29 de junio de 2011

El gasto público en México aumenta la desigualdad

Aquí las notas de mi comentario de radio en IMER en el programa que normalmente conduce Mario Campos. Las opiniones y errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió en vivo el martes 28 de junio a las 7:40 AM.



El gasto público es, en teoría, el instrumento más eficaz que tiene el Estado para reasignar recursos y, de esta manera, distribuir mejor las oportunidades. En este sentido, hace varios días se presentó el Informe sobre Desarrollo Humano en México 2011. El documento analiza distintos aspectos del gasto público: pondera el presupuesto asignado al 'gasto social', los recursos invertidos y los resultados en materia de educación, salud y oportunidades para el desarrollo humano.

El estudio sirve para saber si estamos logrando disminuir las brechas entre los más ricos y los más pobres y nace del interés por investigar si realmente el gasto está beneficiando a quienes menos ingresos generan.

¿Cuáles son los principales problemas que reporta las Naciones Unidas en relación al gasto público en México?

Primero, que la ciudadanía y sus representantes carecen de información completa y consistente de muchos apartados del gasto y que buena parte de las decisiones presupuestales, particularmente las que se toman en los estados y municipios, son vulnerables ante los grupos de presión. Los ciudadanos carecen de elementos suficientes para establecer si el presupuesto público obra en su beneficio, si se desembolsa con transparencia y si no sirve sistemáticamente a intereses corporativos o partidistas.

En relación a los resultados, el informe reporta que, dado el tamaño del gasto educativo, el desempeño y la calidad del sistema es deficiente; que el sistema de seguridad social encarece el trabajo formal y que el sistema de subsidios es altamente inequitativo y que tiende a reforzar las diferencias entre ricos y pobres. En otras palabras, una cantidad significativa de los recursos públicos se utilizan para subsidiar a grupos poblacionales con ingresos altos en lugar de personas con ingresos bajos.

¿Qué explica esta situación?

El principal factor son los subsidios a los energéticos. Hace varios días, en su columna, Sergio Sarmiento señaló que el gobierno gasta cuatro veces más en subsidiar los combustibles que a todos los programas de combate a la pobreza. El subsidio beneficia principalmente a la población con vehículo propio. Obviamente, quienes más consumen, más se benefician porque más subsidios reciben.

En el gasto educativo también encontramos situaciones en las que los grupos con más ingresos se benefician desproporcionadamente. Por ejemplo, el 90 por ciento del costo de los servicios de educación básica son el pago de salarios a maestros. El restante se destina a otros insumos del proceso de enseñanza resulta limitado y se refleja en el equipamiento de las escuelas a las que acuden los niños y niñas más pobres, que frecuentemente no cuentan con electricidad, baño, pisos limpios, libros ni computadoras. Esta situación genera mayores desigualdades, ya que, además, las escuelas a las que asisten los estudiantes de mayor ingreso tienen directores y profesores que perciben un mayor salario y acumulan mayor educación y experiencia.

El gasto en el campo tiene las mismas consecuencias regresivas. Programas como Procampo favorecen mucho más a los productores ricos que a los pobres ya que se otorgan en razón de la superficie cultivada. El 80 por ciento de los apoyos públicos al campo se otorga al 10 por ciento de los productores con más tierra.

Así podríamos mencionar otros datos, pero el mensaje es claro: el presupuesto público, en particular el sistema de subsidios generalizados que ha diseñado el Estado mexicano, beneficia desproporcionadamente a los que más ingresos generan.

Para concluir, ¿que acciones o recomendaciones de política pública se derivan del informe si queremos que el gasto social realmente disminuya las diferencias?

Primero, enriquecer el análisis del presupuesto diseñando y tomando en cuenta indicadores no monetarios de carencias o necesidades. No limitar las preguntas a pesos y centavos, profundicemos en los resultados.

Segundo, impulsar reformas institucionales que busquen una mejor representación de los intereses ciudadanos como pudiera ser la reelección inmediata de los legisladores ya que una de sus funciones es fiscalizar el gasto público. Este es un tema de rendición de cuentas.

Tercero, y muy importante, modificar el esquema de subsidios generalizados que son altamente inequitativos hacia uno de programas focalizados que permita dirigir los recursos a los sectores más necesitados. El programa Oportunidades –reconocido internacionalmente- es, probablemente, el mejor ejemplo de este enfoque.

Si logramos implementar estas tres recomendaciones convertiremos el gasto público en un instrumento que realmente contribuya a reducir la pobreza, redistribuir las oportunidades y, así, promover una sociedad más equitativa.

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