5 de agosto de 2009

A propósito de la visita de Zelaya

Aquí las notas de mi más reciente comentario de radio en IMER. Las opiniones son personales y los errores son atribuibles exclusivamente a mi persona. El comentario se transmitió ayer martes 4 de agosto a las 7:45 AM.


El día de hoy, dada la visita a nuestro país de Manuel Zelaya –presidente depuesto o expresidente de Honduras (según sea tu opinión)- me permito compartir unas reflexiones con el auditorio sobre el episodio hondureño.

Zelaya inicia una “cruzada diplomática” que pretende conseguir apoyos y simpatías que le permitan regresar al poder en su país. Zelaya se reunirá con funcionarios mexicanos, entre ellos el presidente Felipe Calderón, quien además lo recibirá con los honores que corresponden a un jefe de Estado. Es clara y evidente la opinión del gobierno mexicano que Zelaya es el presidente legítimo de Honduras.

A pesar de ello, percibo un lento y gradual cambio en la opinión pública nacional e internacional sobre los episodios en Honduras y sobre quién es realmente el presidente constitucional. Contrastemos las reacciones iniciales de los países del continente que denunciaron la destitución de Zelaya como un golpe de estado. La denuncia en ese entonces fue contundente. Hoy en día, si bien los principales funcionarios de la región mantienen su opinión, es un hecho que ya no lo dicen tanto y, además, el tono de las declaraciones es mucho menos agresivo.

¿La pregunta es porque este cambio? Ofrezco dos hipótesis.

La primera es que los argumentos legales que presentó el llamado gobierno de facto, el gobierno del Presidente Michelleti, para justificar su arribo y estancia en el poder tienen una lógica jurídica.

Zelaya impulsaba un plebiscito para reformar la Constitución con el propósito de poderse reelegir y permanecer más tiempo en el poder. En los términos de la Constitución hondureña, esto es un problema pues el Poder Ejecutivo no tiene facultades para convocar la utilización de dicho instrumento. Además, la reelección está prohibida en el ordenamiento jurídico hondureño. Cito dos enunciados del artículo 4 de la Constitución: el primero “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria”; el segundo “la infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”. El texto es claro: la reelección presidencial es inconstitucional, así como lo es en México.

A pesar de lo que señala la Constitución, Zelaya no se detuvo. Por ello, tanto el Poder Judicial como el Legislativo le solicitaron al entonces presidente no continuar con el plebiscito. No solo no hizo caso, sino que recurrió a otros países, en particular Venezuela, para que le ayudaran a conseguir sus objetivos (hasta las boletas le mandaron.).

Estos actos fueron considerados inconstitucionales y por ello la Suprema Corte ordenó a los militares ejecutar la destitución. Los militares efectivamente ejecutaron la orden de manera rápida y contundente para minimizar los problemas políticos internos.

La segunda hipótesis que explicaría porque el cambio en la opinión pública tiene que ver con el hecho de que una mayoría de la opinión pública hondureña considera que los sucesos que explican la llegada del nuevo gobierno se apegan a la ley y, en virtud de la manera en que estaba gobernando Zelaya, son justificables.

El resto del mundo no nos dimos cuenta, pero los hondureños veían que Zelaya, además de seguir los pasos de Chávez, fortalecía los vínculos con el gobierno venezolano. Menciono un ejemplo. Honduras importa todo el combustible que consume y no tiene capacidad de refinación. Dado el incremento en los precios internacionales del petróleo hace un par de años, los precios de suministros básicos, como la electricidad, aumentaron considerablemente. Este hecho, le dio la oportunidad a Chávez de ofrecer crudo barato a Zelaya y los hondureños. Esto fue bien visto por prácticamente todos en ese país en aquel momento. Pero las cosas no se quedaron ahí y poco a poco Zelaya adoptó la retórica y las formas de Hugo Chávez, entre ellas las amenazas veladas a los otros poderes institucionales. Por estas y otras razones, el nivel de popularidad de Zelaya se desplomó.

En resumen, la secuencia de eventos y los hechos que acabo de mencionar podría explicar el aparente cambio en la opinión pública nacional e internacional sobre el episodio hondureño. Pareció inicialmente un golpe de estado y algunos ya lo dudan. Algunos se preguntan si en lugar de ser un golpe de estado, lo que sucedió fue una remoción legal del poder.

Además, si es un golpe de estado lo que sucedió, entonces sería un golpe sui generis. ¿En cuántos golpes de estado se deja en el poder a un civil y no un militar? Y, no solo eso, ¿que el gobierno impuesto anuncia que se respetarán las fechas de las elecciones constitucionales? No parece que en muchos.

Si fuera real este cambio de opinión sobre la realidad hondureña, lo interesante será ver como los gobiernos de América Latina y las instituciones regionales, como la Organización de Estados Americanos, resuelven la situación. Hace semanas dijeron que lo sucedido era inaceptable; hoy en día pareciera que están dudando de su reacción inicial y que, a la luz de los hechos y el contexto hondureño, están pensando que la manera en que se dio la destitución de Zelaya no fue el peor escenario.

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