El día de hoy me parece que el tema obligado es el dictamen de la Ley de Ingresos que, por la madrugada, aprobó la Comisión de Hacienda y que más tarde recibirá el visto bueno del pleno de la Cámara de Diputados.
El dictamen tiene los siguientes elementos:
En primer lugar, desaparece el impuesto del 2 por ciento que, según el nombre propuesto, se destinaría a los programas de combate a la pobreza. En segundo término, aumenta el IVA del 15 al 16 por ciento en la mayor parte del país y del 10 al 11 por ciento en la frontera. El diferencial de lo que pagan unos mexicanos con lo que contribuyen otros se mantiene en 5 puntos porcentuales y es un reconocimiento de que nuestro sistema fiscal le resta competitividad al país porque si la gente en la frontera tuviera que pagar lo que pagamos los demás, harían todas sus compras en los Estados Unidos. Pero ese es otro tema. Regresando al dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados también aprobará hoy un aumento en el precio de las gasolinas, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –en particular los impuestos a algunas bebidas alcohólicas y tecnología celular- y un aumento del Impuesto sobre la Renta.
En resumen, aumentan los impuestos para los contribuyentes que ya aportan recursos al fisco.
Un par de datos interesantes.
El primero. Un cálculo comparativo nos muestra que los contribuyentes que hoy pagan impuestos trabajan aproximadamente cinco meses y medio del año solo para cumplir con esta obligación. Si lo ponemos en términos del calendario, los ingresos totales que genera una persona física del 1° de enero al 15 de junio son para pagar las obligaciones fiscales y lo que trabaja a partir del 16 de ese mes (mediados de junio) es para satisfacer sus necesidades y la de su familia.
Segundo dato interesante. La eliminación del 2 por ciento a la pobreza y el aumento del IVA nos enseña que la oposición al impuesto propuesto originalmente se explica por la sencilla razón de que lo importante para los legisladores es quien va a gastar el dinero. El impuesto del 2 por ciento lo administraría la SEDESOL federal; el aumento del IVA se destina a una bolsa que recolecta el gobierno federal y que, en parte, distribuye a los gobiernos locales. Esto es un problema porque la entrega de recursos a los estados es sinónimo de opacidad y falta de transparencia. Si alguien quiere saber en que ejercerán los estados los recursos federales, buena suerte. Me temo que estarán perdiendo su tiempo.
Parece que estamos ante una oportunidad perdida, otra desafortunadamente, para corregir algunos de los vicios y los problemas del sistema tributario mexicano. Por cuestiones de tiempo, menciono dos.
Uno, es que el pago de impuestos corre a cargo de una minoría y no hay esfuerzos por ampliar la base gravable. Esto llama la atención porque algunos estiman que, en la economía subterránea se generan, por concepto de ISR e IVA con tasas vigentes, el equivalente a 340 mil millones de pesos. El segundo vicio del pasado y que permanecerá más tiempo con nosotros es la existencia de enormes privilegios y regímenes especiales (en el cobro del ISR, IVA, IETU, entre otros) que sucesivas legislaturas han permitido a grandes y pequeños contribuyentes. Por este concepto, el fisco pierde más de 450 mil millones de pesos.
Si el Congreso tuviera la voluntad o la fortaleza, no se cual de las dos, para modificar estos dos aspectos, podría recaudar hoy en día casi 800 mil millones de pesos sin aumentar o disminuir las tasa. Esto no solo haría más competitivo al sistema fiscal pero, más importante, considero que lo haría más justo.
Ahora, si el Congreso quisiera modificar la política fiscal y con ello darle sustentabilidad de largo plazo a las finanzas públicas y, al mismo tiempo, alinear los incentivos que genera el sistema tributario con la promoción del trabajo, el ahorro y la inversión, ¿qué tipo de sistema deberíamos imaginar?
La política fiscal debería satisfacer, por lo menos, estos cuatro objetivos:
- Simplicidad: el pago de impuestos debe ser sencillo y los costos del cumplimiento de las normas fiscales deben reducirse continuamente; de lo contrario, el universo de contribuyentes potenciales se contrae.
- Suficiencia de recursos: esto parece redundante pero desafortunadamente se olvida con frecuencia como lo demuestra el hecho de que en muchos países, incluido el nuestro, recurrimos al déficit, a la deuda, a las próximas generaciones para cubrir necesidades actuales;
- Eficiencia: el sistema tributario debe influir lo menos posible en las decisiones de los agentes económicos. Por ejemplo, no es lo óptimo que una empresa industrial en lugar de renovar su línea de producción (inversión en capital) prefiera invertir en el sector financiero simplemente porque las exenciones y los regímenes especiales en éste último hacen la inversión más rentable en el corto plazo;
- Equidad: que la distribución de las contribuciones sea lo menos injusta posible.
Partiendo del hecho de que no hay impuestos perfectos, estos objetivos pueden lograrse mediante un impuesto al consumo –un IVA- con tasas más bajas pero homogéneas (en lugar del 16, el 10 por ciento); la adopción del IETU para las personas morales y la adopción de un ISR a las personas físicas con una tasa impositiva que grave la diferencia entre los ingresos globales menos un monto fijo equivalente a la línea de pobreza de manera que los que tienen menos ingresos paguen proporcionalmente menos impuestos.
Por último, es un hecho que el gobierno requiere más recursos y que la pérdida de los ingresos petroleros derivados de nuestra dependencia histórica al sector está causando estragos en las finanzas públicas. Pero el Congreso debería mostrar más determinación –semejante a la que mostró Felipe Calderón Hinojosa liquidando Compañía de Luz y Fuerza del Centro- y enfrentar los grupos de interés y diseñar un sistema fiscal que haga más competitiva la economía del país.
La decisión que hoy ratificará el pleno de la Cámara de Diputados me parece desafortunada, no solo por el aumento de las tasas impositivas, sino principalmente porque desaprovecha otra oportunidad para modificar un sistema fiscal que, en su diseño, en su raíz, no beneficia al país.
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