trigo casi se duplica; este año, el arroz ha subido en más del 150 por ciento. Otros productos como el maíz y la soya experimentan tendencias similares.

El pronunciado aumento en los precios representa un problema económico, social y político principalmente en los países más pobres, donde la población tiende a destinar una parte considerable de su ingreso a la alimentación. Según la revista The Economist, por primera vez en 30 años, las protestas por alimentos están surgiendo en muchos lugares al mismo tiempo.

¿Que ha detonado esta situación? Una de las explicaciones más recurrentes es el crecimiento económico de países como China e India. En ellos, el gradual mejoramiento en los niveles de vida ha provocado una mayor demanda de alimentos. Si bien esto es plausible, no explica el súbito aumento en los precios ya que las condiciones de vida no han cambiado drásticamente en el mismo lapso. Otra explicación es el precio del petróleo y los combustibles en general. La producción de alimentos se concentra geográficamente y esto implica que su transportación hacia regiones no productoras conlleva un sobreprecio que anteriormente no existía.

Pero uno de los factores más relevantes y de aparición reciente es la producción de biocombustibles que utilizan granos, como el maíz. Según se dice, estos combustibles son más amigables con el entorno y representan un camino para combatir el calentamiento global. Independientemente de ello, su producción implica una mayor demanda de tales granos y, en consecuencia, un aumento en el precio.

¿Qué opciones tiene la comunidad internacional? En primer lugar, aumentar los recursos disponibles al Programa Mundial de Alimentos (www.wfp.org) de manera que tenga la capacidad de repartir este año la misma cantidad de alimentos a los países más necesitados. Se estima que esto costaría menos de mil millones de dólares.

Fuera de eso, las perspectivas no son alentadoras en el corto plazo. Los incentivos no promueven la cooperación internacional. Decisiones recientes en materia comercial son un excelente ejemplo. Algunos gobiernos, ante el aumento de precios en sus mercados locales, han limitado las exportaciones de alimentos. Esto genera mayores presiones en los países importadores de alimentos que, en su gran mayoría, son países pobres. A ellos, el aumento les pega doble pues a la tendencia de precios internacionales debe sumársele el derivado de la disminución de oferta de los alimentos en su país (situación atribuible a los países exportadores).

En el largo plazo, la comunidad internacional puede aumentar los incentivos a la producción de alimentos (y con ello reducir los precios) si elimina los obstáculos y las distorsiones en el sector. Como recientemente lo señalo Álvaro Vargas Llosa, pocas áreas de la economía tienen tantas leyes proteccionistas como la agricultura (en países ricos y pobres) que está plagada de cuotas, subsidios, aranceles y prohibiciones diseñadas para obtener votos y que normalmente desalientan la producción de alimentos.

Afortunadamente para nuestro país, el aumento de precios en los alimentos ha sido significativamente menor que otros países de la región. En parte, el éxito deriva de que tenemos fronteras relativamente abiertas que permite diversificar las fuentes de alimentos. Por ello, las autoridades no deben caer en la tentación de cerrar las fronteras, así como lo han hecho otros países. Eso sería contraproducente y afectaría principalmente a la población que destina la mayor parte de sus ingresos en alimentos. En segundo lugar, y aprovechando los excedentes del petróleo el gobierno debería diseñar un programa de apoyo para la compra de alimentos dirigido exclusivamente a los sectores mas desprotegidos (esto es, subsidiar a la demanda de los que menos tienen). Los caminos menos recomendables, en términos de política pública, son subsidiar a los productores (es decir, la oferta) o congelar los precios de los alimentos. Estos últimos caminos solo agravarían la situación.